Desigual asignación de recursos empobrece el campo mexicano

Pese a que integran el grupo social mayoritario en el campo mexicano, los pequeños propietarios han sido excluidos históricamente del progreso que este sector ha reportado en el pasado. En los últimos años su pobreza, marginalidad social y tecnológica han

Fernando Nava

2019-03-18
Ciudad de México

Pese a que integran el grupo social mayoritario en el campo mexicano, los pequeños propietarios han sido excluidos históricamente del progreso que este sector ha reportado en el pasado. En los últimos años su pobreza, marginalidad social y tecnológica han aumentado porque el gobierno privilegia los subsidios que otorga a las grandes empresas agropecuarias del gran capital.

Los apoyos financieros que la exsecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregó en administraciones federales anteriores favorecieron a las empresas Bimbo, Maseca y Bachoco en vez de beneficiar a los medianos y pequeños propietarios agrarios, revela Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

Entre 2006 y 2012, reporta este organismo en Subsidios al campo –investigación que recopila cifras del entonces Sagarpa– que “las entidades más beneficiadas con los subsidios gubernamentales para el campo se caracterizaron por tener un mayor número de productores con predios grandes, que utilizan tracción mecánica, disponen de sistemas de riego y comercializan su producción”.

Los datos de Fundar son reveladores: el 20 por ciento del padrón del programa Procampo –conformado por grandes productores– concentró cerca del 60 por ciento de los subsidios otorgados, en contraste con el 40, porcentaje que se entregó al 80 por ciento de los campesinos, la mayoría “productores menos capitalizados, pobres, temporaleros y minifundistas”.

Esta política se mantuvo en el sexenio anterior debido a que el Programa Nacional de Desarrollo (2013-2018) planteaba la necesidad de “reorientar los programas para transitar de los subsidios ineficientes a los incentivos a la productividad y a la inversión”. Es decir, se demeritó la labor de los pequeños y medianos productores, asevera Fundar.

“Por razones que no quedan claras, Procampo excluyó a la mayoría de los productores de menores ingresos de México, aquellos que tienen menos de dos hectáreas de tierra. Procampo excluyó a los más pobres entre los pobres”, asegura Jonathan Fox, del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de California, en una conferencia organizada por Fundar.

Fox precisó además que los subsidios no se limitaron a pagos directos. El entonces Sagarpa financió a grandes productores con programas para la adquisición de bienes de capital, como tractores; reembolsar consumos de diésel; subsidiar el bombeo del agua de riego y aun la cobertura de mercados a productores comerciales.

A pesar de las condiciones precarias para producir y de la falta de apoyos económicos al campo mexicano en los últimos años, “la pequeña agricultura representa el 39 por ciento de la producción agropecuaria nacional”, afirma Manuel Cervera Villanueva, encargado del proyecto Subsidios al Campo, que promueve Fundar.

En este escenario, el Gobierno Federal sustituyó Procampo por el programa Producción para el Bienestar, con el que se pretende beneficiar a productores de menos de 20 hectáreas. Sin embargo, su padrón se integra con los beneficiarios del programa anterior y se complementa con el de los productores de maíz y frijol.

Desigualdad en subsidios agudiza pobreza

Además de la disparidad en la asignación de recursos entre productores del campo, grandes y pequeños, la concentración desigual de los subsidios agropecuarios del gobierno está profundizando la enorme disparidad social, económica y tecnológica que existe entre el norte y el sur de México.

En solo cinco estados de la República Mexicana se concentra casi el 40 por ciento del presupuesto federal agropecuario destinado a subsidios: Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua, todos ubicados en el norte, con excepción del último. El restante 60, de los apoyos federales al campo se distribuye entre 27 entidades, informa el estudio Los pequeños productores y la política pública, a cargo del investigador Héctor Manuel Robles Berlanga, publicado en 2013.

Esta investigación, realizada con base en información oficial de la Sagarpa, también evidenció que los estados que más se beneficiaron entre 2007 y 2010 “se caracterizan por tener un mayor número de productores con predios grandes, que utilizan tracción mecánica, disponen de riego y comercializan su producción”.

Es decir, “los subsidios tienden a beneficiar a los productores más capitalizados del país, mientras castiga a los productores minifundistas temporales, pobres y menos capitalizados”. Estos últimos, precisa el estudio, solo recibieron una décima de punto porcentual del total de los recursos federales destinados al campo; la misma fracción de subsidios para energía e irrigación y solo entre dos y tres por ciento de los recursos de Procampo.

