Los más pobres, sin derecho a un medio ambiente sano

El objetivo del estudio es sentar las bases para motivar una política pública que busque garantizar el ejercicio pleno de este derecho, informó el Coneval en un comunicado.

Redacción

2019-06-05
Ciudad de México

Ciudad de México.- La elevada contaminación del aire, el acceso desigual de la población al saneamiento de agua en el territorio nacional, deficiente manejo de basura y pérdida de bosques y selvas, son los principales retos que impiden ejercer el derecho a un ambiente sano, según el Estudio Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018, presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

 El objetivo del estudio es sentar las bases para motivar una política pública que busque garantizar el ejercicio pleno de este derecho, informó el Coneval en un comunicado.

 Reducido reciclaje de aguas residuales

En 2016, la cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales municipales fue de 58.2 por ciento, con diferencias importantes entre las entidades federativas: Baja California (96.1 por ciento), Nuevo León (96.1 por ciento) y Tamaulipas (96 por ciento), quienes tuvieron la mayor cobertura, mientras que Campeche (6.8 por ciento) y Yucatán (5 por ciento), la menor.

 La disponibilidad efectiva de agua potable en las viviendas no está garantizada por la conexión a la red pública. Si bien es cierto que, a nivel nacional en 2017, 73 por ciento de los hogares con tubería de agua contaban con el suministro diario, 13.9 por ciento recibían el líquido de tres a seis veces por semana y 13.1 por ciento, dos veces a la semana; la situación más crítica estaba en Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero y Puebla, donde el abasto de agua al día era menor al 50 por ciento en las viviendas que tenían toma a la red.

 En otras entidades esta situación también se reportó, aunque en menor medida. Por ejemplo, en Ciudad de México, si bien existe una gran cobertura de viviendas con tubería de agua potable, en realidad solo 78.7 por ciento de los hogares recibieron diario el suministro de agua en 2017, en tanto que 11.2 por ciento tuvieron agua en su vivienda dos o menos veces a la semana.

 En tanto, en Nuevo León, Yucatán, Baja California y Sinaloa, la mayor parte de las viviendas cuentan con una dotación diaria de agua potable (99.4 por ciento, 98.2 por ciento, 98.1 y 97.7 por ciento, respectivamente), de acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2017.

 Elevada contaminación

En las últimas dos décadas, las principales ciudades y zonas metropolitanas del país se han visto afectadas por la contaminación del aire, lo que se ha traducido en un problema de salud pública. Los principales contaminantes que se registran por encima de la norma son el ozono y las partículas en suspensión PM10 y PM2.5. Al respecto, a nivel nacional se estima que en 2016 alrededor de 31,141 muertes fueron atribuibles a la contaminación del aire, cifra que representa 4.7 por ciento del total de muertes en ese año; 24,390 correspondieron a muertes por partículas PM 2.5 y 1,645 fueron atribuibles a la contaminación por ozono. Los sectores que más inciden en la generación de contaminantes son las fuentes móviles (vehículos automotores) y la generación eléctrica.

 En 2015, 79.7 por ciento de la energía eléctrica generada fue a partir de fuentes convencionales y solo 20.3 por ciento de tecnologías limpias. Al respecto, el Estudio Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018. Señala que  se requiere incrementar la inversión y corresponsabilidad de las entidades federativas que más contaminantes emiten para la generación de energías limpias.

La baja calidad del aire también se presenta al interior de las viviendas que utilizan leña para cocinar, principalmente en las comunidades indígenas y la población rural. Esta es especialmente peligrosa para la salud por la proximidad entre la fuente de contaminación y los miembros de la familia, sobre todo para mujeres, niñas y niños.

En 2016, 7.6 por ciento del total de viviendas no indígenas cocinaba con leña o carbón y además no tenían chimenea. En tanto, 42.5 por ciento de las viviendas indígenas usaron leña o carbón para cocinar y no contaban con chimenea.

 La ausencia de un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos deriva en la contaminación de mantos acuíferos, suelos y aire, así como en una baja tasa de reutilización y valoración de los desechos.

 En 2015, a nivel nacional, 14.1 por ciento de la población no desechó sus residuos por el sistema de recolección, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, por lo que es probable que hayan sido quemados o depositados en barrancas, ríos u otras áreas naturales. Cabe resaltar que, en 2012, sólo se recicló 5 por ciento de los residuos recolectados. Por ello, se requiere contar con un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos, para evitar la contaminación de mantos acuíferos, suelos y aire, así como ampliar el nivel de reutilización y valoración de desechos.

 El país tiene altos niveles de pérdida de cobertura vegetal y degradación del suelo. Aproximadamente el 50 por ciento del territorio ha perdido su cobertura vegetal original, esto implica pérdida de biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero, pérdida de fertilidad del suelo y aparición de erosión, lo que a su vez incide en la disminución de la producción de alimentos pudiendo afectar el derecho a la alimentación.

 Por tipo de ecosistema, el porcentaje de pérdida es: en selvas 42.5 por ciento, en pastizales 39.8 por ciento, en el caso de bosques 27.5% y en matorrales 10.3 por ciento. Lo anterior, como resultado de la expansión de la superficie para terrenos agrícolas, pastos para el ganado, actividades mineras, expansión urbana o creación de infraestructura.

 Los pobres, los más vulnerables

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México es uno de los países más vulnerables ante los efectos de este fenómeno debido a su ubicación geográfica (está localizado entre dos océanos y, dada su latitud y relieves, está expuesto a fenómenos meteorológicos) y características sociales, en particular la vulnerabilidad social que existe en México, corroborada a través de la pobreza.

Los impactos del cambio climático se extienden a todos los habitantes de las ciudades, pero la población más expuesta es la que vive en situación de pobreza, debido a las condiciones de las viviendas y a la provisión inadecuada de servicios básicos, como agua, drenaje, salud y recolección de basura.

 Por lo tanto, el cambio climático constituye un grave obstáculo para la erradicación de la pobreza e incluso puede llegar a aumentar la brecha entre países desarrollados y en desarrollo. Por esta razón, el análisis de la vulnerabilidad social debe tomarse en cuenta como un factor clave que actúa en la conformación del riesgo ante posibles desastres, mediante la promoción o el debilitamiento de las capacidades de resiliencia y adaptación social.

 En México, 13 entidades comprenden municipios clasificados con vulnerabilidad alta y muy alta ante el cambio climático. La mayoría de estos estados se ubican en la región sur y sureste del país y son, en general, los que tienen mayores niveles de pobreza y rezago social.

 En ese sentido, el Estudio Diagnóstico del Derecho al Medio Ambiente Sano 2018 sugiere considerar un enfoque transversal en el abordaje de este derecho para establecer estrategias conjuntas en la materia (políticas de movilidad, de vivienda, de salud, entre otras).

 Es necesario motivar la participación de más actores en la garantía del disfrute del derecho al medio ambiente sano, así como la corresponsabilidad de la sociedad, del sector empresarial y de todos los órdenes de gobierno, para la conservación del medio ambiente.

El Coneval planteó a la administración federal algunas medidas, que de aplicarse pueden reducir la brecha y garantizar el derecho a un ambiente sano. Entre ellas, ampliar la infraestructura de agua potable y servicios de saneamiento (drenaje) en localidades rurales y comunidades indígenas.

 Garantizar la disponibilidad efectiva (frecuencia de suministro) y de calidad (potable) de agua en las viviendas, contar con un sistema de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos urbanos para evitar la contaminación de mantos acuíferos, suelos y aire, y ampliar el nivel de reutilización y valoración de los desechos, entre otros.