Aumento al transporte público: entre la necedad y la necesidad

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana exigió un incremento de cuatro pesos en la tarifa del transporte público en el Estado de México

Fernando Nava

2019-04-22
CIUDAD DE MÉXICO

La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) exigió el pasado 21 de marzo un incremento de cuatro pesos en la tarifa del transporte público en el Estado de México (Edomex), para que la cuota mínima por viaje quede en 14 pesos.

Axel García, líder de esta asociación en el Estado de México, aseguró que su organización ya realiza negociaciones con la autoridad estatal para aumentar el precio del pasaje, porque “en la mayoría de los estados ya se ha estado ajustando la tarifa y la del Edomex se encuentra desfasada”.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad mexiquense desmintió que esté negociando con los transportistas para ajustar la tarifa del transporte público en la entidad. El titular de esta oficina, Raymundo Martínez Carbajal, afirmó que las autoridades estatales no tienen contemplado ningún ajuste y advirtió que los transportistas que indebidamente aumenten el pasaje serán sancionados.

Destacó que, en caso de que se detecte en flagrancia a un chofer, la sanción puede llegar hasta el retiro de la concesión, por lo que exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier cobro excesivo en el transporte público.

Usuarios, los más afectados por aumento

Adriana viaja de lunes a viernes del municipio Nezahualcóyotl, en el oriente del Estado de México, a Ciudad Universitaria, en el sur de la Ciudad de México, donde estudia.

Su gasto diario es de 30 pesos, ya que para ir a la escuela toma una combi que la lleva de su casa al Metro Pantitlán, que le cobra 10 pesos, hasta ahora el pasaje mínimo en el Edomex; luego toma el Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro), cuyo boleto cuesta cinco pesos. La universitaria ocupa la misma ruta para volver a su hogar.

Solo en pasajes, gasta 150 pesos a la semana; esta cantidad representa la mitad de los 300 pesos que sus padres le proporcionan cada semana para ir a la universidad. El resto lo utiliza para alimentos, materiales escolares y otros gastos. Un eventual aumento de cuatro pesos en la tarifa del transporte público en el Edomex, elevaría su gasto semanal de 150 a 190 pesos, lo que representaría casi dos terceras partes de su presupuesto semanal.

En la misma situación de Adriana están dos millones 244 mil 877 personas que de lunes a viernes se trasladan de diversos municipios de la zona conurbada de la entidad mexiquense a la capital del país, reporta la última Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Transportistas brincan la autoridad

Representantes de al menos 28 empresas del transporte público concesionado en el Edomex aseguraron en conferencia de prensa que las tarifas en la entidad subirán cuatro pesos “con o sin el aval de las autoridades, ya que es incosteable la operación del servicio público de transportación con el precio actual”.

El incremento, sostuvieron, es necesario ante las pérdidas que registran en su operación diaria, por lo que dieron el plazo de una semana a la Secretaría de Movilidad mexiquense para que atienda su solicitud de diálogo y no tengan que actuar por cuenta propia. La advertencia de los líderes transportistas tuvo lugar a finales de marzo.

De acuerdo con ellos, su demanda de aumento se sustenta en un estudio realizado en colaboración con el Instituto del Transporte (IT) mexiquense en el que se demuestran sus pérdidas económicas a causa de los altos costos del combustible, gastos en refacciones, salarios de los operadores y pago de seguros de vehículos, entre otros.

El ajuste anterior a la tarifa del transporte público en el Edomex se realizó en 2017, cuando el pasaje mínimo pasó de ocho a 10 pesos. La nueva cuota fue aprobada por las autoridades mexiquenses con la condición de que las empresas renovaran sus vehículos e implementaran medidas preventivas contra asaltos y accidentes.

La tarifa mínima vigente de 10 pesos se aplica para recorridos relativamente cortos que no superan el kilómetro; rebasada esta distancia se incrementa el precio y un viaje puede costar 23 pesos o más.

Congreso mexiquense se opone al aumento

Integrantes del Congreso del Estado de México instaron al Poder Ejecutivo mexiquense, encabezado por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para que la Secretaría de Movilidad se mantenga firme en su negativa a aumentar las tarifas de transporte público concesionado.

Esta declaración surgió cuando los representantes del transporte en el Valle de Toluca emplazaron al gobierno estatal a instalar una mesa de diálogo para discutir el alza al pasaje y advirtieron que, de ignorarse su petición, incrementarán de manera unilateral cuatro pesos a la tarifa mínima.

