REPORTAJE INTERNACIONAL

Crueldad anti-inmigrante de EE. UU.

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Nydia Egremy

En una dramática combinación de crueldad administrativa y avaricia capitalista, la política anti-inmigrante del actual gobierno estadounidense criminaliza a los extranjeros que cruzan la frontera sin documentos. En flagrante violación a sus derechos humanos, miles de personas capturadas en la frontera son trasladadas a tribunales en calidad de delincuentes, donde enfrentan su proceso. Sin protección legal y separados de los suyos los inmigrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, enfrentan una larga reclusión.

Son casi cuatro decenas de hombres y mujeres de entre 23 y 30 años; todos inmigrantes indocumentados. Fueron arrestados en violentos operativos de la Patrulla Fronteriza (PB) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Horas después, fueron esposados y encadenados mientras esperaban declarar ante tribunales texanos de Brownsville o de Del Río, considerada la corte más dura de Estados Unidos (EE. UU.). Su delito: violar las leyes migratorias de la Unión Americana.

Hace más de dos meses que la dramática imagen de personas encadenadas es más frecuente en cortes federales de EE. UU., como efecto de la política de Tolerancia Cero del presidente Donald John Trump. Los funcionarios de esos tribunales mantienen una actividad frenética para procesar al creciente número de detenidos. Diariamente se llevan a cabo juicios masivos a los inmigrantes indocumentados que han cruzado la frontera sur de EE. UU.

Antes se deportaba de inmediato a los detenidos, pero la actual estrategia obliga a imputarles cargos penales. Ello implica largos trámites de jueces y abogados, mientras los inmigrantes ven pasar el tiempo lejos de sus hijos. Así, los originarios de Honduras, El Salvador, México y Guatemala que cruzaron de forma irregular son llevados a las cortes para que declaren ante jueces de distrito.

La  “vista judicial” comienza cuando el magistrado lee los cargos a los detenidos. “Con una cadena alrededor de la cintura y con la ropa aún llena de polvo del desierto, los indocumentados declaran ante un tribunal”, describe el corresponsal español José Miguel Pascual. Por lo general, los jueces constatan que los inmigrantes comprendan su situación judicial a través de los intérpretes.

Se les ordena silencio total; conscientes de su vulnerabilidad, mantienen la mirada en el suelo. Apenas se conocen y temen hacer contacto visual entre sí. Solo reaccionan cuando escuchan su nombre y para responder preguntas del magistrado; y cuando lo hacen, las cadenas suenan alternativamente y el ruido pasa de uno a otro.

El juez llama individualmente a los que se declaran culpables tras reconocer los cargos. Constata que comprendan que si alguno ya había sido deportado y ha reingresado a EE. UU. corre el riesgo de que se le aplique pena de cárcel por largo tiempo.

En esa situación está un mexicano de 21 años que reingresó a la superpotencia para reunirse con sus dos hijas que viven en Texas, explica su abogado de oficio. El rito judicial estadounidense exige que los infractores siempre pidan perdón. Desencajado, el joven lo hace: “Sé que fue un error entrar de nuevo de forma ilegal, quería volver a ver a mis niñas”. Recibe sentencia de 10 años de prisión y se le prohíbe regresar al país en dos años.

Si intentara regresar y fuera capturado en ese periodo, sería un delito mayor y recibiría más años de prisión. La advertencia del magistrado se extiende a ocho personas que reciben condenas de 30 días de prisión. El resto de los encadenados será deportado con veto de reingresar por cinco años. Al abandonar la sala, solamente queda el ruido de las cadenas, que. enseguida retorna con otra oleada de detenidos.

Separados por la ley
Es mediados de junio, el punto álgido de la separación de padres y menores inmigrantes. En otra calurosa sala, un juez interroga a un joven angustiado porque lo han separado de su hijo. Más tarde se le informa que su hermano de 16 años está con el menor, pero ignora dónde, hasta cuándo seguirán juntos y si volverá a reunirse con ellos.

En Texas, uno de los estados con mayor índice de capturas de inmigrantes adultos y menores, uno de los principales centros de retención de niños inmigrantes es la Casa Padre del Programa Clave Southwest, en Brownsville. Ahí, desde que comenzó la estrategia Tolerancia Cero, la población flotante de arrestados en promedio ha sido de mil menores.

Es tan férrea la seguridad privada que resguarda esa instalación, que nadie puede acercarse a menos de 100 metros. Organizaciones defensoras de los derechos civiles de inmigrantes, como la Unión del Pueblo Entero (UPE), denuncian que pese a la instrucción de Trump de suspender la separación de niños de sus familias, esa práctica continúa. Por tanto, la UPE ha pedido a la comunidad que mantenga su apoyo a los inmigrantes.

Vecinos de los centros de detención de menores describen la que para ellos, es la imagen más desgarradora de la política anti-migratoria ideada por los “halcones” del gobierno de Trump: el constante flujo de autobuses repletos de niños llorando desesperados, que golpean las ventanas con sus manos aún sucias por el largo camino, mientras exigen reunirse con su familia.

Presionado por la opinión pública internacional, Trump ordenó suspender las separaciones de niños inmigrantes de sus familiares de la estrategia Tolerancia Cero, que en solo dos meses recluyó a más de dos mil 300 niños.

Todos fueron enviados a centros de detención temporal, erigidos al estilo de barracas militares que semejan jaulas. Sin embargo, documentos judiciales divulgados el 30 de junio revelan que el gobierno federal planea alargar la detención de familias de migrantes indocumentados.

Esa intención se lograría al modificar el llamado Acuerdo Flores de 1997  –que impide detener a menores por más de 20 días– para que pueda retenerlos por tiempo indefinido. Ese nuevo plan, explicado por abogados del Departamento de Justicia, consiste en alargar por varios meses la detención de familias migrantes indocumentadas mientras tramitan los procedimientos de inmigración.

Así, queda en el pasado la práctica catch and release (atrapar y liberar), sustentada en el Acuerdo Flores, por la que se liberaba a las familias migrantes. Ahora, aunque ya no serán separados, los inmigrantes serán retenidos en puertos de entrada y fichados.