Simulación en la Reforma Laboral de la 4T

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE. UU.), advirtió, el dos de abril, al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) que los legisladores demócratas, que tienen mayoría en ese órgano legislativo, no respaldarían el

Martín Morales

2019-05-13
Ciudad de México

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE. UU.), advirtió, el dos de abril, al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) que los legisladores demócratas, que tienen mayoría en ese órgano legislativo, no respaldarían el remplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mientras no se ajuste la legislación laboral a los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral el 11 de abril y el Senado de la República el día 29; el 1º de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La ley reglamentaria, aún pendiente, se metió al horno del Palacio Legislativo de San Lázaro y en unos cuantos días estuvo lista. “Estamos demostrando que en México cumplimos los compromisos; se dijo que se iba a aprobar esta reforma y ya cumplimos. Ahora corresponde al gobierno de EE. UU. terminar de aprobar el Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos cumpliendo, queremos ese tratado con EE. UU. y Canadá”, dijo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 30 de abril.

Los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dieron su visto bueno a estas reformas, cuyo contenido principal atañe a la democracia sindical, la negociación colectiva y la justicia laboral. Se modificaron disposiciones de las siguientes leyes secundarias: Federal del Trabajo; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de Defensoría Pública; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para mediados de este año, una vez que los congresistas de EE. UU. aprueben el nuevo tratado trilateral, tocará a los legisladores mexicanos estar atentos a las indicaciones del vecino del norte.

La reforma laboral es una de las modificaciones neoliberales aprobadas el 24 de febrero de 2017 y emitidas por la administración federal del expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue sometido por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien entonces exigió a México la introducción en la Constitución local de los convenios 87 y 98 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en materia de democracia sindical, negociación colectiva y justicia laboral.

En rigor, esta reforma es una adecuación del marco legal mexicano al modelo del capitalismo global y de libre mercado promovido por EE. UU. y Occidente, cuyos corporativos han contribuido a la creciente precarización laboral en México, que se vio alentada cuando el gobierno panista del expresidente Felipe Calderón promovió la contratación outsourcing en noviembre de 2012.

Con esa reforma avanza la pérdida del poder adquisitivo en México, cuya cifra promedio es superior al 70 por ciento en los últimos 36 años; así como el reforzamiento del modelo de libre mercado, cuya premisa es el estancamiento de los salarios a fin de ofrecer mano de obra barata a los inversionistas extranjeros.

Al referirse a la aprobación de esta reforma en modo fast track por el Congreso de la Unión, AMLO habló de largas y arduas negociaciones a fin de concretarla gracias a la “buena voluntad de los sectores” y al diálogo con los sectores obrero y empresarial. En la misma conferencia, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, cuantificó los artículos reformados: “Un primer decreto que reforma cinco leyes, 569 artículos fueron reformados: 555 de la Ley Federal del Trabajo, seis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dos de la Ley Federal de la Defensoría Pública, dos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda y cuatro de la Ley del Seguro Social”.

Presiones externas

Alejandro Vega, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), dijo a buzos que en esta reforma hay tres aspectos a destacar: “Lo relacionado con la democracia sindical, que ha sido una demanda del movimiento obrero independiente durante mucho tiempo. La supuesta democracia sindical no es una respuesta a la lucha de los trabajadores; ésta responde a una condicionante para que avance el T-MEC”.

“En cuanto a las formas de contratación outsourcing nada cambia, es un punto que fue el corazón de la reforma laboral 2012, y quedó pendiente también en la reforma 2017. Ahora que era la oportunidad de moverlo, que el propio AMLO había planteado que el outsourcing es negativo, se deja de lado. Entonces, razón de más para entender que es un asunto que determinan presiones externas, concretamente de EE. UU.”, argumentó el experto.

Adán Rivera, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), afirmó que la reforma está relacionada con la puesta en marcha del T-MEC y que tiene el objetivo de beneficiar los negocios de las corporaciones. “Esta reforma sigue la misma línea de las que se han hecho hasta ahora, encaminada a ofrecer mano de obra barata a los inversionistas corporativos. Las repercusiones se pueden ver claramente en el caso de las maquiladoras, el aumento decretado por este gobierno no se generalizó debido a la resistencia de las corporaciones”.

