Cumplir la ley y llevar la contra a AMLO

El nuevo esquema que niega a los diputados la posibilidad de gestionar se realizó para evitar los moches que por décadas cobraron algunos legisladores corruptos.

Álvaro Ramírez

2019-10-06
Ciudad de México

Si bien no hay específicamente una sanción jurídica contra el titular del Poder Ejecutivo federal por amputar a los diputados su facultad constitucional de analizar, examinar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el uso de la mayoría de su partido en la Cámara de Diputados para dejarlos fuera de la decisión sobre a dónde irán los recursos del erario, algo radical deberían hacer los legisladores de oposición para reclamar su legítimo derecho a ejercer a plenitud su obligación.

La mayoría lopezobradorista, encabezada por el Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, se basta y sobra conseguir la mayoría simple ─la mitad más uno de los votos─ que requiere para avalar el PEF.

Desde esas bancadas muy difícilmente saldrá una acción disidente del Presidente de la República, aunque el país lo requiera y sus representados, sobre todo de aquellos que son de mayoría relativa, urjan obras específicas en sus distritos cuyo financiamiento podría ser etiquetado en el Presupuesto.

 

La mayoría no se romperá ni entrará en disputas. Obedecerá sin alzar los ojos.

Sin embargo, corresponde a la oposición empujar que se respete el Artículo 74 de la Constitución, relativo a las “facultades exclusivas de la Cámara de Diputados”.

En su Fracción IV, este artículo establece: “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo...”

Esta es una de las esencias de la representación ciudadana que tienen y deben honrar los diputados federales.

Este ordenamiento constitucional expresamente advierte que, “en su caso, (los legisladores deben concretar la) modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal”.

Más allá de las simpatías que se tengan, y en el entendido de que los diputados y las diputadas federales lopezobradoristas no moverán ni una coma al Proyecto de PEF, que dentro del Paquete Económico 2020 entregó el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es que la oposición debe conformar un frente ─es lo deseable─ para llevarle legítimamente la contraria a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De nada sirve criticar solamente sus dichos; es imperioso actual en los hechos, y llevar a sus distritos obras y recursos, aun contra el deseo del tabasqueño, expresado en el Proyecto de PEF, que él supone que debe avalarse íntegro y a su gusto.

En su informe de labores, que el pasado 29 de septiembre presentaron los diputados antorchistas Brasil Alberto Acosta Peña, Lenin Campos Córdova y Luis Eleusis Córdova Morán, el llamado del primero es contundente y razonado a propósito del PEF:

“Si queremos un México más justo, más equitativo, desarrollado y educado, es momento de decirle a la nación que los antorchistas estamos listos para servir a la patria y que podemos y sabemos gobernar. A un gran país como México no se le gobierna con base en la improvisación ni en el autoritarismo; por el contrario, es necesario saber hacer las cosas correctamente. Pero más importante, para que tenga éxito el proyecto, el pueblo de México debe estar unido, educado y organizado”.

Que quede ahí constancia.

Y, efectivamente, hay en estos momentos una urgente necesidad de actuar contra López Obrador, pero más allá del discurso y la lengua ardiente de los adjetivos lanzados en declaraciones de prensa.

No será genuino ni congruente que los diputados, incluidos por supuesto los lopezobradoristas, después se quejen de que no hay obras en sus estados y distritos, si no hacen algo en las próximas semanas para corregir la plana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) y al Presidente, y reclamar la etiquetación de obras específicas y necesarias.

El nuevo esquema que niega a los diputados la posibilidad de gestionar se realizó para evitar los moches que por décadas cobraron algunos legisladores corruptos.

Que haya limitantes, candados y figuras que garanticen la honestidad y que el dinero fluya a donde debe.

Pero al amputar una de sus principales facultades a los diputados, quienes pagan las facturas son los ciudadanos.

Que no se nos olvide.