El rechazo del Legislativo mexiquense al aumento pretendido por los transportistas se presentó mediante un punto de acuerdo avalado por los diputados locales de todos los partidos. Los integrantes del Congreso mexiquense consideraron que el servicio de transporte en el estado es ineficiente, sucio e inseguro, por lo que los empresarios deben preocuparse prioritariamente en ofrecer un servicio seguro y de calidad.

En el punto de acuerdo, además del rechazo contundente a un alza en los pasajes, también se exhortó a las autoridades estatales para que se sancione a todas las empresas que violen las tarifas vigentes.

En respuesta a la postura del Legislativo estatal, el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, Odilón López Nava, dijo que el aumento “va porque va, ya que es una necesidad para poder solventar los gastos de las unidades”.

López Nava reprochó a los integrantes de la LX Legislatura estatal el “argumentar sin conocer” de lo que hablan pues “en ningún momento se han subido al transporte público”. El delegado de la Canapat aseveró que el “40 por ciento del transporte público en el Valle de Toluca es pirata: no cuentan con los papeles requeridos en tiempo y forma, lo que ocasiona sobrepoblación de unidades, inseguridad y caos vial”.

 

Hablan las víctimas del transporte público

En entrevista con este semanario, Adriana, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que la limitada oferta de unidades y precarias condiciones del transporte mexiquense la obligaron finalmente a cambiar su lugar de residencia.

“Tuve que mudarme con mi hermana que vive en Nezahualcóyotl, ya que cuando vivía en Los Reyes esperaba en las noches hasta una hora para que saliera la combi del Metro La Paz, que tarda tan solo 10 minutos en llegar a mi colonia, pero en el peor de los casos, ya no alcanzaba la última unidad”.

La universitaria explica que las unidades de transporte público de Nezahualcóyotl están en mejores condiciones que las de Los Reyes. “Hay más y no están tan maltratadas, incluso la mayoría ya traen cámaras de videovigilancia”.

Sin embargo, no está conforme con las condiciones en las que se encuentra el paradero de Pantitlán, el tiempo de espera para la salida de las unidades y la capacitación de los operadores. “Son groseros y no portan ningún uniforme.” Estas acciones violentan el Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México.

 

Treinta años de alzas en los pasajes en Edomex

De 1989 a 2017 la tarifa del transporte público concesionado en el Edomex aumentó 28 veces; en 14 ocasiones con incrementos de 50 centavos, en algunos años con un peso 50 centavos y con dos pesos –la más alta– en 2017.

En la pirámide tarifaria de la Secretaría de Movilidad se puede apreciar que los aumentos más significativos se concedieron en 2001, cuando la tarifa mínima pasó de 2.50 a cuatro pesos. En 2004, el pasaje subió de cuatro a 4.50; en 2008, el pasaje mínimo se fijó en 5.50; en 2010 llegó a siete pesos; en 2013 subió a ocho pesos y en 2017 alcanzó los 10 pesos, que es la tarifa actual.

Este último ajuste equivalió al 25 por ciento de aumento y dañó severamente la economía familiar de los usuarios. Por ello, la actual pretensión de los transportistas de alzar la tarifa mínima de 10 a 14 pesos, que equivaldría al 40 por ciento, no tiene precedentes y provocaría un daño muy grave a la mayoría de las familias mexiquenses.

Históricamente, los ajustes se han aprobado bajo el compromiso de las empresas de mejorar el servicio, renovar las unidades, capacitar a los operadores e implementar estrategias para reducir los índices delictivos. Pero luego de casi 30 años de ajustes en las tarifas, el incumplimiento de los transportistas persiste.

Inseguridad a bordo

De enero de 2017 a diciembre de 2018, se registraron 18 mil 595 denuncias ante el Ministerio Público, por asaltos registrados en unidades del transporte colectivo concesionado del Edomex.

En 2017 se denunciaron ante la Fiscalía estatal nueve mil 594 asaltos contra usuarios del transporte público, de los cuales nueve mil 459 (es decir, el 98.5 por ciento) fueron con violencia, según el banco de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Dicha estadística no considera los delitos cometidos contra pasajeros de taxis y, además, la mayoría de los ilícitos no se denuncian.

El pasado 18 de marzo, en el municipio de Tecámac, dos sujetos obligaron a los pasajeros a bajar de la unidad donde viajaban para luego activar una granada de gas lacrimógeno en el interior del vehículo. El ataque, registrado en la autopista México-Pachuca, a la altura de la Colonia Loma Bonita, se debió a que la empresa “no estaba pagando la renta” y de esta forma los delincuentes le enviaron su mensaje.

