REPORTAJE SINALOA

Sinaloa: precaria situación de la vivienda

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Magdalena Lauren

En Sinaloa las autoridades se niegan a atender las carencias de vivienda de las familias más humildes de la sociedad, que habitan en casas endebles e improvisadas, rentadas o instaladas en predios irregulares en las que viven amedrentadas por la policía y en riesgo de ser desalojadas con violencia en cualquier momento. 

“Era un terreno baldío donde pudimos conseguir un pedazo de tierra; decían que era del gobierno o que lo había donado un ejidatario, pero que podíamos ocuparlo y luego pagarlo”, señalan los habitantes que hace más de diez años se asentaron en el predio que han denominado Ampliación 5 de Febrero.

Trinidad Martínez, o Trini, como la conocen sus vecinos y amigos, es una de las 800 jefas de familia que han logrado sobrevivir a la incertidumbre que la falta de un hogar seguro provoca en las personas desde que se instalaron en un predio irregular ubicado a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad de Culiacán.

En la Ampliación 5 de Febrero la mayoría de las viviendas están construidas con pedazos de madera y láminas de cartón o fierro y con calles sin pavimentar que apenas llueve se llenan de lodo; los habitantes se ven obligados a esquivar o saltar los charcos para no ensuciarse y llegar limpios a su trabajo.

“Batallamos mucho para conseguir el agua. En el festejo del 10 de Mayo no teníamos agua y formamos una comisión que fue al ayuntamiento para que nos trajeran agua. Anduvo una pipa llenando aquí y allá; apenas llegó a donde vivo, pero no alcanzó para todos. Es muy difícil vivir así… sin bañarse, sin nada”, lamenta Trini.

Los vecinos se unieron para gestionar la legalización del predio, pero el trámite no avanza debidso al desinterés de los distintos ayuntamientos que han desfilado por Palacio Muncipal en una última década; la gestión estará detenida, pero lo que no han cesado sin las amenazas de la policía local. 

Solo conocen los servicios urbanos básicos de manera indirecta: el agua potable, por las pipas; la energía eléctrica, por los diablitos y las telarañas de cables que hay en las esquinas de las calles; del el drenaje y la pavimentación ni hablar, pero sueñan que un día se conviertan en una realidad y no solo sus vecinos disfruten estos servicios.

Sí, en la colonia 5 de Febrero está el contraste: hay calles pavimentadas, agua potable, red de energía eléctrica, drenaje y de vez en cuando llegan las caravanas de servicios. El único problema grave ocurre en la temporada de lluvias, cuando un pequeño arroyo crece y divide a sus habitantes en dos grupos.

Perseguidos y denunciados
En Ahome, otro de los municipios sinaloenses, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) ha registrado mil 709 casas en posesión de precaristas, 270 casas abandonadas y 23 deshabitadas.
La delegada estatal del Infonavit, Cristina Calvo Acosta, reconoció la política antipopular que ha n seguido los gobiernos: en cada uno de estos casos se ha interpuesto una denuncia penal con el propósito de buscar un convenio con los inquilinos para ver si están en posibilidades económicas de adquirirlas.

En Culiacán, los procesos de desalojo de “invasores”, así como el programa propuesto para solucionar este problema –la dotación de terrenos para construir las viviendas donde serían reubicados– no avanzan pese a que el presidente municipal, Francisco Antonio Castañeda Verduzco, dijo que el Ayuntamiento tiene a su disposición la reserva territorial.
Los terrenos para iniciar la edificación de mejores viviendas, ha revelado Castañeda en varias conferencias de prensa, están ubicados principalmente en Costa Rica y Culiacán, pero el Ayuntamiento asegura que no cuenta con los recursos necesarios para ofertar algo concreto.

El alcalde dijo que hasta el momento solo han registrado tres lotes con familias asentadas de manera irregular, aunque afirmó que no se ha fijado ninguna fecha de ultimátum para que dejen los predios.

También reveló que son más de 500 las familias que están a la espera de una casa-habitación en Culiacán y que fueron objeto de un estudio socioeconómico para determinar cuántas realmente necesitan el apoyo gubernamental para ejercer su derecho a la vivienda.

El análisis socioeconómico, sin embargo, no se ha realizado, el gobierno solo cuantifica con números la magnitud del problema, pero no lo soluciona, mientras en Culiacán, y en otros municipios de Sinaloa, aumenta día a día el número de familias.