En contraste, los productores con mayor producción e ingresos, recibieron el 85 por ciento de ingreso objetivo; el 60, de los recursos de energía e hídricos; el 42, de Procampo y el 55, por el concepto de alianza, según el estudio Subsidios agrícolas en México: ¿quién gana y cuánto?, de John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En México, afirman Jonathan Fox y Libby Haight, “el gasto en agricultura es tan regresivo que anula aproximadamente la mitad del efecto redistributivo del gasto en desarrollo rural, porque más de la mitad (del gasto) se concentra en el sector más rico”. Es decir, la aguda concentración de los subsidios agrícolas en empresas o propietarios privilegiados, agudiza la desigualdad en las regiones más pobres del país.

A esta disparidad se suma la falta de políticas de Estado dedicadas a elevar la competitividad productiva de los campesinos en los estados más pobres del país. En lugar de inversiones destinadas a estimular la producción con capacitación y nuevas tecnologías, las políticas públicas en esas regiones pretenden “superar la pobreza” con base en apoyos asistencialistas.

Un ejemplo de la aplicación desigual de estas políticas de Estado se evidenció en la ausencia de municipios indígenas en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), porque éstos se “beneficiaban” con los programas asistencialistas Oportunidades y Diconsa. Aunque Procampo se diseñó para llegar “a los productores más pequeños”, hasta 2007 se informó que solo el 12.4 por ciento del gasto ejercido en agricultura benefició a municipios con población indígena.

La política desigual de apoyo estatal del campo mexicano evidencia su marcada orientación “clasista” cuando se advierte que el 97.6 por ciento de los productores son pequeños y medianos, y que éstos son responsables del usufructo del 85.3 por ciento de la superficie rural; significa que solo el 2.4 de los productores agropecuarios en el país son considerados grandes y sus aportaciones apenas superan el millón de pesos del valor de su producción, según la Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el territorio nacional hay 9.3 millones de predios rurales con una extensión global de 190.3 millones de hectáreas, de las que el 69 por ciento están dedicadas a la actividad agrícola y el 11, a la ganadería, reporta el Inegi. De los 6.4 millones predios con uso agrícola, los 3.3 millones tienen extensiones promedio entre 0.01 y dos hectáreas.

Es decir, aproximadamente el 51.56 por ciento del agro mexicano lo trabajan pequeños productores. Los terrenos agrícolas de dos a cinco hectáreas son 1.4 millones (21.87 por ciento); los de cinco a 20 hectáreas son de 1.2 millones (18.75 por ciento) y los mayores de 20, tan solo a 0.373 millones (5.82 por ciento).

Los productores con menos de cinco hectáreas, de acuerdo con Fundar, se han multiplicado y en los últimos 80 años crecieron el 709 por ciento al pasar de 332 en 1930 a 2.6 millones en 2007, cuando se levantó el último Censo Agrícola Ganadero. Siete de cada 10 de estos pequeños propietarios producen maíz y seis de cada diez, frijol.

Su promedio de producción por predio es del 73.4 por ciento en maíz amarillo; el 70.5, de maíz blanco y el 70.6, de frijol. Además, la pequeña y mediana agricultura genera la mayor parte del empleo agropecuario, con el 74.1 por ciento, es decir, aportan tres de cada cuatro empleos en el campo, de los que el 63.4, son ocupados por los propios campesinos, familiares y jornaleros contratados.

La mayoría de los productores ligados a las empresas agroindustriales son minifundistas. En este sector, los predios destinados a producir maíz son en promedio de 2.7 hectáreas; las de caña de azúcar y frutas, de cinco; las de café, de 1.9, y las de tabaco de dos hectáreas.

En el 96.8 por ciento del total de terrenos agrícolas se practica la agricultura a cielo abierto, cuyos principales cultivos en una temporada anual, según el tipo de terreno, son maíz (79.7 por ciento), frijol (7.3) y sorgo (4.9). En uno de cada 100 predios se practica la agricultura protegida, en la que destaca la siembra de jitomate, cuyo cultivo es muy delicado.

En el campo mexicano siguen predominando los ejidos y comunidades agrarias, entidades colectivas que representan el 76.3 por ciento de los predios rurales, frente al 20.9, reconocidos como propiedad privada. No obstante, según los datos del Inegi, la propiedad privada creció al cinco por ciento en nueve años.

