Sale a la luz maniobra judicial contra Lula da Silva

Información documental, entregada por una fuente anónima al diario en inglés The Intercept Brasil, confirma que el juicio contra el expresidente Lula da Silva fue una operación para evitar que retornara al Palacio de Planalto, la sede presidencial.

Nydia Egremy

2019-07-01
Ciudad de México

Mensajes filtrados a The Intercept Brasil revelan la manipulación del proceso contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por varios fiscales y el juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia. Obstinados en vetar al exgobernante en los comicios de 2018, los hombres más poderosos del Poder Judicial de ese país se coludieron en un prohibidísimo conflicto de intereses para tejer una trama de informaciones engañosas para construir un delito de corrupción contra el presidente más prestigiado de Brasil. Además, crearon la percepción de que los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) solo produjeron una democracia enferma con irremediables militantes corruptos. Es momento de la verdad y será una bomba.

Tras la sorpresa por el escándalo, hoy flotan la ira y la incertidumbre en el mayor país de América Latina. Por un lado, es obvio que el actual presidente ultraconservador Jair Bolsonaro, apoyará a los actores señalados en ese caso, que la élite judicial brasileña contraatacará para atajar nuevas filtraciones y alejar el riesgo de castigo. Y, por otro, que la defensa del expresidente Lula da Silva y millones de beneficiados por su gobierno repudian que se les haya arrebatado el derecho político básico de elegir a su candidato presidencial.

Información documental, entregada por una fuente anónima al diario en inglés The Intercept Brasil, confirma que el juicio contra el expresidente Lula da Silva fue una operación para evitar que retornara al Palacio de Planalto, la sede presidencial. En ella se descubren los mensajes cruzados entre el entonces juez Sergio Moro a cargo del juicio contra Lula y los fiscales del caso anticorrupción Lava Jato (Lavado de Auto).

 La clave en esas conversaciones es la flagrante violación al Código Penal brasileño, que obliga a separar dos funciones clave del proceso judicial (la de acusar y juzgar). Así los fiscales investigan y presentan pruebas al juez que, presuntamente imparcial, juzga el caso.

 Bolsonaro se niega a hablar del tema y Moro afirma ante 60 senadores que “no vio nada de más en los mensajes, sino una invasión criminal a los celulares de los fiscales”. Insinúa que pudieron ser parcial o totalmente editados. Eufórico, el hoy ministro asegura: “Esto no es obra de un adolescente con acné sentado en su casa”, sino que busca debilitar a las instituciones y reta a The Intercept a revelar todo el archivo y entregarlo a la Justicia.

 En esos diálogos, publicados por el portal The Intercept, se lee cómo Moro opina sobre el proceso y lo guía hacia un curso determinado.  Es una clara estrategia de intervención que no le corresponde, por lo que la ilícita relación entre esos funcionarios judiciales ha sido bautizada como Vaza Jato (del portugués ‘vazar’: algo que deja salir su contenido).

 De símbolo de la justicia ciega, el magistrado Moro ha pasado a ser emblema del contubernio ilegal. Él está detrás del caso más doloroso en la democracia contemporánea de Brasil: que el expresidente fuese a prisión en abril de 2018 para cerrar un proceso que se inició contra él en marzo de 2016.

Ese año aumentó la presión judicial por el Lava Jato, que supuestamente revelaba una red de corrupción sistémica entre políticos y empresarios. Al amparo de esa pesquisa, se lanzó la persecución contra Lula da Silva y el fiscal Deltan Dallagnol lo acusó de ser “comandante máximo de un soborno-ducto” de corrupción entre 2003 y 2010, para financiar a sus aliados con recursos desviados de organismos estatales. Era el 14 de septiembre de 2016.

En ese contexto, difícilmente casual, se arrojó el estigma de corrupción sobre el Partido de los Trabajadores (PT), aumentaron las protestas antigubernamentales y se publicaron conversaciones –interceptadas ilegalmente– entre la entonces presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula.

 ¡Enmendar la injusticia!

Trece juristas y abogados internacionales, entre ellos el exjuez español Baltasar Garzón, reclamaron el 24 de junio que la Corte Suprema de Brasil (CSB) anulara la condena al expresidente Lula da Silva y que lo pusiera en libertad.

“La instrucción y el juicio han sido parciales desde el principio”, se leía en el llamado que publicó el diario francés Le Monde,  cuyos firmantes denunciaron las irregularidades habidas en el proceso. También firmaron el profesor de derecho Bruce Ackerman, el abogado español Joan Garcés, el francés William Bourdon y el alemán Wolfgang Kaleck.

