Sobre el reciente proceso electoral en la Universidad Autónoma Chapingo

La Secretaría de Hacienda tiene ya prohibido utilizar el presupuesto federal para construir y para comprar autobuses y computadoras, hecho también violatorio de la autonomía.

Abel Pérez Zamorano

2019-07-10
Ciudad de México

Por este medio agradezco sinceramente a los estudiantes y profesores que este 26 de junio me expresaron su confianza en la elección de rector, asumiendo al hacerlo grandes riesgos, considerando el ambiente de agresividad y abuso del poder impuesto desde la Secretaría de Agricultura (Sader), con el contubernio de grupos de poder internos de Chapingo.

Sin el menor recato se operó una burda intervención desde la Sader para imponer rector e impedir mi elección: convocando a directores de departamento de la UACh, como consta en fotografías por todos conocidas; reuniendo a candidatos; ofreciendo comidas a consejeros universitarios para el mismo fin. Durante el proceso fueron pagadas cuatro mil becas, con un monto de nueve mil 500 pesos cada una, un total de 38 millones (no censuro a los alumnos beneficiados, muchos de ellos muy pobres, que necesitan el dinero, un buen número de los cuales aun así no permitieron torcer su voto). Ofrecieron empleo a toda la generación que egresa (alrededor de mil 200 alumnos), no obstante que la Sader aplica hoy drásticos recortes de personal. Todo ello contó con la complicidad interna de autodeclarados defensores de la “austeridad republicana”, cuyo fin es negar más recursos a Chapingo (hace unos días llegó la orden de recortar en 20 por ciento ciertos sectores del personal). En fin, la autonomía universitaria fue violada.

Además, profesores amenazaron a estudiantes con reprobarlos si votaban por mí: esta queja llegó hoy al Consejo Universitario. A los alumnos amenazados digo: estaré atento a posibles actos de represión académica, que violan los derechos estudiantiles y cancelan la democracia, misma que supone un voto igual, secreto y libre de amenazas.

Desataron una feroz guerra sucia contra mi persona por mi militancia, jamás negada ni oculta, en el Movimiento Antorchista Nacional, en el cual participo desde hace 45 años; organización que, por cierto, jugó un papel de primer orden en la transformación de la ENA en UACh. En Chapingo se ha convertido en delito una garantía individual constitucional: el derecho de cada quien a participar en el partido de su preferencia. Esta campaña discriminatoria e ilegal es obra de grupos de poder, pertenecientes a diferentes partidos, que medran con la Universidad y frenan su desarrollo. Ellos han implantado un régimen discriminatorio que prohíbe, y persigue, toda simpatía política diferente a la suya.

A pesar de lo expuesto, mil 866 universitarios me dieron su confianza. Muchas gracias. Y muy en particular agradezco a la comunidad de la DICEA, que en una proporción de dos a uno respaldó mi candidatura con su voto; mi eterna deuda de gratitud para esta noble y valiente comunidad de maestros y estudiantes que no se dejó intimidar por la violencia verbal y amenazas de mis detractores.

Pero la embestida desde la Sader  no se limitará a lo expuesto. Chapingo es una universidad popular, con internado, comedores, becas, servicio médico y viajes de estudio. Y en sectores retrógradas de la política nacional (apoyados por grupúsculos internos actualmente agazapados) ha existido siempre un rechazo a este modelo. Y hoy, sintiéndose legitimados por la “austeridad republicana”, buscarán reducir los beneficios de que disfrutan los jóvenes de extracción humilde que ingresan a nuestras aulas. No nos extrañe que empiecen aquí también los recortes. La Secretaría de Hacienda tiene ya prohibido utilizar el presupuesto federal para construir y para comprar autobuses y computadoras, hecho también violatorio de la autonomía.

Gracias a todos una vez más por su apoyo y su confianza. Respetaré al rector que ya fue oficialmente investido en el cargo por el HCU, pero sin abandonar la responsabilidad que como universitario tengo con Chapingo: velar por su desarrollo, por la democracia, la autonomía y el carácter popular, así como luchar también contra la represión académica, contra la discriminación y contra toda violación a las garantías que la Constitución otorga también a los universitarios.