Cartilla Moral de AMLO: ¿atentado contra el Estado laico?

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en nuestro país, el hecho de que un grupo religioso distribuya la Cartilla Moral del Ejecutivo Federal constituye una violacion a la Carta Magna.

Fernando Nava

2019-08-26
Ciudad de México

A principios de julio, el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela Gutiérrez, informó que ésta iniciaría la repartición de los primeros 10 mil ejemplares de la Cartilla Moral que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a distribuir en el país.

En una entrevista con la agencia estatal Notimex, Farela aseguró que “no hay ningún impedimento legal ni moral y sí un derecho ciudadano de apoyar la lucha contra la corrupción, mediante este documento con principios y valores que ayudan a renovar el alma”.

En esa misma oportunidad, el pastor evangélico negó que con esta acción se promueva algún credo específico, a pesar de que la distribución de la cartilla se realizaría a través de ministros religiosos de confesión protestante en eventos masivos y casa por casa.

“Quienes la conocen, saben que nos enseña a amar al prójimo, a la esposa, hijos, a la naturaleza, los ríos, a la patria; no hay absolutamente nada nocivo para los mexicanos”, aseveró el líder religioso.

Pese a la promoción activa de parte de Confraternice en apoyo a la promoción del Ejecutivo Federal, el representante de aproximadamente siete mil iglesias evangélicas en el país, rechazó que se violente el Estado laico en el que “caben todas las iglesias, los ateos y los libres pensadores”.

Para Farela, lo “laico es pluralidad, libertad, derechos humanos, igualdad, así también lo ha defendido el Presidente”. Según el líder religioso, “todas las confesiones, iglesias, grupos agnósticos y ateos, deben involucrarse para divulgar principios y valores que transformen a la nación”.

Pero otros dirigentes religiosos, asociaciones civiles y ciudadanos comunes no están de acuerdo en la forma que tiene Farela de entender la “encomienda” del Presidente de la República.

El último día de julio, la agrupación República Laica entregó una carta dirigida al Presidente y a la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, en la que manifiesta su rechazo a esta política que vulnera la laicidad del Estado, sobre todo por el reparto de la Cartilla Moral en manos de los feligreses Confraternice.

“Esta acción podría sentar un precedente negativo por mezclar asuntos eminentemente cívicos con elementos religiosos, y violentaría el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias contenido en el artículo 130 constitucional, así como en el 24 y 40 de la Carta Magna”, se lee en la misiva.

En el escrito entregado tanto en Palacio Nacional como en la Secretaría de Gobernación, República Laica manifestó su preocupación debido a que las asociaciones religiosas son las encargadas de distribuir la Cartilla Moral, ya que con ello se pone en riesgo “la coexistencia pacífica que brinda un Estado imparcial respetuoso de la laicidad y de los derechos humanos de todas y todos”.

Si dichos grupos son los interlocutores de los asuntos públicos, “se brinda un lugar de privilegio a las creencias religiosas en el espacio público y se discrimina a quienes no profesan ninguna religión o no tienen creencias”.

Para la organización no gubernamental, el Estado laico “es un principio histórico, resultado de la lucha contra los privilegios y la concentración del poder y, en nuestro tiempo, es una regla indeclinable para lograr una convivencia democrática en la diversidad y una garantía de que no habrá interferencias de índole moral o doctrinaria para que cada persona ejerza sus derechos, desarrolle su identidad y elija libremente sus convicciones”.

La carta finaliza con una exhortación a que el Gobierno Federal aclare qué asociaciones  repartirán  el texto y bajo qué términos; con qué instituciones públicas se coordinarán; qué acuerdo se adoptó para la entrega del documento con Confraternice y otros grupos de culto; con fundamento en qué disposiciones legales vigentes se realizará la distribución y qué lineamientos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se está considerando para evitar la vulneración de los principios de laicidad.

“He rezado con el Presidente en Palacio Nacional”

El presidente de Confraternice asegura que conoce a AMLO desde hace más de 20 años y que ha rezado con él dentro de Palacio Nacional. “Al Presidente no le avergüenza tener una vida espiritual”, sostiene.

Según el pastor, en una de las reuniones que Confraternice sostuvo con el jefe del Ejecutivo, los invitó a distribuir la Cartilla Moral escrita por Alfonso Reyes en 1944 y reeditada por el gobierno actual. De acuerdo con Farela, AMLO le informó que el Gobierno Federal se encargaría de la impresión, y ellos (los grupos evangélicos afiliados a Confraternice) se encargarían de la difusión a través de sus siete mil iglesias.