Déficit de 70 mil viviendas 
El gobierno de Sinaloa asegura que existe un déficit de 70 mil viviendas; pero es evidente que el rezago es mayor y la construcción de vivienda avanza demasiado lentamente.

Salvador Reynosa Garzón, director del Instituto de Vivienda en el Estado de Sinaloa (Invies) informó que “el año pasado se lograron parte de los recursos aprobados con una participación del gobierno del estado que permitió incrementar el número de las acciones de vivienda”.

El funcionario dijo que, en una primera etapa, el Invies realizará alrededor de 700 acciones de vivienda, que consistirán básicamente en la construcción de recámaras adicionales de prototipo diferente a las del Infonavit, cuyos cuartos tienen medidas de 3x4, tres paredes con techo y piso y 12 metros cuadrados.

Las recámaras adicionales del Invies en cambio, resaltó Reynosa Garzón, serán “cuartos con medidas de 3x6, que con una división en medio nos darán dos cuartos de 3x3”.

Al ser cuestionado en esa misma oportunidad sobre cómo terminará el gobierno de Sinaloa con el rezago en la vivienda, el funcionario dijo que éste provenía de muchos años atrás, lo atribuyó al crecimiento y aún a las presiones de grupos sociales o movilizaciones políticas en tiempos electorales.

No obstante, Reynosa Garzón no dudó en aceptar la posibilidad de que en esas movilizaciones “haya habido verdaderamente gente que ocupe la vivienda. Sin embargo, hay otras tantas que no la ocupan y bueno, esto es una necesidad de reordenar nuestras ciudades”.

Las estadísticas que dio a conocer el titular del Invies están basadas en las de Infonavit y no incluyen el número de las viviendas y acciones de vivienda que urgentemente demandan los sinaloenses más pobres, específicamente de aquellos que habitan en predios irregulares, donde miles de familias viven hacinadas y sin servicios urbanos básicos.

Entre estos asentamientos se halla la colonia Ampliación 5 de Febrero y centenares de comunidades sociales marginadas de otras poblaciones del estado, donde hay decenas de miles personas sin vivienda digna. 

Recientemente,  el director del instituto dio a conocer que se trabaja en la creación de la nueva Ley de Vivienda en el Estado, con la cual, a más tardar en dos o tres meses, desaparecerá por completo el Invies y surgirá, la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.  Sin embargo, no ofreció mayor explicación de los puntos que se incluirán en ella; mientras tanto, el problema sigue.

Plantean solución
El dirigente del Movimiento Antorchista en Sinaloa, Pergentino Cortés Girón, dijo a buzos que su organización ha propuesto una solución a este problema social con base en la adquisición de reservas territoriales y programas de regularización de asentamientos irregulares en cada uno de los municipios de Sinaloa.

“Es urgente aplicar una política de vivienda popular responsable”, explicó Cortés Girón. “Tanto el gobierno estatal y los municipales lograrían dar solución a los problemas socioeconómicos de muchos sinaloenses que viven en permanente zozobra”.

El dirigente dijo que únicamente con la regularización predial, miles de personas se verían beneficiados con la introducción de servicios públicos en colonias irregulares como la Ampliación 5 de Febrero, Rincón del Parque, Las Coloradas y Lomas de San Miguel en Culiacán; Diana Laura y Malova en Los Mochis (Ahome) y Mañanitas, Villa Tutuli y Ampliación Bugambilias, en Mazatlán.

“Llevamos más de siete años solicitando al Invies que adquiera reservas territoriales, pero hasta hoy ha ganado la negligencia política”, denunció  Cortés Girón, quien además lamentó que las autoridades de Sinaloa solo se dedican a condenar y perseguir a quienes que carecen de un  techo ara cobijarse.

El líder del MAN dijo además que los gobiernos federal y locales favorecen los negocios de los desarrolladores de viviendas, quienes tan solo en el primer trimestre de 2018 recibieron a modo de subsidio 170 millones de pesos –cifra que incluye un alza nacional del 400 por ciento, según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda– para construir casas-habitación destinadas a personas de clase media-media y media alta.

En contraste con esta política de apoyo a los empresarios, las familias de los trabajadores son condenadas a vivir en los “palomares” que construyen el Infonavit o el Invies, de los que están excluidas las personas cuyo promedio de ingresos no equivalga a más de dos salarios mínimos.

