Afecta hacinamiento y pobreza a familias del Edomex

Contar con una vivienda digna es el sueño de millones de mexicanos, pero también el más difícil de alcanzar por la mayoría, ya que se requiere un salario estable y decoroso para financiamiento y construcción.

Leyni Méndez León

2019-10-07
Ciudad de México

La falta de un empleo formal bien remunerado, la carencia de acceso a créditos para la construcción, la migración y la pobreza multifactorial son aspectos que propician el hacinamiento en los hogares del Estado de México (Edomex), donde las familias se integran hasta por siete personas en un espacio reducido, no tienen privacidad y la violencia y las enfermedades mentales amenazan constantemente.

A estos problemas se agregan la falta de servicios de salud, de escuelas, centros de atención para niños, otros servicios sociales y el hecho de que estas comunidades –colonias y barrios estén enclavadas en áreas geográficas de riesgo, como lo reconoce el Estudio Diagnostico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018.

Centenares de viviendas precarias se asientan en las orillas de los drenes a cielo abierto, que circundan municipios como Valle de Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl o Chimalhuacán. En estas condiciones vive María Avelina Cruz Medrano, cuya choza cuenta con dos habitaciones de cuatro por cuatro metros construidas con maderas, piezas de cartón, polines y otros materiales reciclados.

En este reducido y vulnerable espacio, ubicado en los límites entre Texcoco y Chimalhuacán, habitan Avelina y su familia, integrada por ocho personas, cinco adultos y tres niños. El piso es de cascajo y el techo de madera con láminas de cartón cubierto por hules que tapan las goteras provocadas por las lluvias.

Avelina recuerda que al principio su casa tenía piso de cemento, pero son tantas las veces que se ha inundado que quedó sepultado bajo el escombro. “Yo llegué a vivir aquí porque ya no quería rentar; dije, mejor hago aquí mi cuarto como yo pueda, aunque sea sencillo. Pero ignoraba los riesgos de estar cerca de un canal de aguas negras”.

Sus tres nietos juegan en las pequeñas habitaciones. No parece incomodarles el piso de tierra ni la fetidez de las aguas negras. “Sí, me gustaría ampliar mi casa, pero lo veo muy difícil porque los materiales son muy caros y aunque somos varios, vamos al día, no alcanza para todo. Apenas sacamos una cama en abonos para estar menos amontonados; pero no se puede para todo”, comenta Avelina, mientras reprende a uno de sus nietos, quien juega con las piedras sueltas del piso.

Los niños han sufrido erupciones en la piel y con frecuencia se enferman del estómago, problemas sanitarios debidos al poco espacio de la vivienda y al entorno ambiental donde ésta se halla. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó en 2017 que 8.4 por ciento de las familias en México padecían hacinamiento. Seis de cada 10 viviendas urbanas, con una población de 6.2 millones de personas, se encontraban en esta condición.

En estas comunidades sin espacios para la privacidad, la ansiedad y la depresión se desarrollan con mayor facilidad. Propician asimismo la parasitosis, otra enfermedad común en México, por lo que siete de cada 10 personas tienen parásitos intestinales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos padecimientos comprometen la convivencia laboral, escolar y familiar, porque aumentan los cambios de humor y la irritabilidad en las personas. Las entidades con mayor número de viviendas hacinadas son Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y el Estado de México.

Pobreza y vivienda

Contar con una vivienda digna es el sueño de millones de mexicanos, pero también el más difícil de alcanzar por la mayoría, ya que se requiere un salario estable y decoroso para financiamiento y construcción. Por ello, quienes lo intentan, se pasan entre 15 y 30 años para obtener un hogar propio. En el país hay 73.6 millones de personas que no tienen acceso al mercado de vivienda porque perciben ingresos menores a cinco salarios mínimos.

