REPORTAJE INTERNACIONAL

DEBACLE EN LA ARGENTINA

de Mauricio Macri

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Nydia Egremy

Atrapado entre las presiones de Estados Unidos (EE. UU.) para que dé acceso a la tercera reserva de agua dulce del planeta, por los ajustes estructurales que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la multimillonaria deuda derivada de los “bonos buitre”, el presidente argentino Mauricio Macri lleva su país a la debacle.

Inmerso en lo que en psicología política se denomina oligofrenia –pérdida de la capacidad de actuar con raciocinio y pensamiento lógico– el mandatario sostiene que a sus conciudadanos pronto les irá mejor y niega la amenaza de recesión que su política neoliberal está provocando. Entretanto, las protestas colman el país por la escalada de alzas en bienes y servicios.

Triunfalista y ajeno a su entorno, en la cumbre del grupo de los BRICS en Johannesburgo, el presidente argentino Mauricio Macri habló como titular pro tempore del Grupo de los 20 (G20) y no como un mandatario cuyas políticas pauperizan a millones de personas tras socavar los logros socioeconómicos de sus antecesores.

Y, con arrogancia, el también ingeniero aspiraba a posicionarse como líder latinoamericano en el cónclave de las principales economías emergentes del mundo (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuyo acrónimo da nombre a ese grupo). Pero no le resultó.

Al reunirse en la capital sudafricana con los jefes de Estado de los BRICS, Macri se mostró reacio a reconocer los logros de sus interlocutores bajo la óptica de impulsar el desarrollo. El empresario gobernante persistió en el modelo neoliberal mientras atribuyó la crisis de su país a la volatilidad externa y a “algunos” factores domésticos.

En Johannesburgo, el huésped de la Casa Rosada afirmó el 26 de julio que su decreto, que habilita la intervención   de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, “le cayó bien a la mayoría de los argentinos”. Macri negó la realidad ese día, pues mientras en varias ciudades argentinas se escenificaban masivas protestas, declaró: “Avanzamos en un nuevo camino y enfrentamos problemas, no los escondemos”.

Lo que avanza en Argentina es la amenaza del cese de pagos. En el último bienio aumentó su deuda en 153 mil millones de dólares (mmdd), que se suman a los 349 mmdd de pasivo, que representan el 82 por ciento del producto interno bruto (PIB) de su país. La desconfianza de los mercados y los acreedores externos es tal que ya admiten el posible default en la deuda.

Macri no cumplió con su promesa de crecimiento. Su modelo ha impuesto la apertura comercial y la desregulación financiera que vierten en desequilibrios como la precariedad laboral y el imparable endeudamiento. A dos años, el PIB es anémico y la recesión tiene rostro de depresión, tras la devaluación del 50 por ciento de la moneda nacional.

Al mismo tiempo se habla de corrupción oficial, que involucra la deuda del Correo, la compra-venta de constructoras de parques eólicos y firmas aéreas low cost, así como a concesionarios de autopistas y empresas off shore. De ahí que hoy se insista en revisar los contratos de adquisiciones que han realizado miembros de la familia y amigos cercanos del presidente.

Para el analista Claudio Katz, ante esa debacle existen dos escenarios: la regresión controlada o el estallido inmanejable. La primera recicla el caso de Grecia, donde la inversión ha caído en un 60 por ciento y se han recortado 14 veces las jubilaciones, bajo un modelo de esclavitud impuesto por la banca mundial. El segundo implicaría regresar a la traumática situación de 2001 en Argentina.

La entrega
Detrás de tan compleja situación interna, subyace la total rendición del presidente a los intereses geopolíticos de EE. UU. tras cederle el control del norte argentino. En la zona estratégica de Misiones se hallan el Acuífero Guaraní, con 40 mil kilómetros cúbicos de agua dulce y potable, así como grandes yacimientos de litio en la zona de Salta. Esa entrega se concretó en Washington el jueves ocho de febrero.

Ese día, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bulrrich, firmó acuerdos y tratados estratégicos con representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Ahí se acordó crear una fuerza de tarea en la llamada Triple Frontera en el norte del país, cuya capacitación y operación conjunta corre a cargo de ambas agencias. Fue hasta mayo cuando se conoció el alcance del pacto.

Esa task force operará en ese amplísimo territorio, donde colindan el Puerto Iguazú, de la provincia argentina de Misiones, el Foz de Iguazú de Brasil y Ciudad del Este, Paraguay. Y, tal como argumentó el Comando Sur hace décadas para instalarse en la región, su misión consistirá en combatir grupos terroristas (según EE. UU., el grupo libanés Hezbollá tiene interés en la región), el contrabando y el narcotráfico, explica el analista Mario Ramón Duarte.

Tal coordinación confirmó que, con la llegada de Mauricio Macri al gobierno argentino, este Estado nacional dio un giro de 360 grados en la forma de relacionarse con las agencias de seguridad de EE. UU. En 1989, la DEA tenía dos agentes en ese país y seis más adelante; hoy tiene vínculos y presencia en 10 provincias y dominará Misiones, agrega Duarte.

Además de dar acceso a la región de la Triple Frontera, la subordinación de Macri a EE. UU. permitirá el acceso de éste, a través de Tierra del Fuego, a la Atlántida, la otra gran reserva de agua dulce congelada. Al privar a su país de la soberanía sobre el agua, un bien de alto valor estratégico, Macri atiende el interés del Departamento de Defensa estadounidense de controlar los grandes reservorios de agua dulce del mundo, como denunció la diputada Alcira Argumedo en agosto  de 2016.