Pero dicha reforma reglamentaria a su paso por el Senado de la República tuvo una ampliación que no estaba incluida en la minuta enviada por la Cámara de Diputados y que consistió en una modificación al Artículo 69º de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123º constitucional, que regula las relaciones del Estado con sus trabajadores, para que los burócratas tengan mayor libertad política a través de sus dirigentes sindicales, para así crear nuevos sindicatos en el ámbito gubernamental y privado.

Al cierre de esta edición, este agregado es objeto de análisis en la Cámara de Diputados, quienes finalmente deberán votar. De aprobarse, esta reforma representaría el desmontaje de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), filial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como se presume que puede suceder también con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y otras organizaciones obreras pertenecientes al Congreso del Trabajo (CT).

Este añadido de último minuto fue propuesto por los senadores morenistas, Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces Barba. ¿Quiénes son? Gómez Urrutia es el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, pero hoy lo es también de la Central Internacional de Trabajadores (CIT), de nueva creación, con registro oficial y con la pretensión de aglutinar sindicatos de diversos sectores de la producción con sus respectivos contratos colectivos de trabajo.

Haces Barba fue expulsado de la CTM tras un fallido intento de apoderarse de la Secretaría General de esta organización, a la muerte de su tío Leonardo Rodríguez Alcaíne, quien había sido líder electricista y de dicha confederación. Fundó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), con la que ha aspirado a aglutinar más sindicatos.

Gómez Urrutia y Haces Barba operan en la 4T, son cercanos a AMLO y tienen como objetivo “cachar” sindicatos de los sectores privado y público para ganar terreno político.

Outsourcing estanca crecimiento

Para los especialistas en derecho laboral, la reforma de la 4T en esta materia deja intacta la primera versión de la reforma neoliberal aprobada en noviembre de 2012; con ésta se introdujeron contrataciones laborales mediante empresas terciarias, hecho que vendió la promesa de que se incrementarían las oportunidades de trabajo en áreas específicas con la subcontratación por horas, jornadas, semanas, o meses.

Los expertos aseguran que la proliferación de la subcontratación laboral ha precarizado el empleo en el país, minimizado los ingresos de los trabajadores y generado mayor inseguridad económica; con ello se impide que los trabajadores puedan hacer antigüedad y de este modo aspirar a una pensión de retiro.

Estas prácticas, además, fomentan la evasión de impuestos y el pago de cuotas al IMSS, a las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) y al Infonavit. Es decir, el outsourcing no impulsa en nada el crecimiento económico del país, menos el bienestar de los mexicanos.

Cambio o simulación

Analistas consultados por buzos estimaron que, de aplicarse en sus términos el contenido de la reforma laboral puesta en marcha, reiniciará la histórica disputa al interior del sindicalismo mexicano, aunque existe la posibilidad de que terminen prevaleciendo los poderosos intereses económicos y se convierta en otra simulación.

La reforma reglamentaria hecha con base en los lineamientos de la OIT impulsaría la desaparición del sindicalismo “blanco” o de “protección”, es decir, aquel que concierta contratos colectivos de trabajo (CCT) favorables a los intereses empresariales.

La instauración o renovación política de los sindicatos mediante el surgimiento de nuevas directivas realmente electas por los trabajadores y definidas con la libertad de afiliación de éstos, dejaría a los patrones al margen de la posibilidad de seguir negociando el CCT de protección con líderes sindicales “charros” o “blancos”.

Sin embargo, los especialistas en temas laborales dijeron que la promulgación de la reforma no representa por sí misma cambios estructurales en el país.

El reto de la 4T es la implementación de las medidas que suponen el desmontaje de las estructuras de control político instaladas en el país desde mediados del siglo XX. Con estas estructuras se avanzó en el objetivo posrevolucionario de desarrollar el capitalismo en México a costa de frenar el progreso del proletariado mexicano y supeditarlo social, económica y políticamente.

La estructura sindical inaugurada por la CTM en 1936 e integrada al PRI como Sector Obrero en 1946, definió la estabilidad económica y política del sistema priista en las siguientes décadas.

A la fecha, los sindicatos de sectores económicos estratégicos del país forman parte aún de la CTM y del CT. Los líderes sindicales cetemistas han ratificado su militancia en el PRI, pero han expresado que sus agremiados han quedado en libertad de afiliarse a cualquier otro partido si así lo deciden, como lo manifestó, en octubre de 2018, el dirigente Carlos Aceves del Olmo.

Previo al inicio de la gestión gubernamental de la 4T, los líderes cetemistas de sindicatos nacionales y federaciones estatales y regionales fueron ratificados en sus puestos por los trabajadores agremiados.

