Negligencia gubernamental obliga a niños a tomar las armas

De 2014 al inicio de 2020 ha generado la muerte de 38 personas y que, pese a ello, ninguna autoridad municipal, estatal ni federal ha hecho nada para frenar la violencia derivada de las actividades de ese grupo delictivo, el cual presuntamente tiene nexos

Olivia Ortíz

2020-02-10
Ciudad de México

El hartazgo que los robos, secuestros, asesinatos y levantones provocan en las comunidades pobres y marginadas de las regiones Centro y Montaña Baja de Guerrero ocasionó que el 22 de enero los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) presentaran a la prensa de Alcozacán –municipio de Chilapa de Álvarez— a 19 niños y adolescentes de entre seis y 15 años, armados con rifles y escopetas y con los rostros cubiertos, como los defensores de sus familias ante el acoso criminal de la banda delictiva de “Los Ardillos”.

Esta acción comunitaria tuvo otro objetivo importante: denunciar que la inseguridad pública es cotidiana en esa región guerrerense; que de 2014 al inicio de 2020 ha generado la muerte de 38 personas y que, pese a ello, ninguna autoridad municipal, estatal ni federal ha hecho nada para frenar la violencia derivada de las actividades de ese grupo delictivo, el cual presuntamente tiene nexos con la clase política de Guerrero.

Anteriormente, la cruenta lucha se produjo entre las bandas de “Los Rojos” y “Los Ardillos”; pero hoy los enfrentamientos se suscitan entre estos últimos y los más de seis mil 500 habitantes de 16 comunidades indígenas en los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, que en 2014 se organizaron y armaron para defenderse de las continuas agresiones de estos delincuentes.

El asesinato de 10 músicos indígenas nahuas de Alcozacán, quienes integraban el grupo Sensación Musical, el viernes 17 de enero, mientras regresaban de amenizar una fiesta patronal en el pueblo de Tlayelpa, desencadenó la protesta para exigir que las autoridades brinden seguridad a esa región. Con la presentación de los “pequeños policías”, las comunidades lograron atraer la atención del gobierno estatal, de la población nacional y aun internacional sobre las condiciones de pobreza extrema y marginación absoluta que sufren los habitantes de Alcozacán.

Una semana después, el gobierno de Guerrero instaló un retén en el crucero de Tula, donde participaron elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Sobre la carretera que lleva a este puesto de control policiaco, hay una desviación hacia la comunidad de Tlanicuilulco –que pertenece al municipio de Quechultenango–, en cuya entrada hay otro retén integrado por civiles fuertemente armados que impiden el paso a toda persona ajena al cultivo y trasiego de drogas.

Por ello, los pobladores de las 16 comunidades de la región viven prácticamente sitiados; y cuando salen de sus territorios habituales, son masacrados. Éste fue caso de los 10 músicos de Alcozacán, quienes, por obtener un ingreso económico para sus familias aceptaron amenizar una fiesta patronal de la que solo pudieron retornar, como señalaron las autoridades locales, “calcinados, decapitados, despedazados”.

Entrevistado en una barricada construida con piedras e instalada en la entrada de Alcozacán, David Sánchez Luna, comandante de la CRAC-PF, asegura que continúa el adiestramiento de los niños y los adolescentes porque éstos, además de cumplir con sus estudios de primaria y secundaria, deben asumir la defensa de sus familias y aldeas, frecuentemente atacadas por el crimen organizado.

Tras la presentación de los niños policías, el gobernador, Héctor Astudillo Flores acudió a Alcozacán, donde le fue entregado un documento en el que se le formularon 29 demandas comunitarias, entre las que destacan la instalación de una tienda regional y un mercado dentro del territorio; la construcción de una casa de justicia y un comedor comunitario; dos torres para habilitar una de radiocomunicación y una de telefonía celular; siete patrullas, una camioneta con doble cabina, 20 radios de base, 100 radios portátiles y más filtros militares.

El pliego petitorio incluye la dotación de uniformes para los policías comunitarios;  centros de salud con medicamentos; la creación de empleos en las 16 comunidades; pavimentación de calles y caminos vecinales; apoyos para la producción agropecuaria; apoyos financieros a viudas, huérfanos y desplazados; la instalación de una oficina del Registro Civil; la liberación de Godofredo Cortés Reyes, preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilapa; la creación de un nuevo municipio y el combate efectivo de las instancias de gobierno al grupo delincuencial “Los Ardillos.

