Crímenes contra políticos: en México nadie está exento

En lo que va del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 29 funcionarios municipales han muerto a causa de la violencia criminal en el país.

Fernando Nava

2019-12-02
Ciudad de México

Entre el 29 de octubre y nueve de noviembre, dos servidores públicos fueron objeto de atentados físicos desgraciadamente mortales para ambos: Francisco Tenorio Contreras, alcalde de Valle de Chalco, Estado de México (Edomex) y Juan Carlos Molina Palacios, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz.

Los dos casos se dieron en el contexto de inseguridad pública extrema que se producen en diferentes regiones del país; tuvieron en común la violencia criminal de la que han sido blanco político con cargos de elección popular, como ocurrió en otras ocasiones durante 2019.

Pocos días después del atentado contra Tenorio Contreras, el Fiscal General del Edomex, Alejandro Gómez, informó que los presuntos autores materiales eran jóvenes sicarios que operaban al servicio de un narcomenudista en ese municipio mexiquense.

“Ya tenemos con toda claridad que estos dos muchachos trabajaban para un tirador de drogas en la zona de Valle de Chalco, un sujeto para el que ya también obtuvimos orden de aprehensión y lo estamos buscando”, aseguró el fiscal ante medios de comunicación el siete de noviembre.

El presunto narcomenudista, señalado por el fiscal mexiquense, se autodenominaba integrante del Cártel de Tláhuac, vivía a 300 metros de donde ocurrieron los hechos, abandonó la unidad habitacional la misma noche del atentado, e incluso dejó abierta la puerta de su departamento identificado con el número 850, edificio 2, de acuerdo con vecinos de Geo Villas Asunción.

Cabe recordar que los sobrevivientes del ataque perpetrado el martes 29 de octubre (el chofer y el secretario particular del alcalde Tenorio Contreras), identificaron como probables responsables del hecho delictivo a dos jóvenes que se tomaron una fotografía por separado con el funcionario momentos antes del crimen, al concluir una jornada de limpieza en ese fraccionamiento.

Posteriormente, uno de ellos solicitó al político morenista un “aventón” y una vez a bordo del vehículo donde se transportaban, el joven disparó contra el secretario del ayuntamiento y el edil de Valle de Chalco.

El impacto que recibió Tenorio le provocó una lesión en el cráneo, cuya gravedad le produjó inflamación cerebral el primero de noviembre, y poco después la muerte. Por este motivo, sus familiares decidieron donar sus órganos.

El diputado local veracruzano Juan Carlos Molina Palacios fue asesinado a balazos la tarde del sábado nueve de noviembre cuando llegaba al rancho de su propiedad en Santa Rosa, Jamapa, en la región del Sotavento.

De acuerdo con el primer reporte de la policía estatal, el legislador veracruzano “fue emboscado por un grupo de sicarios, quienes dispararon a quemarropa” contra la camioneta en la que se transportaba.

El diputado fue un líder cañero que aspiró a la dirigencia estatal del partido que representaba (PRI) y era cercano al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente es procesado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

En el círculo priista fue conocido por promover las campañas políticas del propio Duarte, así como de los senadores Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla. Luego del asesinato, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz fue la primera en exigir a través de un comunicado el esclarecimiento del crimen

“Tras el terrible atentado donde perdiera la vida el diputado local Juan Carlos Molina Palacios, las diputadas y diputados del Grupo Legislativo del PAN en Veracruz, exigimos a la Fiscalía General del Estado haga su trabajo y dé con los responsables de este terrible suceso.

“Condenamos la violencia en la que está hundido el estado, donde hechos como éste son consecutivos y dejan a Veracruz a la cabeza nacional de ingobernabilidad”, señala el documento panista que tituló “Veracruz hundido en la violencia: GLPAN”.

“El diputado Juan Carlos Molina Palacios fue un hombre que desde tribuna señaló las inconsistencias del gobierno local y que siempre veló por el campo veracruzano, gremio del que fue portavoz en la asamblea local.

“Lamentamos que el estado vuelva a ser el centro de atención por un acto tan cobarde y que no se tengan las garantías necesarias para que cualquier ciudadano pueda gozar de seguridad y tranquilidad. Demandamos al Gobierno Estatal que refuerce las estrategias de seguridad y si los encargados de estas políticas públicas no pueden, QUE RENUNCIEN”, concluye el comunicado.