Tal despojo ha sido planeado desde hace mucho por los grandes empresarios argentinos –a los que Macri y su familia pertenecen– y las Fuerzas Armadas, cuyos jefes tienen estrechos vínculos con agencias de EE. UU. Ejemplo de ello es el poco conocido programa del Departamento de Estado, Liderazgo de Visitantes Internacionales, desarrollado para funcionarios extranjeros de alto nivel.

El Ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, Marcelo Pérez, asistió ahí entre el 17 de abril y el cinco de mayo, al curso “hacia un mundo más seguro y protegido: combate al crimen internacional y organizado”. Se le capacitó en liderazgo, estrategias de seguridad e inteligencia en zonas de conflicto; como resultado de este adiestramiento, nueve meses después pactó la cooperación con la DEA.

Decreto y militarización
A la par con ese plan de entrega territorial y de recursos naturales, Mauricio Macri ha formalizado la reforma militar. El 24 de julio emitió el decreto 683/2018 que modifica el aval que impuso el expresidente Néstor Kirchner al Ejército de que solo saldría a la calle en caso de ataques perpetrados desde el exterior.

Macri justificó su reforma con la existencia de “nuevas amenazas”, entre ellas el narcotráfico y el terrorismo. El decreto enfatiza que los militares “colaborarán en seguridad interior” como apoyo logístico en la frontera para prevenir “eventos de carácter estratégico”. Además, establece la reestructuración de las fuerzas armadas sin sanción previa del Congreso.

La novedad es que también los israelíes harán vigilancia en Argentina. La periodista Stella Calloni informó que tropas israelíes controlarán el narcotráfico y el contrabando de bienes desde Paraguay. Refirió que el domingo 22 de julio que cuatro lanchas artilladas israelíes Shalgag MKII y asesores de ese país llegaron a Posadas, capital de Misiones, para custodiar casi mil kilómetros en los ríos Paraguay y Paraná.

La actuación militar israelí y la fuerza de tarea de la DEA consolidan el más importante esquema de militarización extranjera en la historia de Argentina; y todo bajo el gobierno de Macri.

“Tarifazos” y resistencia
Entretanto, la Argentina actual vive una dramática espiral de inflación, recesión y pobreza. La reciente devaluación trajo a la memoria de los ciudadanos los peores momentos de la crisis económica de 2001. El bolsillo de quienes menos tienen sufre ante los habituales “tarifazos” (alzas en precios de bienes y servicios). Katz señala que, ante la inflación actual, es un enigma el rol de la clase media, pues “su visible enojo aún no desemboca en grandes cacerolazos”. Todo está por verse.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció que incrementará en un 30 por ciento el precio del transporte colectivo y el 69.2 por ciento en tren y no descarta más aumentos a finales de año. A su vez, el ministro de Energía, Javier Iguacel, admite que el gas y la electricidad en Capital Federal y Gran Buenos Aires aumentarán hasta el 30 por ciento el resto del año. Será “el único ajuste” debido a la inflación, minimizó el funcionario.

Y mientras la vida encarece, las negociaciones entre maestros y gobierno están paralizadas. El gremio exige el 30 por ciento de aumento y rechaza el 16.7 por ciento que ofrece la gobernadora Maria Eugenia Vidal. Además, los docentes denunciaron la pésima infraestructura de las escuelas públicas en Buenos Aires.

Otro movimiento de resistencia contra el neoliberalismo se escenifica desde hace varios meses. Es la protesta de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro en demanda de aumento salarial del 13 por ciento. Diario, entre las 19:00 y las 21:00 horas, los trabajadores de la  Línea B del subterráneo capitalino dan paso a pasajeros sin pagar por dos horas y después comienzan su paro total hasta el fin de la jornada.

La empresa Metrovías anunció sanciones, pues aduce que los empleados han usado la fuerza. Debido a un fallo judicial, la tarifa del subterráneo permanece congelada, pero podría costar un 73.3 por ciento más, lo que forzará a los pasajeros a migrar a alternativas de transportación más accesibles pero menos efectivas, advierte el periodista Fernando Krakowiak.

Las políticas de ajuste salarial, despidos e incrementos han llevado a la cooperativa de la cristalería San Justo a cortar su producción para evitar el remate del inmueble. Para las 60 familias del colectivo, los “tarifazos” y aumentos oscurecen su futuro.

En ese contexto, los movimientos sociales se ven obligados a mostrar su fuerza en la calle. Las marchas denuncian el genocidio social que significa el acuerdo entre el FMI y el gobierno de Macri, pues implica un ajuste de 300 mil millones de pesos que solo van al capital financiero.

Todos los días, distintos sectores protestan, por lo que se prevé un escenario de creciente resistencia social. Los sindicalistas han vuelto a primer plano; así se vio en la última huelga general y en la protesta de los camioneros, que contaron con la adhesión de empleados bancarios, de comercios y otros sindicatos. Ese apoyo de gremios del sector privado tiende a crecer.

Pero Macri no tolera críticas y ha escalado la represión desde la reforma jubilatoria de diciembre. Ahí cayó su careta de supuesto diálogo con las organizaciones. Sin embargo, la Casa Rosada insiste en que nunca, como hoy, ha habido tanto gasto social. “Le damos de comer a la gente”, dice; pero en realidad el hambre aumenta, denuncian los argentinos.