El cultivo anual que más superficie siembra es el maíz, con ocho mil millones 364 hectáreas en 2016, seguido por el sorgo con mil 665 hectáreas y el frijol con mil 382 hectáreas.

Las entidades federativas con mayor superficie con actividades agrícolas se localizan en la región sur-sureste: Tlaxcala (el 76 por ciento), Oaxaca (62), Chiapas (56), Guerrero (56), Guanajuato (51), Puebla (50), Estado de México (47), Ciudad de México (45), Morelos (45), Michoacán (44) e Hidalgo (41), entidades que no han sido las más subsidiadas por la Federación; pero sí han sido subsidiados los seis estados que utilizan extensiones de tierra para la ganadería: Sonora (con el 57 por ciento), Coahuila (50), Nuevo León (48), Chihuahua (44), Tamaulipas (40) y Jalisco (37).

Asignación irregular de subsidios

En 2017, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el otorgamiento de apoyos para el campo, desde engaños por parte de beneficiarios hasta omisiones de funcionarios públicos. Dichas prácticas corruptas se localizaron en los programas de Productividad y Competitividad Agroalimentaria en Desarrollo Agropecuario e Inversión del Sector Rural y en el ejercicio burocrático de la Dirección General de Logística y Alimentación, además de Apoyos a Pequeños Productores con Procafé e Impulso Productivo al Café.

En Puebla, por ejemplo, medios locales reportaron que en la delegación de la Sagarpa en esa entidad se entregaron 50 millones de pesos a un total de 10 mil 722 beneficiarios, de los que 630 personas y grupos de trabajo recibieron en forma duplicada los recursos correspondientes a los programas Proagro, Procafé e Impulso Productivo al Café.

Las empresas Laboratorio Semillero Farms S. A. de C.V. y Semillero Agroindustrial (con registro en Puebla), recibieron subsidios por 9.5 y 9.4 millones de pesos respectivamente, como parte del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Hasta finales de febrero de 2018, dichas empresas no habían reportado avances en la ejecución de los proyectos para los que recibieron esos recursos.

La ASF también detectó duplicidades en la entrega de apoyos por parte de cuatro instancias públicas, pese a que, de acuerdo con las reglas de operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, para ser beneficiario de los apoyos de Procafé e Impulso Productivo al Café, los beneficiarios no debían tener recursos previamente de Proagro Productivo del Programa de Fomento a la Agricultura.

La revisión a la cuenta pública federal reveló, además, que la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafé) entregó en Puebla 70 mil pesos a 43 beneficiarios que también aparecieron en los registros de Procafé, entre quienes se habían distribuido previamente recursos por 7.6 millones de pesos.

Sagarpa beneficia a 470 muertos

En el Programa de Incentivos a Productores de Maíz y Frijol (Pimaf), a cargo de la Sagarpa, se destinaron recursos públicos a 434 beneficiarios, y en los ejercicios 2016 y 2017 se benefició a 36 fallecidos más, según el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, de la ASF.

La cifra se obtuvo luego de comparar la base de datos de la Sagarpa con la de personas fallecidas proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación (Renapo).

Otro de los hallazgos del máximo órgano de fiscalización del país fue que el 68.9 por ciento de los beneficiarios del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas –46 mil 242 de 67 mil 141– no se encuentran registrados en el padrón correspondiente.

Según la ASF, lo mismo ocurre con el 20.1 por ciento de las personas que obtuvieron recursos públicos del programa Proyectos Productivos, ya que, de los 19 mil 346 beneficiarios, tres mil 879 no se localizaron en las listas de los beneficiarios de Sagarpa.

Además, la dependencia a cargo de José Eduardo Calzada Rovirosa hasta marzo de 2018, no utilizó el módulo del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios en 44 de los 71 programas de Sagarpa, para verificar si los beneficiados se encontraban en las listas correspondientes. Lo anterior demuestra que no se aprovechó la herramienta tecnológica en más del 61.9 por ciento, tecnología que por cierto tuvo un costo superior a los dos millones 384 mil pesos.

Al respecto, la ASF incluyó en el Listado de entes identificados como áreas clave con riesgo a los programas de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales; Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola y Fomento a la Agricultura: Componente Capitalización Productiva Agrícola, todos de la Sagarpa.

Adicionalmente, los auditores, encargados de los programas fiscalizados, recomendaron el fortalecimiento de los procesos de planeación en las actividades sustantivas de los entes auditados, así como mejorar su control interno para minimizar las condiciones que, según su punto de vista, constituyen la causa de las deficiencias encontradas.