Se dará con los responsables del asesinato: Cuitláhuac García

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no quedará impune el asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios. “La Fiscalía investigará las motivaciones de aquellos que lo ultimaron y nosotros (actuaremos) con todo el castigo que la Ley permita”, sostuvo el pasado 12 de noviembre.

García Jiménez previó que había avances en la investigación, por lo que ese mismo día se reuniría con la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns.

El asesinato contra el dirigente cañero no ha sido el primer crimen contra un político de Estado que ha enfrentado el actual titular del Ejecutivo veracruzano durante su administración.

“No se olviden que tuvimos una situación similar, guardando sus diferencias, con el asesinato de una alcaldesa de Mixtla de Altamirano”, advirtió el gobernador ante medios de comunicación locales.

Cabe mencionar que este hecho ocurrió el 24 de abril, cuando un grupo armado emboscó la camioneta en donde viajaba la alcaldesa Maricela Vallejo Orea, su esposo Efrén Zopiyactle Tlaxcaltécatl (quien fungía como tesorero del ayuntamiento) y su chofer Sabino García.

Las tres personas fallecieron por impactos de bala. En esa ocasión, el gobernador veracruzano acusó de ineptitud y complicidad al entonces Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

A casi siete meses de estos hechos, el 15 de noviembre pasado, fue detenida la exalcaldesa panista de Mixtla de Altamirano (predecesora de Vallejo Orea), María Angélica “N”, por su presunta participación en el asesinato de la presidenta municipal en funciones.

“A través de sus elementos, la Policía Ministerial realizó un exitoso operativo para la detención de María Angélica ‘N’ por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, en agravio de Marisela Vallejo Orea”, informó la Fiscalía General del Estado.

“La detención se efectuó en el municipio de Zongolica, en los alrededores del Centro de Readaptación Social (Cereso) de ese lugar”, con lo cual se cumplió la orden de aprehensión girada por un Juez de Control, como parte del proceso penal 40/2019, de acuerdo con el organismo autónomo.

La exedil se encontraba en el lugar porque visitaba a su esposo, Ricardo Pérez, detenido desde agosto pasado y recluido en dicho Cereso, luego de ser vinculado al asesinato de Marisela Vallejo.

Por el mismo hecho, el 13 de agosto, el gobernador de Veracruz informó que el excomandante de la Policía Municipal de Mixtla de Altamirano, Primitivo Islas, “presuntamente se suicidó con un balazo en la cabeza”, luego de que agentes de la Policía Ministerial pretendían arrestarlo.

Islas fue señalado como autor material del asesinato. Además, el síndico del ayuntamiento del municipio veracruzano, Ricardo “N”, también fue detenido a finales de agosto como presunto autor intelectual del crimen.

“El pasado 24 de abril, la exalcaldesa (Vallejo Orea), junto con su esposo y un chofer, fueron victimados en el municipio de Los Reyes, desde entonces se abrió una carpeta de investigación, la cual avanzó hasta el inicio de la actual administración de la Fiscalía General del Estado, obteniendo la citada detención”, destacó la fiscalía veracruzana a través de un comunicado.

Pero estos ataques no han sido los únicos suscitados en Veracruz. El 20 de noviembre de 2017, Santana Cruz Bahena, presidente municipal electo de Hidalgotitlán, militante del Partido Nueva Alianza (Panal), fue asesinado en su domicilio.

Tan solo cinco días después, el 25 de noviembre de ese año, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, alcalde priista de Ixhuatlán de Madero, fue emboscado y asesinado a balazos. Adicionalmente, el 10 de enero de 2018, Victor Molina Dorantes, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exalcalde de Colipa, fue ultimado con un disparo en el cráneo.

Ediles, los más vulnerables

En lo que va del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 29 funcionarios municipales han muerto a causa de la violencia criminal en el país: seis presidentes en funciones, 10 exalcaldes, cuatro síndicos en funciones, un exsíndico, cuatro regidores en funciones y cuatro exregidores, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

Ante este escenario, “los presidentes municipales deben contar con un mecanismo de protección para garantizar su seguridad y evitar episodios como los que se han registrado en los últimos días, por lo que el Estado mexicano debe apoyarles cuando son amenazados por la delincuencia organizada”, considera Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl, Edomex.

El munícipe estima que sus homólogos en toda la República son los funcionarios públicos que corren mayor riesgo de ser víctimas de atentados por miembros del crimen organizado, ya que son extorsionados. “De ahí que la Guardia Nacional debe establecer protocolos para su protección”, declaró recientemente ante medios de comunicación.