Las autoridades censuran, pero no hacen nada

El cruento saldo de las acciones criminales del grupo delictivo –que utiliza rifles de alto poder contra las comunidades indígenas, como los AR-15 y A-47, conocidos como “cuernos de chivo”– incluye, además de los 38 muertos, otras tantas viudas, 66 huérfanos y cientos de desplazados. Recientemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó, a los gobiernos Federal y estatal, la adopción de medidas para evitar que los menores de edad expusieran sus vidas en defensa de sus comunidades.

El Gobierno Federal reprobó públicamente que las policías comunitarias incorporaran a menores de edad en su organización; por ello, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, se pronunció porque los niños no participen en la lucha contra la violencia, incluso advirtió que este problema era “una vergüenza nacional que refleja el vacío de poder que existe en algunas zonas del estado”.

En torno a este asunto, la mayoría opina descalificado y recomendado; pero, como afirman los habitantes de esas comunidades, nadie hace nada para remediarlo, pese al extrema violencia que esto ha significado en los últimos seis años. En octubre de 2019, por ejemplo, más de 400 sicarios de “Los Ardillos”, fuertemente armados, cercaron Rincón de Chautla y Zacapexco, con la intención de agredir a los integrantes de las policías comunitarias de las dos localidades.

En esa fecha, los habitantes lanzaron un llamado urgente a los gobiernos Federal y estatal para que intervinieran y evitaran una tragedia; pero ninguna de ambas instancias hizo nada. El saldo “oficial” de ese enfrentamiento fue de 16 muertos; pero, según el cómputo de los habitantes locales, fue superior a los 60. Días después, y a modo de venganza, “Los Ardillos” atacaron a los policías comunitarios de Tula del Río durante más de una hora. El gobierno del estado no movió un dedo contra el grupo delictivo.

El pasado ocho de enero, la Guardia Nacional capturó, en el crucero de El Jagüey, a Ceferino González, uno de los dirigentes del grupo delictivo y señalado por los indígenas como uno de los responsables directos del asesinato de los 10 músicos. Pero el delincuente fue rápidamente liberado, hecho por el que se reforzó la sospecha de que el mutis de las autoridades estatales tiene como fondo no la ineficiencia, sino la complicidad manifiesta con los criminales.

La impotencia ante esta realidad llevó a David Sánchez Luna a proponer al gobernador Astudillo, cuando éste visitó su comunidad: “póngase usted en mis huaraches y yo me pongo en sus zapatos”; al mismo tiempo señaló a un bebé de ocho meses en brazos de una anciana, y le afirmó: “él es uno de los 66 huérfanos del territorio comunitario”.

“Ellos –en alusión a Los Ardillos– nos están matando y tenemos que enseñar a los niños a defenderse de este grupo delincuencial que está dejando una estela de muerte, miseria y desolación. No estamos violando sus derechos humanos porque solicitamos el permiso de sus padres y los niños están dispuestos a defender su territorio”.

Diecisiete de los 19 niños son de Ayahualtempa y los otros dos de Xochitempa. La mayoría de las casas de ambas poblaciones, al igual que las de Alcozacán, Ahuexotitlán, San Jerónimo, Xicotlán, Tepozonalco, Rincón de Chautla, Amatitlán, están construidas con varas y tienen techos de láminas de cartón, por donde se filtra el aire invernal sin ninguna dificultad. Sus calles no están pavimentadas, no tienen servicios de salud y la mayoría de los hombres se dedica al cultivo de maíz, frijol y calabaza para el autoconsumo. Cuando tienen algunos excedentes y quieren salir a venderlos, lo piensan muchas veces por temor a ser asesinados.

Los padres de los niños y adolescentes que hoy son “policías comunitarios” formaron parte de los más de 70 mil campesinos de Guerrero que se quedaron sin insumos agropecuarios en el ciclo de cultivo agrícola 2019, debido a que el Gobierno Federal les negó fertilizantes. “Esto agravó más la situación de pobreza que nos orilló a organizarnos y a defendernos”, mencionó David Sánchez.