De acuerdo con el Coneval, en 2017 el 50.6 por ciento de los mexicanos percibía ingresos inferiores a alguna línea de pobreza, lo que les impedía contar con vivienda digna. En el Edomex, la entidad con mayor población, 7.5 millones de personas se hallaban en pobreza, y 865 mil 748 en pobreza extrema; un millón 704 personas carecían de viviendas con espacios y calidad de construcción.

Esta situación se debe a que 13. 8 por ciento de los mexiquenses dos millones 443 mil individuos percibía un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, mientras que el 51.4 por ciento, equivalente a nueve millones 87 mil nueve personas tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza, de acuerdo con un estudio de la medición de pobreza de 2018.

Manuel y Rosario son trabajadores informales en Chimalhuacán, donde viven con sus dos hijas en una habitación de la casa de los padres del primero. La pieza tiene cuatro por seis metros que funcionan como recámara, comedor, cocina y bodega. En las paredes encaladas hay retratos familiares e imágenes religiosas. La hija mayor duerme en una colchoneta sobre el piso con su abuela y la más pequeña en una cuna colocada también sobre el suelo. El espacio es reducido, pero todos tienen un lugar donde descansar.

Según el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, si una familia con ingresos menores al promedio nacional dedicara 30 por ciento de su salario al pago de una vivienda, le tomarían 30 años para solventar y disponer, por supuesto, de un crédito otorgado por una institución privada y oficial, cuyo acceso es imposible para las personas de escasos recursos que no pueden comprobar ingresos o no cuentan con un ingreso mensual fijo porque se dedican al comercio informal.

Actualmente, el ingreso promedio de una familia en México es de 46 pesos diarios en las zonas urbanas y de 37 pesos en las regiones rurales.

Inalcanzable, el Plan Nacional de Vivienda de AMLO

Si bien el lema del actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido desde hace varios años “primero los pobres”, tanto sus primeras decisiones de política económica y política social, como las enormes brechas que hay entre los mexicanos pobres y en miseria extrema, evidencian que está muy lejos de acceder a tales compromisos, especialmente en lo que atañe al cumplimiento del sueño de una vivienda digna.

Según el informe alternativo conjunto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de Habitat International Coalition, en México la compra de vivienda nueva solo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos (poco más de 15 mil pesos mensuales), ya que solo a partir de ese nivel de ingreso puede accederse a créditos hipotecarios públicos y privados.

En la estrategia de vivienda del Gobierno Federal hay beneficios para quienes cuentan con un crédito o un financiamiento del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), por ejemplo: si el trabajador ha pagado 90 por ciento de sus créditos inmobiliarios, puede suscribir una quinta parte del 10 por ciento para obtener sus escrituras; la reestructuración de créditos inmobiliarios y el no desalojo de ningún trabajador de sus vivienda, entre otras ventajas otorgadas por la administración federal.

Pese a que beneficia a un sector, no favorece a las capas más desprotegidas, pues el bajo nivel de ingresos de 57.9 por ciento de los hogares les impide aspirar a una vivienda digna; por ello hay un rezago de 14 millones de viviendas en el país.

Cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportan que en 2014, 60 por ciento de los trabajadores en México se desempeñaban en empleos informales, estatus laboral que les impidió obtener financiamientos privados e institucionales, ya que 77 por ciento de los créditos hipotecarios en el país son otorgados por el Infonavit y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) otorga créditos y subsidios para construir, ampliar o adquirir una casa habitación, pero los requisitos tampoco son accesibles para los mexicanos en condiciones de pobreza, quienes viven al día. Uno de ellos consiste en comprobar un ingreso mensual o disponer de un ahorro previo. El subsidio es menor a 100 mil pesos, cifra mínima, sobre todo cuando las casas habitación tienen costos superiores a 300 mil pesos; y este año los materiales de construcción aumentaron sus precios en 15 por ciento con respecto a 2018, cifra que se haya por encima de la inflación, según reportes de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC).

