La política fiscal: una herramienta efectiva para disminuir la desigualdad

La pobreza y desigualdad no se combaten con políticas de austeridad y anti-corrupción sino con una política fiscal progresiva.

Jorge López Hernández

2019-07-22
Ciudad de México

Los malos resultados en materia económica de los últimos 30 años –bajas tasas de crecimiento, bajos niveles de productividad e inversión, altos índices de empleo informal, entre otros– muestran que el modelo económico de libre mercado aplicado en nuestro país no ha funcionado y que, por tanto, es necesario sustituirlo por otro que revolucione nuestra economía e incremente el bienestar de la mayoría de la población. Para ello, el Estado debe proponerse dos objetivos fundamentales: crear y distribuir mejor la riqueza.

Guiado por la economía de mercado, el Estado mexicano ha creído, sigue creyendo, que la forma más efectiva para promover el crecimiento económico es mediante la inversión extranjera directa (IED) y para incentivarla ha creado una serie de condiciones que la animen a asentarse en México. Ha creído, además, que no cobrando impuestos a los grandes capitales éstos van a utilizar sus ganancias en nuevas inversiones en el territorio nacional. Por eso los gobiernos neoliberales, entre ellos el actual, se han dedicado a hacer reformas legales para brindarles tratamientos preferenciales y aun exentarlos del pago de impuestos. Esto ha provocado que los ingresos públicos sean muy bajos –alrededor del 16 por ciento del producto interno bruto (PIB)– con respecto al promedio del 25 por ciento del PIB que obtienen los demás países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Aunado a los bajos ingresos, y atento observante del equilibrio de las finanzas públicas para mantener su estabilidad macroeconómica, el Estado no ha gastado más de lo que ingresa en sus arcas. Esto ha frenado la expansión del gasto público y las consecuencias directas de ello han sido la desatención de las necesidades básicas de la población (salud, educación, vivienda, etc.) y un gasto en inversión pública prácticamente nulo. En otras palabras: la política fiscal de los gobiernos neoliberales –entre ellos el vigente– se ha utilizado para beneficiar a las clases altas mediante el bajo o nulo pago de impuestos y con transferencias financieras destinadas supuestamente a “impulsar” actividades productivas. Los resultados socioeconómicos de esta política están a la vista: altos índices de pobreza en la mayoría de la población; concentración de la riqueza en un reducido número de personas y un crecimiento económico bajo.

Para construir un nuevo modelo económico, el Estado debe hacer uso de la política fiscal a fin de impulsar el crecimiento, distribuir mejor la riqueza y dejar de utilizarla como una herramienta de atracción y acondicionamiento para que el gran capital extraiga las máximas tasas de ganancia en México, como se ha estado haciendo en el periodo neoliberal. Uno de los cambios radicales que el Estado debe emprender en política fiscal es incrementar sus ingresos tributarios mediante el cobro de impuestos a los grandes capitales, con lo que dispondrá de mayor capacidad para cumplir con sus obligaciones en materia social y realizar inversiones públicas que promuevan el crecimiento económico.

Sin una política fiscal progresiva no podrá disminuir la pobreza y la desigualdad, por eso el Estado debe diseñar un sistema impositivo que no permita la evasión ni la elusión de impuestos; que elimine todos los tratamientos preferenciales a los sectores empresariales y que, sobre todo, cobre impuestos a las enormes ganancias de capital, a las grandes herencias y a las transacciones en la Bolsa de Valores. Además, debe emprender una restructuración en los impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a que actualmente son regresivos. En otras palabras: debe buscar que paguen mayores tasas de impuestos quienes tienen mayores ingresos; de esta manera, el Estado tendrá los recursos suficientes para distribuir la riqueza mediante el gasto público en obras y servicios para la población, además de que podrá promover el crecimiento económico a través de la inversión y el financiamiento de proyectos estratégicos.

La pobreza y desigualdad no se combaten con políticas de austeridad y anti-corrupción sino con una política fiscal progresiva.