Operadores y representantes del transporte público de la región de Tecámac y Zumpango han denunciado públicamente que son extorsionados por supuestos grupos criminales con hasta 30 mil pesos semanales para que puedan trabajar sin riesgos.

A pesar de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la detención de personas identificadas como presuntos extorsionadores, los transportistas aseguran que “esperan que la Fiscalía del Estado de México haga su trabajo e investigue”.

A lo anterior se suma que solo 26 mil de las 168 mil unidades de transporte público en el Edomex cuentan con cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización (GPS) y botones de pánico, pese a ser un requisito de carácter obligatorio para los concesionarios a partir del 20 de marzo de 2018, fecha en que se publicó en la gaceta del Gobierno del Estado de México.

Además, la mayoría de estos mecanismos, aseguran los propios transportistas, no están conectados en tiempo real con ningún centro de mando policial y sus oficinas de la ruta.

Impune, 90 por ciento de robos en transporte público

Nueve de cada 10 personas presentadas ante el Ministerio Público por presunto robo en transporte público –tan solo en el Valle de Toluca– son puestas en libertad por falta de denunciantes, informó el coordinador de la Policía de Transportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), comisario Nicolás Morales Teves.

Es decir, aunque los infractores son detenidos por las autoridades policiacas, no son enjuiciados debido a la falta de testigos que imputen el hecho. “Lo que sucede es que cuando ya tenemos a los delincuentes, ni los operadores ni la población quieren denunciar”, explicó Morales Teves a principios de marzo.

Al respecto, el funcionario exhortó a las autoridades y a las empresas del transporte público mexiquense para que, con los operadores, denuncien los ataques que padecen cotidianamente. El jefe policiaco dijo que los ciudadanos tienen miedo de denunciar a los delincuentes y a participar en la elaboración de las carpetas de investigación correspondientes.

En 2018 se registró un total de nueve mil 77 denuncias por robos en el transporte público; de éstas solo 76 fueron sin violencia contra operadores y usuarios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Estado de México. En lo que va de 2019 se han reportado 798 incidentes en la entidad y solo uno de ellos sin violencia.

Aunque no ha sido víctima de ningún asalto ni hecho violento a bordo del transporte público, Adriana asegura que ha sido testigo de robo a un pasajero a quien lo despojaron de su celular. “El señor iba en la ventanilla y en un momento que la combi se detuvo, se le emparejó una moto y el que la traía metió la mano y le arrebató el celular. El señor decidió no hacer nada para recuperarlo”.

Por la inseguridad, la universitaria rechaza la pretensión de aumentar la tarifa del transporte público mexiquense, aunque  prometieran “que mejorará la calidad del servicio y de las unidades, porque ya lo han prometido y no han cumplido”.

Sin embargo, la principal razón del rechazo de Adriana a cualquier alza tarifaria es que ésta afectaría su economía y la llevaría a dejar el Estado de México para rentar en un lugar más cercano a su escuela, con lo que cambiaría totalmente su estilo de vida.

Transporte mexiquense a punto del colapso        

Para 2025, el transporte público mexiquense se encontrará en una situación más precaria que la actual, “pues habrá una disminución de los ingresos totales de los usuarios –debido a los aumentos en las tarifas– y una expansión urbana de baja densidad, con distancias a recorrer cada vez mayores”, informa el estudio 10 Estrategias de Movilidad para un Estado de México Competitivo, Seguro y Sustentable.

Lo anterior dificultará que el sector privado considere redituable el negocio del transporte público concesionado en la entidad, “lo que impactará a los usuarios del sistema sin acceso a vehículo privado (es decir, la mayoría de la población)”, según el dictamen de este documento, publicado en 2011 por el Centro de Transporte Sustentable México y el Instituto para el Transporte y Políticas de Desarrollo.

De no tomar acciones concretas, la tendencia favorecerá “viajes más largos, pasajes más caros, vehículos más deteriorados y con una edad promedio más allá de su vida útil,  que afectará directamente la integridad física de los usuarios”, advierten las organizaciones que avalan el estudio.

“La consecuencia de todo esto será una pérdida de competitividad y atractivo de la región, tanto para ciudadanos como para empresas y, cada vez más, el Estado de México jugará un papel secundario frente a las políticas públicas de desarrollo sustentable que se concentrarán en la Ciudad de México”; el reporte concluye que la movilidad de los mexiquenses dependerá de las políticas públicas aprobadas en la capital del país.