Luego de aceptar la tarea, el representante de la cofraternidad evangélica declaró ante medios de comunicación que son “un ejército de Jesucristo, pero también están listos para apoyar al Presidente no solo en la distribución de la Cartilla Moral”. Adicionalmente, señaló que fuera de la esfera política, su amistad se mantiene “porque (AMLO) lucha por los más desvalidos”.

Pero esa entrevista no ha sido la única ocasión en que el jefe del Ejecutivo Federal y el líder religioso han coincidido públicamente. El sábado ocho de junio, Arturo Farela asistió al Acto por la Dignidad convocado por la Presidencia de la República en la Ciudad de Tijuana, que se organizó como respuesta a la amenaza del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) de aplicar aranceles a productos mexicanos si no se reducía el flujo de migrantes centroamericanos hacia la frontera norte.

En esa ocasión, usuarios de redes sociales criticaron y exigieron a AMLO que explicara la presencia del líder evangélico. “Arturo Farela, líder evangelista en evento del @Gobierno MX ¿De verdad? No fue suficiente con lo de la Luz del Mundo y Bellas Artes para entender la separación Estado-Iglesia”, escribió en Twitter Óscar Uscanga.

Además, en la página electrónica de Confraternice (http://www.confraternice.org), consultada por este semanario, se publican boletines y mensajes de apoyo a AMLO. Por ejemplo, el que compartieron luego de las elecciones del 1º de julio de 2018, titulado “Felicidades a mi amigo Andrés Manuel López Obrador, por su contundente triunfo en las elecciones”, firmado por Arturo Farela.

Destaca otro publicado el 20 de abril pasado llamado: “Dios ha enviado un kairós para México, participa”, en el cual, pese a no mencionar explícitamente el nombre del jefe del Ejecutivo, sí se asegura que “es tiempo de discernir los tiempos (sic) y participar de este cambio, que el Espíritu Santo ha traído a partir del 01 de diciembre del año pasado”, en clara alusión a la toma de protesta de AMLO como Presidente de México.

La prohibición expresa de la Carta Magna

El artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán hacerlo en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso”.

Quien viole esta disposición puede hacerse acreedor a un “apercibimiento (llamado de atención pública); una multa de hasta 20 mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; la clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público; la suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional, o bien, en un Estado, municipio o localidad e, incluso, la cancelación del registro de asociación religiosa”, de acuerdo con el texto vigente de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Dicha ley también dicta que “el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa”.

En su artículo 14, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público también advierte que los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier religión, “no podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo”.

Con respecto a su régimen patrimonial, esta ley prohíbe a las asociaciones religiosas “poseer o administrar concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”, excluyendo las publicaciones impresas de carácter religioso de la prohibición.

Además, el Artículo 24 constitucional establece que “nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad (de culto) con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

Es decir, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en nuestro país, el hecho de que un grupo religioso distribuya la Cartilla Moral del Ejecutivo Federal constituye una violacion a la Carta Magna.

Pese a todo lo anterior, a finales de julio, Arturo Farela declaró su interés y el de Confraternice de que se elimine la restricción constitucional a los ministros de culto para que sean votados para ocupar cargos públicos o de representación ciudadana y que sus agrupaciones religiosas participen con fines políticos.

Para el pastor evangélico, la laicidad en México “ya no significa una antirreligiosidad”. De hecho, Farela considera que es momento de reformar la ley para que “se puedan dar derechos políticos plenos a los ministros de culto”. Según el líder evangélico, la limitante a ministros de culto para ejercer un cargo público representa “un nivel de atraso”, por lo que pide a los legisladores “actualizarse” y analizar modelos de laicidad de países como Alemania o Francia.

Farela Gutiérrez sostiene que “las iglesias no son enemigas del Estado, sino que pueden coadyuvar para reconstruir el tejido social, además de combatir la violencia y la corrupción”. El presidente de Confraternice se ha reunido en dos ocasiones con el Presidente y ha anunciado una tercera reunión con el líder del Ejecutivo Federal para plantearle dicho cambio legislativo.

A esta petición se suma el acercamiento de grupos religiosos de diversas expresiones con el coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, para plantear la elaboración de una iniciativa que beneficie a todas las asociaciones religiosas, la cual se elaborará con el objetivo de acceder a concesiones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación o, en su defecto, elaborar una normatividad en la materia.

