Se tiene que actuar para impedir una elección de Estado en 2024

Al presentar este martes los resultados en materia de Estado de Derecho de los 32 estados del país, la organización World Justice Project informó que se observa un estancamiento, incluso deterioro en este aspecto.

Abigail Cruz Guzmán

2022-05-17
Ciudad de México

Fotos: Lennin Domínguez

Al presentar este martes los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades de la federación del país, se informó que se observa un estancamiento, incluso deterioro en este aspecto.

En la presentación del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, desarrollado por la organización World Justice Project (WJP), el director de Proyectos de estado de Derecho, Alejandro González, y el director Global de Investigación del WJP, Alejandro Ponce, señalaron que aún hay retos importantes, ya que los resultados de esta cuarta edición evidencian “un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto”.

Alejandro González agregó que los 32 estados siguen por debajo de la mitad de la calificación idónea y todos tienen aún desafíos para alcanzar un Estado de Derecho sólido.

 

 

Los estados en los lugares más bajos del Índice de Estado de Derecho son Quintana Roo, (0.36), Morelos (0.35), y Guerrero (0.34).

Mientras que los estados con los puntajes más altos en este Índice son Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46).

Asimismo, desde la versión pasada, los puntajes aumentaron en 6 estados, descendieron en 14, y permanecieron sin cambios en 12.

Tres entidades federativas destacan por mostrar un progreso sostenido (es decir, cada año han subido al menos 0.01) en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur, Guanajuato y Sinaloa.

El senador Emilio Álvarez Icaza, anfitrión de la presentación, consideró que estos resultados demuestran que “aún queda mucho por hacer en materia de derechos humanos en México” e hizo un llamado a que este Índice genere acciones concretas para garantizar su ejercicio.

 

Los límites al poder gubernamental en los estados siguen perdiendo fuerza

Los contrapesos estatales registran un deterioro en más de la mitad del país, ya que el puntaje de los límites al poder gubernamental bajó en 17 estados del país y permaneció sin cambios en 9. Estas caídas se explican por dos tendencias.

La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal.

La segunda es la contracción del espacio cívico, donde actúan la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa, que se agudiza a pesar de ser los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal.

 

 

Alejandro Ponce, director Global de Investigación (WJP) sostuvo que “esta tendencia al retroceso es preocupante, ya que los contrapesos, o límites al ejercicio del poder gubernamental, previenen el abuso del poder y aplican sanciones a nuestros gobernantes cuando quebrantan la ley”.

También fomentan la rendición de cuentas, es decir, que nuestros representantes cumplan con la obligación de dar información sobre sus decisiones y las justifiquen públicamente”.

A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el Poder Ejecutivo estatal por cuarta ocasión, por encima del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.

 

Los sistemas de justicia fallan a nivel penal y civil

Los datos muestran que los sistemas de justicia penal y civil han ido retrocediendo año con año.

En la medición de justicia penal, de las 14 entidades que experimentaron caídas en los puntajes este año, seis también experimentaron caídas el año anterior. Específicamente, más de la mitad de los estados en el país sufrieron retrocesos en: la garantía a los derechos de las víctimas, adhesión al debido proceso, la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, y la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público, que continúa siendo el mayor desafío en materia de Justicia Penal en todos los estados del país.

La eficiencia del sistema de justicia civil, medido por su celeridad, también se vio afectada en 18 estados.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias siguen siendo la dimensión del sistema de justicia mejor valorado y una alternativa atractiva para mejorar el acceso de justicia en México, de acuerdo con los resultados del IEDMX 2021-2022.

Los senadores que participaron en la presentación coincidieron en la importancia que el Estado de Derecho tiene para sustentar de forma sostenible el desarrollo del país, así como en la necesidad de contar con datos y evidencia robustas para informar las políticas públicas para su fortalecimiento.

La legisladora Kenia López Rabadán declaró que “el Índice de Estado de Derecho en México es una herramienta imprescindible para conocer la situación de los Derechos Humanos en cada entidad de nuestro país. El fortalecimiento del Estado de Derecho es tarea de todas las personas y este Índice nos dice por dónde empezar”.

 

 

Sin embargo, los legisladores advirtieron que es un momento crucial para los demócratas para determinar las acciones necesarias que frenen una elección de estado en 2024 y para que la herencia para el próximo gobierno sea un narcoestado militarizado.

En tanto, la priista Beatriz Paredes puntualizó que lo principal es frenar una elección controlada por el gobierno.

Recordó que eso fue lo que se ensayó en la revocación de mandato, se evita que los servidores de la nación manipulen los padrones electorales y se coaccione el voto, entonces se está ante un riesgo importante y recordó la expresión del poema de León Felipe: “que viene el lobo, que viene el lobo”.

“Una elección de Estado y el triunfo de equis fuerza política por el voto clientelar, esa es una prospectiva posible, entonces creo que el primer desafío para los demócratas de todas las fuerzas políticas es evitar que las elecciones se manejen por el voto clientelar”, manifestó.

Paredes aseveró que también es necesario vencer “lo que tiene apabullada a la elite”, el miedo, porque en un país donde no hay vigencia del Estado de derecho se priva de la libertad de expresión y se hace una revisión selectiva del pago de impuestos.

“México va a requerir en estos próximos años el valor de Belisario Domínguez y la solidaridad de todos los demócratas y todas las corrientes”, subrayó.

En este contexto, Kenia López Rabadán, coincidió en que es necesario asegurar elecciones libres en el país, y señaló que en lo referente a la seguridad se deben garantizar fiscalías estatales que protegían a los ciudadanos no que sirvan como opresores, como sucede en Veracruz.

En el mismo sentido se expresó el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien dijo que además de que no debe haber “fiscales carnales”, también se debe acotar el mecanismo de prisión preventiva, que no ha funcionado ni para predecir la violencia ni para combatir la inseguridad, porque es violatorio de derechos humanos.

Además, Castañeda planteó seis propuestas fundamentales para fortalecer el Estado de Derecho en el país y sus entidades federativas, entre ellas: fortalecer las capacidades de fuerza de las policías locales, garantizar la plena autonomía de las fiscalías locales y evitar los fiscales carnales y el abuso de autoridad.

 

 

Además, la revisión puntual de la implementación o consolidación de los sistemas anticorrupción locales, transparencia en las adquisiciones gubernamentales para que en los procesos de compra la licitación pública sea la regla y no la excepción.

También revisar y, eventualmente, acotar el mecanismo de prisión preventiva, pues ésta no ha funcionado para reducir la violencia ni para combatir la impunidad.

Por último, aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está pendiente desde el sexenio pasado, y que podría contribuir a tener reglamentación única en la materia.

“La ley no es ningún cuento, como justamente nos lo explica el informe. Me parece que uno de los temas a explorar tiene que ver con el compromiso de los titulares de los poderes públicos, los oficiales electos, los servidores públicos para con el cumplimiento de la ley. Lo que valdría la pena revisar es por qué en este país para muchos funcionarios se ha hecho mucho más rentable no cumplir la ley, que cumplirla”, expresó el senador.

El coordinador parlamentario de MC agregó que el nulo avance que se ha tenido en la materia también se ve reflejado en el debilitamiento de los contrapesos locales, la descomposición de las instituciones autónomas, los abusos de poder por parte de algunos gobernadores como el de Veracruz, y la pérdida de espacios de la sociedad civil.

De igual manera, la falta de inversión para la profesionalización de los sistemas de justicia locales y la falta de recursos para la adecuada operación de los sistemas anticorrupción en los estados.