En la CTM y en el Congreso del Trabajo militan organizaciones estratégicas como el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), cuyos dirigentes, Carlos Romero Deschamps y Víctor Fuentes del Villar, pertenecen aún a los cuadros del PRI, al igual que el propio secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo y el de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, el ferrocarrilero Víctor Flores y el actual diputado federal priista, Isaías González Cuevas, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos (CROC).

El caso de la empresa trasnacional Walmart es emblemático, porque siendo la firma privada empleadora mayoritaria en México, también es la que más recurre a la contratación de personal por outsourcing, pagando salarios muy bajos sin asumir compromisos de carácter formal, una práctica arropada por el sindicalismo a modo.

El especialista Alejandro Vega comentó al respecto: “En cuanto al outsourcing, el caso de Walmart no solo es uno de los más representativos, sino también del mantenimiento del sindicalismo de protección (sindicatos de trabajadores al servicio del patrón). Si realmente se va a hacer algo por desmontar este tipo de cosas, con éstas se debería empezar”.

Y aseguró que hay otros casos similares. Por ejemplo, el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) decidió que todos sus trabajadores pasaran a formar parte de Operadora Bancomer, que no es más que una empresa outsourcing y, por supuesto, no reparte utilidades ni asume compromisos de tipo laboral. “Por eso digo que una cosa es el papel y otra lo que vaya a suceder en la práctica”, aseveró Vega.

Tras la promulgación de la reforma, AMLO organizó una comida para celebrar el Día del Trabajo, a la que invitó a 200 personajes del ámbito laboral, entre los que figuraron los dirigentes de la CTM y la FSTSE, Carlos Aceves y Joel Ayala, respectivamente. En este evento, el mandatario afirmó que él no tendrá dirigentes sindicales favoritos, “no habrá tutelaje” porque los trabajadores “ya son mayores de edad”. También llamó a sus invitados a no generar confrontaciones, a sumarse a la 4T y a respaldar las acciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que encabeza Luisa María Alcalde.

Alejandro Vega cuestionó que por un lado se emita una legislación que pretende reordenar el sindicalismo en México, mientras que ese mismo día AMLO convoca a una comida a los líderes sindicales que corrompen y dañan al sindicalismo mexicano. “Ahora resulta que ellos también formarán parte de la 4T. En fin, todo puede terminar siendo gatopardismo, haciendo como que cambian para no cambiar nada”, afirmó.

Largo proceso de implementación

La reforma reglamentaria impulsada por la 4T prevé largos periodos de implementación. Por ejemplo, en el caso de los CCT vigentes habrá paulatina revisión en el curso de cuatro años, con el objetivo de verificar que no sean de “contratos de protección”, y para que el sindicato titular cuente con el respaldo de los trabajadores. También deberán organizarse elecciones internas en los sindicatos a fin de que los trabajadores voten libremente por nuevos dirigentes.

Habrá un lapso, asimismo, para que se desmonten las Juntas de Conciliación y Arbitraje y en su lugar se instale un nuevo organismo de regulación laboral que pasará a formar parte del Poder Judicial de la Federación (PJF). También está prevista la creación de una institución, gubernamental y “descentralizada” de la STPS, que se encargará de registrar a las agrupaciones sindicales para darles la “toma de nota”.

“Algo que está por verse es la transformación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Implica un movimiento gigantesco y con las políticas de austeridad tan drásticas que se están poniendo en marcha, pues habrá que ver si se van a destinar los recursos necesarios para concretar toda esta migración de la administración de la justicia laboral, transfiriendo la conciliación ahora al Poder Judicial. La gran incógnita, como muchas otras, es si las medidas solo quedan en papel o tendrán efecto en la práctica”, reflexionó Alejandro Vega.

En el sexenio peñista no se reglamentó la reforma constitucional, en síntesis, la estructura sindical sigue vigente desde mediados del siglo XX y ha operado como un enfriador del motor de la lucha de clases a través del control político ejercido por el movimiento obrero priista, en particular por la CTM.

El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, expedido por la OIT en 1948, había sido rechazado en reiteradas ocasiones por los gobiernos mexicanos, aduciendo razones de “seguridad nacional”; pero en el fondo se trataba de proteger a los empresarios a través del fortalecimiento del sindicalismo simulado. La 4T sostiene que los sindicatos “charros” desaparecerán, pero como en la mayoría de sus promesas, habrá que esperar los resultados