Conafe Michoacán: presa de los despidos injustificados

Quinientos veinte trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) fueron despedidos injustificadamente.

Julían Mendoza

2019-06-10
Ciudad de México

Quinientos veinte trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) fueron despedidos injustificadamente, por orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Ley Federal de Austeridad Republicana que promueve el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Oficio N° 700.2019, con fecha del 29 de abril de 2019 y firmado por Raquel Buenrostro, oficial mayor de la SHCP, dio cauce al mayor despido masivo en la función pública del país y cuyas víctimas fueron trabajadores eventuales que tenían más de 10 años laborando en esa institución.

Un día después de la emisión del citado oficio, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, cuyo objetivo –según la iniciativa presidencial y el dictamen de los legisladores– es regular y reestructurar el desarrollo del gasto corriente del Gobierno Federal.

Las delegaciones del Conafe en Campeche, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Veracruz fueron el blanco inaugural de los despidos laborales a partir del 1º de mayo de 2019 y sus efectos han empezado a resentirse en la impartición de los servicios educativos que reciben los 153 mil 933 alumnos registrados en los centros escolares de las entidades afectadas.

Según datos del Sistema Integral de Información e Infraestructura Nacional para el Fomento Educativo (SIIINAFE), en 2018 el Conafe-Michoacán brindó servicios educativos a 15 mil 400 alumnos, de los cuales 15 mil 358 eran mestizos y 42, indígenas. Ocho mil 826 recibían educación preescolar; cuatro mil 304, primaria y dos mil 270, secundaria.

Además de estos servicios, entre 2016 y 2018, Conafe-Michoacán brindó dos mil 366 servicios “de modo diferenciado a poblaciones vulnerables, a niños y adolescentes con necesidades educativas especiales o con discapacidades, para tratar con ello de igualar las oportunidades educativas y garantizar su derecho a la educación”, como lo enuncia en Acciones y programas, documento que se puede consultar en su página web.

Despido injustificado de docentes

En el portal web del Sistema de Información Legislativa, los diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) explicaron que la Ley Federal de Austeridad Republicana tiene como directrices “evitar el engrosamiento del aparato burocrático”, desarrollar las funciones prioritarias del Estado sin crear nuevas plazas y justificar con sus aportaciones a la economía nacional cada uno de los empleos subsistentes en el aparato gubernamental.

La delegación del Conafe en Michoacán vive una crisis laboral ocasionada por el despido injustificado de 24 empleados, quienes en su mayoría cubrían plazas de tipo eventual y ahora enfrentan el desempleo sin esperanza de reincorporarse a sus labores magisteriales.

La mayoría de ellos, además, saben que sus puestos de trabajo siguen vacantes, pues no han sido sustituidos debido a que los centros escolares se ubican en zonas lejanas y de difícil acceso geográfico.

Entrevistados por buzos, extrabajadores del Conafe detallaron la injusticia laboral cometida en su contra. Alejandro Martínez Ángeles, quien fungía como auxiliar de operación de la región de Zamora, Michoacán, relató así su despido de hace poco más de un mes:

“Desde el 1º de mayo ya no nos encontramos laborando en la institución. El principal motivo que nos dieron al momento del despido fue la llamada Ley de Austeridad que emitió AMLO. Ésa es la principal razón, aunque es una ley que no debería de aplicarse a nuestra institución, ya que siempre ha sido austera, incluso nuestros salarios oscilan entre los dos mil 300 o dos mil 400 pesos a la quincena. Entonces prácticamente todos los que fuimos despedidos tenemos ese pago”.

Pero la inequidad salarial en el Conafe no es un fenómeno que afecte a todos los trabajadores. Entre los de plaza eventual y los funcionarios de alta jerarquía existe un amplio margen salarial. En 2014 se difundió públicamente que el exdelegado estatal del Conafe-Sinaloa, Óscar Lara Salazar, percibía mensualmente un sueldo bruto de 47 mil 967 pesos.