La última modificación a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público fue en 2015; previamente hubo una en 2006 y otra en 2010. Cabe mencionar que en ninguna se autorizó la participación política de las diferentes iglesias, ni el uso de medios electrónicos desde la publicación de su actualización más reciente en 1992, publicada el Diario Oficial de la Federación.

Otras iglesias “pintan su raya”

El presidente del Consejo Representativo de Iglesias Evangélicas de Veracruz, el pastor Fredy Luna, aseguró que no todas las iglesias evangélicas se sumarán a la repartición de la Cartilla Moral, como anunció el presidente de Confraternice.

“Nosotros pintamos nuestra raya”, aseveró Luna en conferencia de prensa, quien estuvo acompañado por representantes de más de 10 congregaciones evangélicas, quienes coincidieron en no sumarse a la distribución del documento.

 “Desde mi punto de vista, esta Cartilla Moral es simplemente una cortina de humo para distraer algunos actores que con parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador”, estimó el líder religioso en Veracruz.

Para el pastor evangélico dicho documento puede tener “una noble intención”, pero podría prestarse a otras interpretaciones. “Creemos que esto puede causar problemas dentro de las iglesias y traer división porque las personas pueden llegar a pensar mal de los pastores, incluso que hasta el gobierno nos está pagando y no queremos eso”.

Adicionalmente, Luna explicó que el presidente de Confraternice, Arturo Farela, representa solo a un grupo no mayoritario de evangélicos.

En el estado de Hidalgo, líderes evangélicos también se negaron a repartir la Cartilla Moral promovida por el Ejecutivo Federal. “En Hidalgo no tenemos conocimiento de cómo se vayan a entregar los cuadernillos, solamente sabemos que las iglesias afiliadas a Confraternice serán las encargadas de hacerlo”, informó el pastor de Interiglesias, Ismael Rueda.

El obispo auxiliar de Monterrey y Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda, también anunció que la Iglesia Católica Romana no participaría en la distribución del texto de Alfonso Reyes.

“Estamos tratando otros temas. Nuestro trabajo, nuestros programas, nuestros planes, son diferentes”, sostuvo el religioso poco después del anuncio de Farela. Nuestras prioridades ahora, explicó, son “los jóvenes, el clero, los migrantes y la protección a menores”.

El Secretario General de la CEM enfatizó que su confesión religiosa está enfocada hoy a “fortalecer el proyecto de construcción de paz nacional, el trabajo interno de la Iglesia para resolver el tema de protección de menores, así como el tema de migrantes, apoyando a las religiosas y religiosos que están en terreno con ellos”.

Además, en un editorial del semanario Desde la Fe, el arzobispado de la Ciudad de México precisó el 14 de julio pasado que “la tarea principal (del Gobierno Federal) debería ser establecer el Estado de Derecho”.

En dicho texto se asevera que “la preocupación gubernamental por fortalecer los valores en la familia y la ética en el campo laboral sin duda es positiva; pero la tarea primordial de todo gobernante es el establecimiento auténtico de un Estado de Derecho”.

La Arquidiócesis Primada de México también advirtió que “el fomento de valores y la promoción ética debe reconocerse y alentarse como tarea principal de los padres de familia y de las instituciones o grupos que ayudan en su responsabilidad, pues al hacerlo desde una instancia de gobierno, se corre el peligro de la banalización y puede tomar el derrotero de la demagogia”.

Para la representación de la comunidad católica en México, “la creación o manejo de documentos con nombres llamativos, ocupando palabras que después serán devaluadas o manipuladas, o que sean utilizadas para justificar una política pasajera, solo conduciría a quitarles importancia y peso: terminarían desechadas de nuestro diccionario familiar o usadas sin propósito real. Cuidado, entonces, con el uso de la palabra ‘moral’ y más cuando a las vistas es anticipo de otro documento que recibirá el nombre de Constitución Moral”.

En el editorial, asimismo, se recomienda al Gobierno Federal “seguir respaldando la institución familiar natural, debidamente constituida, pues ningún otro ambiente sería más propicio y eficaz para que el ciudadano adquiera los valores que le acompañen de por vida. Imaginar que con un texto típico se solucionen nuestros problemas éticos, sería como mostrarle una receta al enfermo esperando –solo con eso- su pronta curación”, remata.