Ediles entre la violencia institucional y física

Sea cual sea el partido político al que pertenezca, la seguridad es indispensable para todos los ciudadanos

Francis Martínez

2019-10-30
Ciudad de México

La semana pasada dimos a conocer que los ediles, luego del desaguisado de ser dispersados con gas lacrimógeno en Palacio Nacional, decidieron aceptar el diálogo en la Secretaría de Gobernación. No pasó ni la primera antesala para que quedaran plantados, como ocurrió hace unos días en el antiguo palacio de Covián, en donde al mejor estilo del antiguo régimen, los munícipes agraviados en su derecho de manifestación, fueron nuevamente agraviados ahora con el derecho de audiencia.  ¿alguien tiene expectativas de que Gobernación sea un espacio de interlocución real? El plantón a ediles panistas y otros colores, deja muy mal sabor de boca por parte de la dependencia que se supone ve los problemas de política interna del país.

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Luego de que fuera baleado el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, quien posteriormente fue ingresado al Hospital de especialidades de la Secretaría de Salud de Ixtapaluca donde es atendido en quirófano, se mantiene la incertidumbre sobre la vida o la muerte del munícipe mexiquense. De acuerdo con los primeros reportes, el alcalde Tenorio Contreras se iba a reunir con vecinos de la unidad, cuando varios sujetos armados dispararon contra él y a su comitiva, hiriendo a uno más.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, por estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Policías de este municipio llevan a cabo cercos de seguridad en diversos puntos para tratar de dar con los probables partícipes de esta agresión.

Mientras que autoridades judiciales difundieron fotos del vehículo en el que presuntamente huyeron los responsables del atentado. Esperamos que este crimen no se use como bandera política, pues el edil es de Morena y ya hay varios actores políticos de ese partido que comienzan a sacar el cobre. Sea cual sea el partido político al que pertenezca, la seguridad es indispensable para todos los ciudadanos, así como la justicia para este y otros ediles que han sufrido atentados de todo tipo.

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En mi charla con el licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana, Arturo Pueblita, vicepresidente del INCAM, señaló que es indispensable, atacar y combatir el flagelo de las finanzas públicas que implica la venta de facturas, de operaciones simuladas, pues absolutamente ningún empresario, ninguna persona lógica se podría oponer a que se combata y que se meta a la cárcel a los delincuentes que se dedican a la comercialización de facturas falsas. Sin embargo, las quejas y las problemáticas que se han venido enfrentando, es que con la reforma aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados quedan algunos huecos, a través de los cuales, pueden afectar y sancionar a las personas que no necesariamente están involucradas en esos conceptos y que se les va a criminalizar aun siendo inocentes.

“El problema de todo esto es que si bien, se van a poder defender las personas y van a poder promover los medios de defensa correspondiente. Al elegir prisión oficiosa y no gozar de las garantías de derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, una persona va a tener que demostrar su inocencia a través de estar encerrado durante varios a años en la cárcel, donde va poder perder su patrimonio, en donde va a poderse realizar una extinción de dominio de sus bienes. Hasta dos, tres o cinco años después que dure el proceso, si llega a acreditar su inocencia, lo que le van a decir es que perdone, pero la situación de deterioro de las empresas y el patrimonio de los empresarios, del profesionista y de cualquier persona que realiza una actividad económica está obligada a la presentación de sus declaraciones anuales, en esos casos la pérdida patrimonial y la restricción de sus derechos no tiene una justificación…A través de estas medidas, lo que estamos generando son medidas arbitrarias que puede tener una afectación, que redundan en una baja en la confianza de los inversionistas y cuando baja la confianza de los inversionistas eso redunda en menor desarrollo económico, menos empleos y por lo tanto redunda también en menor recaudación”, indica especialista y maestro en derecho fiscal.