En fecha reciente se supo, gracias a información proporcionada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que Ernesto Vega Arias, quien es responsable de la delegación Conafe de Guanajuato, cobró 38 mil 939 pesos mensuales en 2018.

Y mientras el personal de alta jerarquía del Conafe conserva sus trabajos y buenos sueldos, los trabajadores despedidos, aunque conscientes cada vez más del rostro poco amable de la “austeridad republicana”, están empeñados en seguir luchando por su reinstalación y el pago de sus salarios desde abril pasado.

 “El miércoles 15 del presente mes se tuvo una reunión con el director general en la Ciudad de México, quien nos pedía que esperáramos, que el día primero de junio se anunciará una reestructuración de esta institución, pero nos dice que nuestra reincorporación laboral no está garantizada. En ese sentido, se trata de lo mismo, incluso desde que nos avisaron de esta medida, pues fue la misma información: no hay nada seguro”, sostuvo Martínez Ángeles.

“Dentro del Conafe había tres tipos de trabajadores: un grupo conformado por sindicalizados, al que nosotros no pertenecemos; además, los empleados de confianza; adicionalmente, nosotros, los llamados eventuales. No contamos con ningún tipo de respaldo. Hemos buscado asesoría jurídica en diferentes lados. Nos hemos acercado a diferentes instituciones y estamos precisamente en esos trámites. Queremos interponer una demanda”, asegura el joven maestro.

Varios de los compañeros de Alejandro, quienes también exigen su reincorporación laboral, aseguran que esta medida afecta tanto a otros empleados como a los miles de niños y jóvenes que requieren los servicios educativos que brinda el Conafe.

“El impacto es muy grande; no hemos podido llevar nuestro trabajo a comunidades donde uno tarda cuatro o cinco horas en llegar, donde no hay servicios básicos. No es justo aplicar austeridad a empleados que tienen sueldos insuficientes para cubrir sus necesidades cotidianas”.

Eréndira Báez Guzmán, quien laboraba como coordinadora de microplaneación educativa, explicó algunas de las condiciones que han establecido los propios trabajadores despedidos ante la falta de pago y atención por parte del Ejecutivo Federal. “Realmente nosotros contamos con la última quincena del mes de abril; a principios de mayo nos dicen que estamos despedidos y que ya no tenemos relación laboral con el Consejo. Los salarios son muy bajos y no nos permiten generar ahorros; prácticamente nos dejan descobijados. Lo que estamos haciendo es un trabajo colectivo. Hacemos cooperaciones y estamos usando algunos pocos pesos que teníamos ahorrados”.

 Báez Guzmán denunció que la dirección general del Conafe no tiene contemplado algún pago de liquidación para los extrabajadores y es por esta razón que la supuesta reestructuración del Consejo no les permite alentar una esperanza de reinstalación laboral en esa u otra dependencia gubernamental.

Despido nacional

El tres de mayo trabajadores del Conafe en las 32 entidades reportaron su despido. Cuauhtémoc Sánchez Osio, director del organismo, argumentó que no renovó el contrato como una petición del Gobierno Federal para impulsar la austeridad. La medida afectó a 33 por ciento de la plantilla nacional.

Además, en varios estados los exempleados denunciaron que fueron despedidos mediante mensajes de WhatsApp.

“Actualmente, la institución no quiere establecer la liquidación. Nos han dicho que no nos corresponde ese pago, ya que según el oficio del Gobierno Federal no procede en materia laboral. Entonces, ¿cómo demandamos nuestro derecho a la liquidación? ¿Cómo vemos la situación?, no tenemos esperanza en volver a nuestro trabajo. Nos ofrecen una reubicación laboral en otras instituciones, aun así hay incertidumbre”.

Alejandro Martínez, Eréndira Báez y otros extrabajadores de Conafe-Michoacán no creen en las propuestas de espera que les planteó el 15 de mayo el director general, Cuauhtémoc Sánchez Osio, porque están conscientes de que él se supedita a la Ley de Austeridad.

Esta política también afecta a otras instituciones, como las Estancias Infantiles para madres solteras, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Cultura, además del programa Prospera.