Ésta es la razón, explica Pergentino Cortés, de que mucha gente se vea obligada a violar la ley e invadir predios públicos o ajenos para proveerse de una vivienda, aunque sea precaria.

“El artículo 4° Constitucional establece que es obligación de todo el sector público proporcionar vivienda digna a los mexicanos; eso no se está cumpliendo, por eso alzamos la voz, para que el gobierno del estado y los municipales atiendan este problema de vivienda”, puntualizó Cortés Girón.

El dirigente estatal antorchista aseveró que el déficit de vivienda en Sinaloa podría reducirse al 98 por ciento como mínimo con base en las propuestas de solución que ha planteado a los gobiernos federal y estatal y también, por supuesto, gracias a la buena disposición que los encargados de éstos muestren en el cumplimiento del mandato constitucional.

“Muchos se preguntan: ¿A qué le puesta Antorcha? La respuesta es: a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos que nos encontramos en la capa más olvidada y marginada de nuestro país; a los proletarios, a apoyar a quienes sostienen con sus manos este gran país. Así es nuestra lucha, cotidiana, no solo en elecciones; Antorcha está luchando todos los días, gestionando y exigiendo que se cumpla con los derechos de los mexicanos”.

La vivienda anda en las nubes 
En Sinaloa, los costos de construcción de una vivienda son más altos; por ello, el promedio de adquisición va a la baja, señaló recientemente, en un medio local, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en el estado, Jorge Francisco Frías. 

El empresario dijo que el acceso a créditos para adquirir viviendas en Sinaloa comenzó a decrecer en 2009 y que este proceso no se ha detenido a pesar de los subsidios otorgados por los gobiernos federal y estatal a los desarrolladores privados.

Por ello, los trabajadores que aún se atreven a adquirir una vivienda se enfrentan a los altos precios de la oferta en el mercado inmobiliario de gran parte del estado y a las elevadas tasas de los créditos hipotecarios. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el costo de la vivienda en México ha aumentado en un promedio de 5.7 en lo que va del año, en contraste con el 2.44 por ciento de alza que registró en Colombia durante el mismo periodo y el 0.4  de reducción advertido en Chile.

De acuerdo con las cifras del Infonavit, en 2017 se colocaron apenas dos mil 699 créditos con subsidio federal, de los 80 mil 541 que esta institución tramitó en todo el país. Sin embargo, la misma dependencia federal reveló que el año pasado otorgó 14 mil 372 créditos inmobiliarios, dos mil 569 más de los que le habían solicitado (11 mil 803).

El Infonavit asegura que otorgó casi 78 mil créditos inmobiliarios más de los que les habían solicitado en 2017  en todo el país (533 mil 792 de 456 mil solicitudes).

Sin proyecto de vivienda
La política nacional de vivienda que el presidente Enrique Peña Nieto diseñó para su periodo gubernamental 2012-2018, que coordina la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), rompió con la “horizontalización” con que hasta entonces se construían las casas-habitación en México, propiciando un mayor crecimiento urbano en las áreas periféricas de las ciudades del país.

La “verticalización”  –es decir, la construcción hacia arriba de los edificios y unidades habitacionales– llegó como solución a los rezagos de vivienda en todos los niveles sociales, según la propuesta de la Nueva Agenda Urbana (2016), sugerida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia (ONU-Hábitat), pero en los hechos, dicha propuesta no se cumple, debido al elevado costo de las viviendas y de los créditos.

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI, nacional) aseguran en sus proyecciones que en 2020 habrá siete mil 500 departamentos más en renta en la Ciudad de México (CDMX), que hoy construye poco más de tres mil, que en 2023 llegará a 10 mil 350 ya construidos y que tendrá 15 mil 400 más en desarrollo.

La ADI estima que de los nueve mil 900 millones de pesos de inversión que destinó al desarrollo de vivienda en renta en 2017, en 2023 llegará a 46 mil 600 millones de pesos. Para entonces se espera que el marco legal que ahora afina con la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda permitirle acceder a todos los solicitantes de vivienda en el país, desde el nivel social más bajo hasta el premiun.

Ante esta situación, las familias que viven en colonias marginadas y asentamientos irregulares de Sinaloa, quienes suman a más de 100 mil u 80 mil, según cuentas del gobierno estatal, saben que tendrán que seguir denodadamente por una vivienda digna porque en los proyectos de los gobiernos federal y estatal y los desarrolladores privados ellas están prácticamente excluidas.