Entretanto Lula, quien purga una condena de ocho años y 10 meses acusado de corrupción, exige un proceso y un juicio justos, “los que nunca tuve en manos de Sergio Moro”. Tras leer una mínima parte de los mensajes filtrados se sabe que Moro y Dallagnol se consultaban para definir la estrategia común.

Para la defensa, la actuación concertada entre procuradores y el exjuez de la causa con objetivos políticos, sometió a Lula y a su familia a las más diversas arbitrariedades. “Nadie puede dudar que los procesos contra el expresidente están corrompidos en términos de violaciones a garantías fundamentales y a la negación de derechos”, asegura.

 En una carta enviada antes de que la Corte aplazara la audiencia sobre la petición de su defensa para anular la condena y liberarlo, Lula puntualiza que el juez que lo condenó “no fue imparcial ni independiente” y que anular su proceso no invalida el resto de la operación anticorrupción Lava Jato.

Tras la primera publicación de las conversaciones, la Orden de Abogados de Brasil –que respaldó el juicio contra Dilma Rousseff– recomendó por unanimidad que los involucrados en esos mensajes pidan el alejamiento de los cargos públicos que ocupan, para que las investigaciones “sigan sin sospecha”.

Una primera revisión de esos mensajes revela un esquema de “autoritarismo líquido”, es decir, cuando el sistema de justicia actúa bajo el criterio de medidas de excepción y no de derecho. Prueban que ese autoritarismo tiene apariencia de proceso penal “pero con un contenido político tirano que persigue a un enemigo”, apunta el doctor en derecho de la Universidad Pontificia de Sao Paulo, Francisco Serrano.

Sin embargo, si los archivos se obtuvieron de forma ilegal no será posible incriminar a nadie, aunque los mensajes evidencien los mecanismos fraudulentos contra los acusados e investigados. Los involucrados fueron fraudulentos, el juez aparentó ser imparcial y en realidad actuó con total parcialidad; ello sería suficiente para declarar nulos los procesos contra Lula en que Moro participó, concluye el académico.

La fuente que dio esa información a The Intercept sabía que no sería ocultada, pues uno de los cofundadores, Glen Greenwald,  recibió el Premio Pulitzer cuando reveló los programas de vigilancia masiva de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) de Estados Unidos, que le filtró el analista Edward Snowden.

Solo se ha analizado el uno por ciento del archivo, que es mayor al de Snowden; hay diálogos privados, grabaciones de audio y video, fotos, procedimientos en tribunales y otros documentos. “No es posible dimensionar qué alcance tendrá esta enorme filtración en la política brasileña, pero hay una sensación de que está por explotar otra bomba”.

La confabulación

Con los comprometedores diálogos entre magistrados y fiscales a través de correos electrónicos y chats grupales en teléfono, hoy es posible reconstruir la larga y compleja historia de colusión y falsificación de delitos contra Lula.

Juicio sin pruebas

Moro indica al Ministerio Público (MP) cómo actuar en indicios de corrupción por delaciones de ejecutivos de Odebrecht. En ellos se habla, entre otros, de Lula, Dilma Roussef, el  expresidente golpista Michel Temer y los legisladores Eduardo Cunha –artífice del juicio a Dilma y condenado hoy a 24 años de prisión por corrupción– y Aécio Néves.

En diciembre de 2016, el fiscal de Lava Jato, Deltan Dallagnol, refiere que las denuncias involucran a nueve presidentes, 29 ministros, 34 senadores y 82 diputados. Moro sugiere cambiar el orden de las fases de investigación, da fuentes y pistas.

Cuando el diario O’ Globo publica que saldría libre un directivo de Odebrecht (que acompañaba a Lula en algunos viajes), Moro escribe al fiscal:

Querido, el STF (Supremo Tribunal Federal) soltó a Alexandrino. Estamos con otra denuncia a punto de salir y pediremos prisión con base en fundamentos adicionales ¿Sería posible que la examines hoy?

Dallagnol: No creo que lo pueda ver hoy. Pero piensen si es buena idea.

Nueve minutos después agrega: Tendrían que ser hechos graves.

Dallagnol denuncia formalmente a Lula, pero duda de la contundencia de una prueba: que el departamento que supuestamente Lula recibió fuese a cambio de favores a la firma Oas por contratos a Petrobras. Si ese departamento no se hubiera ligado con la corrupción de Petrobras, el caso no habría sido juzgado por Moro.

Dallagnol escribe al grupo de fiscales de Lava Jato en Telegram:

Van a decir que acusamos con base en noticias de diario e indicios frágiles. Sería bueno estar bien preparado. Además, tengo recelo de la relación entre Petrobras y el enriquecimiento, y también tengo recelo sobre la historia del departamento; son puntos en que debemos tener respuestas ajustadas y en la punta de la lengua.

