Flujos migratorios: modelos económicos fallidos

El incremento significativo en los últimos años de los flujos migratorios de los países centroamericanos hacia Estados Unidos (EE. UU.)

Arnulfo Alberto

2019-06-10
CIUDAD DE MÉXICO

El incremento significativo en los últimos años de los flujos migratorios de los países centroamericanos hacia Estados Unidos (EE. UU.), principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, no debe permitirnos ignorar que México es también un país expulsor neto de migrantes. Basta un dato en apoyo de esta afirmación: la policía fronteriza de EE. UU. detuvo a 130 mil mexicanos en 2017. Por ello, el presidente de la nación vecina, Donald Trump, ha estado presionando al gobierno de México para que haga un mayor esfuerzo por contener este movimiento migratorio de connacionales y centroamericanos.

No es casual que de estas naciones proceda ese éxodo masivo de personas. Fenómeno que se ha convertido ya en una crisis humanitaria de proporciones colosales y que está a punto de originar un conflicto diplomático y comercial entre EE. UU. y México, que además puede tener efectos devastadores para nuestro país. Éste y la tríada centroamericana se encuentran dentro de la esfera de influencia del gobierno estadounidense y han aplicado políticas económicas similares cuyo desempeño en términos socioeconómicos y políticos ha sido muy pobre con los consecuentes impactos negativos en la vida de millones de personas.

Para entender un poco más la causa de este fenómeno, puede echarse un vistazo a la situación interna de estos países. Aunque la tasa de crecimiento económico anual del producto interno bruto (PIB) ha rondado en el 3.7 por ciento en las últimas tres décadas en Guatemala y Honduras, y en el 2.6 por ciento en El Salvador; el PIB per cápita es de tan solo 4.5 mil dólares nominales en el caso de Guatemala y de 2.5 y 3.9 miles de dólares en el caso de Honduras y El Salvador, según datos del Banco Mundial (BM).

Tasas que los colocan mundialmente en los lugares 137, 149 y 170, respectivamente, y en la cola de los países de América Latina, solo superados por Haití. Los niveles de desigualdad que imperan en estos países son igualmente altos. Honduras posee un índice de Gini de 55.5, Guatemala se ubica en 48 y El Salvador en 38. La incidencia de las pobreza es del 90 por ciento en Guatemala, del 64 por ciento en Honduras y del 34 por ciento en El Salvador, reportan varios organismos. Los números de México se sitúan en niveles semejantes: un Gini de 43.4 en 2016 y del 43.6 por ciento de la población en pobreza, según datos de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El crecimiento desigual, combinado con una estructura productiva que no es capaz de absorber a la población económicamente activa (PEA), ha ocasionado que la única alternativa para los trabajadores sea su incorporación al sector informal de la economía o la migración hacia EE. UU. u otras regiones del país con el propósito de mejorar su calidad de vida y de ofrecer a sus hijos mejores oportunidades de desarrollo.

A las graves condiciones económicas se suma la violencia como otro factor determinante de este fenómeno. El incremento de las actividades criminales a niveles alarmantes es una más de las causas de la formación de las numerosas caravanas a finales del año pasado y principios de 2019. Los índices de homicidios, secuestros y robos en amplias zonas de estos países se encuentran entre los más altos del mundo. En México estamos ante el inicio del sexenio más violento en décadas, debido a que en extensas regiones de los estados del sur, centro y norte de la República los cuerpos de seguridad han sucumbido frente al poder de los grupos delincuenciales de todo giro.

Dado que este flujo migratorio continuará con toda seguridad, a pesar de las amenazas de Trump, el trato hacia los inmigrantes debe ser humanitario y las instituciones migratorias están obligadas a garantizar su atención y el cumplimiento de sus derechos básicos. Sin embargo, el nuevo gobierno no puede limitarse a operar como policía de un tercer Estado, o servir de amortiguador de flujos inevitables de personas en su frontera sur, porque dicho fenómeno representa un grave desafío para el país. La solución debe ser estructural y requiere del cambio del modelo económico que en la actualidad está vigente en los países mencionados y en México. Sin embargo, a juzgar por sus primeros movimientos, el Gobierno Federal solo pretende maquillar al modelo económico que genera pobreza y migración forzada.