El líder comunitario asegura que los niños asistirán a clases, pero en las tardes y los fines de semana; ya que continuarán con el adiestramiento armado necesario para defender a su pueblo de los delincuentes.

Nuestro anhelo: trabajar y vivir en paz

El panorama que se vive en estos pueblos resulta desolador y de zozobra, porque en las calles hay poca gente, la actividad comercial es escasa; pero la expresión de seguridad está en la permanente vigilancia de sus áreas por cuenta de hombres armados con escopetas, rifles, machetes.

Actualmente son poco más de 250 los policías comunitarios a quienes en días pasados se sumaron los 19 pequeños y, en breve, se unirán otros niños, jóvenes y mujeres. Dos mil 500 pobladores en total han formado parte de la CRAC de los Pueblos Fundadores, legalmente constituida y regida por la Ley 701.

Los rostros de los niños más pequeños y las mujeres reflejan incertidumbre y, en los jóvenes y adultos, se alternan la tristeza y el coraje por la situación que enfrentan a diario, misma que no saben cuándo terminará. Un destello de esperanza se tuvo cuando pudieron informar sobre su situación a funcionarios estatales; después, el gobernador Astudillo se comprometió a reforzar la seguridad en la región.

Él instaló el retén antes citado y una mesa de coordinación en Chilapa, donde participaron el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía estatal, la Fiscalía General del Estado y el gobernador, para resolver los problemas recientes más delicados. También hay promesas de becas escolares, construcción de viviendas para viudas y huérfanos, pavimentaciones, pero nada de esto se ha resuelto.

El miércoles 29 de enero, 12 días después del trágico episodio, fueron sepultados, por sus familiares, los cuerpos de los cinco músicos que aún no habían sido plenamente identificados, debido a que estaban calcinados. Entre ellos había un adolescente de 15 años.

Luego de las ceremonias en cada domicilio, los cinco féretros fueron trasladados a la iglesia del pueblo, donde se ofició una misa de cuerpo presente y, posteriormente, acompañados con música de viento, la comunidad en su conjunto se caminó hacia el panteón, donde exigieron justicia y cese a la violencia.

Al término de la ceremonia fúnebre, los representantes de la CRAC-PF insistieron en su demanda a los gobiernos estatal y Federal de que desmantelen y detengan a los dirigentes del grupo criminal; en tanto, instruían a sus compañeros a mantener la lucha para resguardar con eficacia a sus comunidades.

Hasta que las autoridades federales y estatales se decidan a actuar, los 19 niños y jóvenes continuarán con su adiestramiento en el manejo de armas para defenderse durante la mañana y el mediodía; las tardes y los fines de semana, asistirán a sus escuelas.

“Quiero defender a mi mamá”, declara un pequeño de seis años, que sostiene un palo de madera mientras aprende a manejar un arma. “Vamos a proteger a nuestro pueblo”, lo secundan con decisión otros dos infantes de 10 y 12 años, quienes se mantienen firmes con sus escopetas calibre 12.

En la escuela primaria Benito Juárez, a la que asisten 188 niños de Alcozacán y Buena Vista, casi todos los alumnos reanudaron clases, precisó David Sánchez Luna; él confirmó que ya hay efectivos de la Guardia Nacional, la Policía del estado y el Ejército que patrullan; hace poco no lo hacían, y ello causó la grave crisis de seguridad que ahora vive la región.

La población completa espera que el Gobierno Federal y el Congreso de Guerrero concreten la creación de un nuevo municipio que llevaría el nombre “Alcozacán, los sobrevivientes de 2019”, que sería gobernado por autoridades electas en asambleas comunitarias de acuerdo con la legislación tradicional de usos y costumbres.

Para Alexander y Gustavo, de 12 y siete años respectivamente, pertenecer a la policía comunitaria no es una vergüenza ni un horror, como sí lo fue para la “moral” y los ojos del mundo. “Hemos dejado los juegos por las armas porque ya no queremos más violencia y estamos dispuestos a defender a nuestros pueblos”, declaran mientras sostienen firmemente sus escopetas, que casi son de su tamaño. Los más pequeños llevan palos en lugar de armas de fuego. En sus rostros no hay miedo, sino el coraje y la esperanza de que algún día termine ese acoso criminal que los extermina.