Un día antes de la denuncia (14 septiembre de 2016), Dallagnol envía este otro mensaje:

La opinión pública es decisiva en un caso construido con prueba indirecta y palabra de colaboradores contra un ícono que pasó incólume por el mensalâo. (Se refiere a una crisis, en 2005, por supuestos sobornos mensuales al gobierno del PT).

Dos días después, en privado, el fiscal escribía a Moro y asumía que la denominación “líder máximo del esquema de corrupción” que se le adjudicó a Lula no se fundamentaba ¡Pero era esencial para que Moro juzgara el caso!

Que Lula no hable

Los fiscales de Lava Jato se comunican para evitar que Lula hablase en medios a favor de Fernando Haddad, que lo sustituiría en la elección. Como Ricardo Lewandowski del Supremo Tribunal autorizó esa entrevista de Folha de Sâo Paulo con Lula, la fiscal Laura Tessler escribía al grupo:

¡Qué chiste! ¡Indignante! Ahora el tipo va a hacer campaña en la cárcel. Un verdadero circo.

La procuradora Isabel Groba agregaba:

¡Mafiosos!!!! Y tras una hora aclaraba: Una rueda de prensa antes de la segunda vuelta puede elegir a Haddad.

A la vez, una amiga escribía a Dallagnol:

Ando muy preocupada con una posible vuelta del PT, pero he rezado mucho a Dios para que ilumine a nuestra población, para que un milagro nos salve.

Dallagnol respondía:

Gracias, Carol, reza sí; lo precisamos como país.

Esa conversación entre fiscales duró varias horas y parece más “reunión entre estrategas y operadores anti-PT que charla entre magistrados imparciales”, publica The Intercept.  Los fiscales debaten cómo evitar la entrevista y reducir sus efectos; uno propone que la Policía Federal la agende para después de la elección. Al final, Lula no la dio.

10 de mayo de 2017. Sergio Moro, vía Telegram, instruye al fiscal responsable de la operación Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, en su estrategia de medios durante el juicio.

 22:04. Moro escribe: ¿Qué le parece?

22:11. Debe preparar un boletín de prensa que explique las contradicciones entre su testimonio y el resto de la evidencia o con su testimonio anterior. Después de todo, la defensa ya hizo su pequeño show. Y la prensa no presta atención a los detalles.

22:13. Santos Lima: Podemos hacer eso. Hablaré con el grupo.

Moro: Piénselo, no lo tenía en mente.

22:16.t Santos Lima: Lo más importante era bloquear la idea de que él pudiera cambiar todo en su acusación.            Es significativo que Sergio Moro temiera verse obligado a repartir una de las pesquisas a su cargo, debido a que el entonces magistrado del Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki –quien moriría en un accidente aéreo en 2017– repartió las investigaciones que llevaba en Curitiba.

Él alegaba que era un momento “crítico”, pues la indagatoria sobre Odebrecht avanzaba; en realidad, temía ser alejado de la acusación que ya tramaba contra Lula da Silva. En un diálogo de 2016, publicado el pasado 23 de junio por la Folha de Sao Paulo, coordinadores de la fiscalía le prometían: “Haremos todo lo que sea necesario para defenderte de injustas acusaciones”.

Cardoso sin investigar

Moro no estuvo de acuerdo con que la operación anticorrupción Lava Jato investigara al expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). En los mensajes se lee cómo pregunta –en abril de 2017– al fiscal Dallagnol “si hay algo realmente serio” que involucre al exmandatario.

El entonces juez argumenta que le parece cuestionable investigarlo y perjudicar a alguien cuyo “apoyo es importante”. El fiscal responde que las acusaciones son “flojas” y que el caso es “de 1996” y habría prescrito. Dallagnol agrega que para “enviar un mensaje de imparcialidad” giró copia al Ministerio Público de Sao Paulo.

Casos que cimbraron a Brasil

Lava Jato: es un esquema de lavado de dinero que llegó a mover más de dos mil 640 millones de dólares, alcanzó a partidos de todo el espectro político y se hizo público en marzo de 2014. Provocó más de 90 denuncias, 45 sentencias, 291 acusados, 211 condenas, 298 pedidos de prisiones cautelares (207 aceptadas) y decenas de acuerdos de colaboración judicial.  El Estado ha recuperado más de 600 millones de dólares.

Odebrecht: Escándalo de corrupción que investiga el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) con 10 países y alcanzó dimensiones internacionales. La esencia es el pago de sobornos de la constructora a gobiernos y entidades públicas. En 2015, su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue a prisión.

El pasado 17 de junio, la firma se acogió a la Ley de Quiebras, pues ha sufrido reveses financieros, judiciales y comerciales que la han endeudado por 25 mil 700 millones de dólares.