Crisis carcelaria en Puebla los reclusorios peor evaluados

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubicó al estado de Puebla en la cuarta peor calificación nacional en materia penitenciaria.

Karen Santos

2019-12-22
Ciudad de México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubicó al estado de Puebla en la cuarta peor calificación nacional en materia penitenciaria, ya que sus reclusorios son insuficientes en cupo y deficientes en separación de procesados y sentenciados, personal capacitado y servicios de salud. El penal de Tecamachalco fue calificado como la “peor cárcel del país”.

Los centros penitenciarios de Puebla obtuvieron su peor calificación en los últimos 14 años, porque pasaron de 7.25 a 6.03 puntos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), elaborado por la CNDH. El puntaje promedio de sus cárceles fue 6.03, el cuarto nacional más malo y el peor desde 2009, cuando se inició este tipo de encuestas.

La población penitenciaria de Puebla está concentrada en 19 Centros de Reinserción Social (Ceresos), ya que los ubicados en la Mixteca están fuera de funcionamiento por las afectaciones provocadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En el primer semestre de 2019, se contabilizaron seis mil 688 hombres y 468 mujeres recluidos en los Ceresos de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán, Huejotzingo, Tehuacán, Cholula, Huauchinango, Acatlán de Osorio, Chignahuapan, Libres, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tepeaca, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Teziutlán y Xicotepec.

La corrupción en los penales

En relación con el número de quejas por violación a los derechos humanos, los Ceresos de Puebla solo reportaron 165, además de 14 riñas, un asesinato, 10 lesionados y un suicidio. El 19 de enero de 2019, en el penal de San Miguel, en la capital, un interno perdió la vida a consecuencia de una riña.

De acuerdo con la carpeta de investigación 4069 /2019/ZC, el interno falleció dentro de una celda de confinamiento temporal a donde fue ingresado por custodios, quienes por negligencia no solicitaron intervención médica, pese a que presentaba huellas de haber sido brutalmente golpeado en la cárcel.

La CNDH abrió un expediente para indagar en el Cereso de San Miguel presuntos casos de prostitución, venta de celdas y denuncias por extorsiones. El pasado 11 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) investigó al subdirector de Seguridad y Custodia, por la existencia una red de tráfico de sustancias ilícitas y favoritismos hacia algunos presos.

A raíz de esta investigación, el 20 de noviembre, el subdirector de este centro penitenciario, Freddy Carbajal Mora, fue relevado de sus funciones; aunque varios días antes ya habían cesado el director Heriberto Martínez Galindo, quien había sido sustituido por Omar Oseguera Gutiérrez.

Sin embargo, Oseguera Gutiérrez, quien ocupó un cargo similar en Veracruz, llegó a Puebla con varias denuncias publicadas en la prensa que lo vinculan con amenazas de muerte, la autorización de preliberaciones de internos a cambio de considerables sumas de dinero y por tener un zoológico en las inmediaciones del Cereso que dirigía.

Pese a estos presuntos antecedentes, la SSP de Puebla lo recibió con estas palabras: “como parte de la reestructuración que la SSP emprendió a fin de erradicar malas prácticas y mejorar el funcionamiento de las distintas áreas que integran, se decidió hacer un cambio en la Dirección del Centro de Reinserción Social de la capital”.

Pero el Cereso de San Miguel no es el único penal poblano con denuncias de irregularidades. Jorge Alberto Melo Santander asumió la dirección del penal de Tepexi de Rodríguez en sustitución de Lucio Peralta Trinidad, después de que éste fue objeto de una serie de quejas de familiares de internos por abusos y corrupción. El cambio fue ordenado por Lily Xóchitl Torres, directora general de los Ceresos de Puebla.

Sin embargo, el Cereso de Tecamachalco resultó el peor evaluado, ya que contabilizó 4.73 puntos del DNSP; aunque su similar de Zacatlán, también poblano, le peleó esa primacía nacional con 4. 94 puntos. De esta forma Puebla tiene dos de las peores cárceles que Méxic, donde se suman 203 Ceresos.