La administración de Enrique Peña Nieto impulsó el “Cuarto Rosa” para ampliar las viviendas y disminuir la violencia hacia las mujeres a causa del hacinamiento, aunque la estrategia no arrojó datos sobre la disminución de la violencia, estas habitaciones se supusieron riesgosas y mal construidas. Fueron en total 287 mil 282 cuartos adicionales, pero el programa resultó apenas un paliativo con respecto a los factores que determinan la pobreza generalizada en México: el desempleo y los pésimos salarios.

Fracasa política de vivienda

Mientras de un lado persiste la carencia de espacios en la vivienda en gran parte del país, en el extremo opuesto el número de viviendas de interés social abandonadas es elevado. Cifras del Infonavit revelan que existen cinco millones de inmuebles deshabitados por falta de pago o por la carencia de oportunidades de empleo y buenos salarios en las regiones.

Las presiones sobre los trabajadores han creado un escenario de desigualdad. Los numerosos conjuntos habitacionales se establecieron en zonas alejadas, riesgosas y carentes de opciones de empleo o de desarrollo urbano como escuelas o clínicas de salud, por lo que muchos dueños prefieren abandonar los conjuntos, aun cuando se ven obligado a pagar las cuotas correspondientes.

Otro factor determinante para que los trabajadores abandonen las viviendas es su mala calidad, pues están construidas con materiales de segunda y sus piezas tienen espacios mínimos, según esquemas constructivos que solo beneficiaron a las empresas privadas. Además de estos problemas, el deudor se ve obligado a pagar hasta por 30 años. El Infonavit ha explicado que de los cinco millones de créditos, 3.9 millones fueron otorgados a trabajadores de salario mínimo, para quienes la deuda resulta impagable.

Las políticas instrumentadas por el Infonavit desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pasando por los de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón fortalecieron la intervención de la iniciativa privada en el rubro de vivienda porque otorgaron solo pequeños financiamientos para la construcción.

En el sexenio de Vicente Fox se fortaleció el sector privado y se genefició a empresas inmobiliarias como ARA, Geo y Consorcio Hogar, SARE, Urbi y Homex. En 2010, las desarrolladoras que más viviendas formalizaron con el Infonavit fueron Corporación Geo, con 43 mil 907; Homex con 26 mil 422 y Urbi con 15 mil 600 viviendas.

Enormes consorcios inmobiliarios han asentado sus obras en las periferias del Estado de México, como Ecatepec, Acolman, Chalco o Texcoco, donde se expande la mancha urbana a pesar de la sobredemanda de recursos. Contrario a la idea de progreso y bienestar que promueven las inmobiliarias con su publicidad, estos grandes asentamientos generan daños en los recursos ambientales de las áreas que ocupan, ya que actúan en contubernio con las autoridades gubernamentales.

Hay un ejemplo en Texcoco, donde los vecinos del barrio Santiaguito mantienen una querella con las autoridades municipales que, tras violar una veda de construcción que culminaría hasta 2020, autorizaron la construcción de 970 casas de interés social, reduciendo la disponibilidad del agua y de los servicios básicos en la comunidad, además de que no se ha presentado un estudio de impacto ambiental.

Aunque sostuvieron diversas negociaciones con el entonces alcalde de Morena, Higinio Martínez Miranda, el problema continúa entre los residentes nativos de Texcoco y las personas que adquirieron estas casas a la inmobiliaria ARA.

El hacinamiento no es un tema ajeno a las viviendas de interés social. Por el contrario, sus efectos pueden acentuarse por tratarse de espacios extremadamente reducidos y apenas útiles para una familia de tres integrantes. Asimismo, no resuelven ni satisfacen las oportunidades de acceso a la vivienda digna, ya que los precios de estos inmuebles son de hasta un millón de pesos, cifra que demandaría hasta 30 años de trabajo a una persona que ganara menos de cinco salarios mínimos y que tuviera acceso a un crédito.

Ante la falta de políticas que favorezcan a las familias con necesidades más urgentes de vivienda, este problema se mantiene y está lejos de resolverse.