El alcalde mexiquense, quien ha encabezado manifestaciones públicas impulsadas por el Movimiento Nacional Municipalista, advierte que “existen zonas del país donde la delincuencia organizada ha tomado el control de los territorios y, ante esta situación, los municipios son presionados para pagar el derecho de piso”. Explicó que al negarse a pagar la extorsión, los representantes de los ayuntamientos son atacados por los criminales.

La ANAC reveló que de 2006 a la fecha, 157 presidentes municipales en funciones, electos y expresidentes municipales han sido objeto de agresiones.

“Los delincuentes están empoderados”, sostiene Juan Hugo de la Rosa García, quien también advierte que “se deben de buscar las estrategias necesarias para reducir la violencia y con ello también reducir las amenazas a los presidentes municipales”.

“El Gobierno Federal con la Guardia Nacional puede ayudar a reducir los actos de violencia en contra de alcaldes y tener mayor presencia permanente en los municipios de todo el país-”, destacó.

Según la ANAC, los estados donde han asesinado a más presidentes municipales son Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Edomex.

Cabe mencionar que el Movimiento Nacional Municipalista se manifestó públicamente en las inmediaciones de la Cámara de Diputados para solicitar a la federación más recursos económicos, y que no se recortara el financiamiento federal destinado a los municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 (PEF 2020).

Esta exigencia fue apoyada por el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas del Villar (presidente municipal de Huixquilucan, Edomex), a nombre de los más de 400 municipios que la integran.

“Respaldamos todas las manifestaciones pacíficas, mismas que buscan un Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 justo, con recursos suficientes y que no represente un freno al gasto federalizado, debe reconocerse al orden de gobierno municipal como una de las células más importantes dentro de la República Mexicana”, subrayó el presidente de la ANAC mediante un comunicado publicado el 31 de octubre pasado.

Alcaldes necesitan el doble de recursos para seguridad

El grupo de 40 alcaldes que acudió a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el Presidente de México, y que fue repelido con gas pimienta la mañana del 22 de octubre, fue recibido en la Cámara de Diputados por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, así como por el coordinador parlamentario del PAN y la coordinadora del PRD.

En la reunión, de carácter privado, los munícipes externaron a los legisladores la necesidad de asignar mayor presupuesto para varios rubros, entre ellos, seguridad, de acuerdo con el alcalde de Huixquilucan y presidente de la ANAC, Enrique Vargas del Villar.

“Simplemente nada más en Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), necesitamos tres mil millones de pesos más para la seguridad de los municipios. En 2018, el Fortaseg tenía cinco mil millones; en 2019 cuatro mil y en este presupuesto le mandaron con tres mil millones, cuando la exigencia número uno de los ciudadanos es la seguridad; y la inseguridad en el país no se va a acabar si no invertimos en las policías municipales y locales”, declaró el representante de los alcaldes.

Vargas del Villar subrayó que este caso es similar al de los fondos requeridos para educación y salud, e insistió en dialogar tanto con los diputados federales como con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ante esta exigencia, la Secretaría de Gobernación (Segob) se ofreció como mediadora para establecer mesas de trabajo.

Sin embargo, los alcaldes inconformes fueron “plantados” tres días después por la subsecretaría de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, quien no asistió al encuentro programado para el 25 de octubre, cuando los ediles fueron convocados a una reunión con autoridades de ambas instancias (SHCP y Segob) para consensar mayores recursos para los municipios en 2020. Ante la ausencia de la funcionaria, los alcaldes amenazaron con volver a manifestarse.

En esa oportunidad la comisión, integrada por 13 presidentes municipales de distintas regiones del país, solo se reunió con el subsecretario de Gobierno de la Segob, Ricardo Peralta y con el director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), Rafael Cortés.

De “último momento” se les informó, a decir de los munícipes, que las autoridades de la SHCP no acudirían a la mesa debido a que el día anterior “terminaron tarde de trabajar porque estuvieron al pendiente de la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación en el Senado”.

La mesa de trabajo se reanudó el 28 de octubre, y el diálogo con los legisladores federales se mantuvo. No obstante, el 17 de noviembre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que los ajustes y reasignaciones para otorgar más recursos a educación, salud, equidad de género, cultura y deportes, así como a estados y municipios a través del Fortaseg, son “montos pequeños”.

“No podemos hablar de sumas millonarias, sino simplemente cumplir con un compromiso que se ha hecho para que los recursos no sean menores a la inflación, ya que en este momento se están ubicando los rubros que se van a corregir”, advirtió Ramírez Cuéllar.