Durante la supervisión, la CNDH recomendó corregir la deficiente separación entre hombres y mujeres; mejorar las instalaciones, la higiene, los servicios de salud, la atención del personal de seguridad y custodia, las actividades laborales, educativas y deportivas y actualizar la normatividad (reglamentos, manuales y lineamientos, etc.).

En febrero de 2019, los alcaldes de los municipios General Felipe Ángeles, Palmar de Bravo, Quecholac, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla, Tochtepec, Xochitlán, Todos Santos y Yehualtepec rechazaron participar en el convenio de colaboración intermunicipal con el Cereso de este último municipio, debido a que su edil exigió el cinco por ciento del total de los recursos asignados por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF).

Durante dos cateos realizados en este Cereso en 2018 por elementos de la Dirección General de Centros de Reinserción Social y de la Policía Estatal, fueron decomisados una veintena de celulares, seis armas punzocortantes hechizas, varias botellas de licor, dinero en efectivo, 100 gramos de marihuana, cinco gramos de cocaína, cinco gramos de cristal y 22 “quemabachas”.

En ese mismo año ocurrió la fuga de Martín Aquino Flores, quien estaba recluido desde 2011 por los delitos de lesiones dolosas y homicidio calificado. Este hecho provocó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el traslado del director general del Cereso y algunos elementos de seguridad, por su presunta colaboración en esa fuga.

Propuesta para “semiprivatizar” las cárceles

Ante la posible crisis penitenciaria que dejó el DNSP 2019, el secretario de Gobernación de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, anunció que el gobierno del estado invertirá en los Ceresos con el propósito de limpiarlos de la corrupción que los agobia y mejorar las condiciones materiales de los reclusos.

Por su parte, el cuatro de octubre, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció la construcción de cuatro centros penitenciarios bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), los cuales se ubicarán en Teziutlán, Tehuacán, Huauchinango e Izúcar de Matamoros y podrían estar listos en 2021.

En este contexto, Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de la organización civil Reinserta, que atiende a infractores menores de edad y a hijos de personas recluidas, habló sobre la posibilidad de semiprivatizar los Centros de Reinserción con la intención de disminuir los costos generados al Estado.

Ante jóvenes de la Universidad Angelópolis, Niño de Rivera explicó que administrar un Cereso con los requisitos mínimos establecidos por la ley y los diferentes tratados de derechos humanos, puede significar una erogación de hasta 100 mil millones de pesos (mmdp). De acuerdo con la activista social, el modelo de la semiprivatización ayudaría con ciertos costos, principalmente aquellos que incluyen el mantenimiento y la infraestructura, pero se debe optar por que el estado se encargue del resto del trabajo buscando erradicar la corrupción.

De acuerdo con información de la especialista, en 2019 el costo anual de la alimentación de un interno de cualquier Cereso o del Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa), fue de 18 mil 916 pesos. En 2018, la SSP de Puebla destinó un total de 83.6 mdp a la alimentación de todos los presos en el estado.

“Hay una alternativa que es la semi privatización, que tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas sin que cueste lo que cuesta una cárcel normal (...) Creo que sí hay que formular una semiprivatización donde la empresa se haga cargo de la infraestructura y el mantenimiento de los penales, pero todo lo demás lo siga viendo el Estado”, precisó en su conferencia Construyendo el Tejido Social.

Sin embargo, dos años atrás, las organizaciones civiles México Evalúa y Due Process of Low, así como la Universidad Iberoamericana Puebla, publicaron la investigación Privatización del Sistema Penitenciario en México donde se expone que la privatización de las cárceles ha sido un proceso opaco, ya que se han adjudicado contratos directos no difundidos vía transparencia por medidas de seguridad nacional. También cuestionan que no se considere la reinserción social de los presos, ya que éstos son vistos como un negocio.

En coordinación con la organización Documenta, el informe asegura que “la falta de aplicación de estándares básicos para las condiciones de internamiento en los centros de reclusión mexicanos, tanto estatales como federales, ha permitido a las empresas y a los estados usar a las personas privadas de la libertad no solo como incentivos para ingresos futuros, sino como una manera de ahorrar costos”.