REPORTAJE ESPECIAL

Cero Tolerancia política de EE. UU. que anula derechos infantiles

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Nydia Egremy

La política de Cero Tolerancia impuesta por el gobierno de Donald John Trump para impedir la inmigración indocumentada, exhibe la perversión de un sistema que se beneficia de la mano de obra barata migrante y, a la par, separa a los menores de sus familias.

Organizaciones internacionales califican de “cruel e inhumana” esa nueva medida migratoria, pues quienes huyen de la violencia y miseria en sus países de origen son expuestos al redadas, maltrato en prisiones privadas, juicios masivos y a la desintegración familiar. Algo es cierto: el éxodo de migrantes no parará. Es resultado de la incapacidad de los gobiernos para garantizar la vida y bienestar de sus pobladores.

Entre el 19 de abril y el 31 de mayo, fueron separados por la fuerza casi mil 995 menores de 18 años de sus familiares adultos, con los que cruzaron la frontera desde México hacia Estados Unidos (EE. UU.). Esa cifra, que admite el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es el primer saldo de la política llamada Cero Tolerancia del Gobierno de Donald John Trump. Aunque la presión nacional e internacional logró frenar en algo esa cruel práctica, se ha revelado el doble discurso “humanista” de EE. UU. que criminaliza a miles de inmigrantes y les niega defensa y protección, mientras los hacina en improvisadas celdas.

Acorde con su histórica política de justificar la opresión y dominación de comunidades débiles y vulnerables en nombre de la ley y el orden, el capitalismo estadounidense ha sido hostil a la inmigración que no le reporta dividendos. Hoy, con exceso de mano de obra barata disponible en el planeta, el capital corporativo impone brutales políticas migratorias para preservar su poder.

Y aunque públicamente Trump ha ya descartado la idea de separar a inmigrantes indocumentados para luego deportarlos, ha puesto en la cima de su agenda presidencial el endurecimiento anti-inmigratorio. La estrategia Cero Tolerancia confirma que él ha sucumbido a la tentación de mostrarse implacable al vincular inmigración con delincuencia; y para conseguirlo ha asignado al Fiscal Jeff Sessions la responsabilidad de aplicar la Cero Tolerancia que desaliente a inmigrantes a viajar a EE. UU.

Esa política de persecución busca aumentar la presión sobre la comunidad inmigrante. Es un conjunto de disposiciones, entre ellas la facultad de separar a familias, retener a los inmigrantes por largos periodos y la posibilidad de procesarlos en juicios masivos. Cero Tolerancia también revierte la Garantía de Asilo que concedió la Oficina de Apelación de Inmigración a centroamericanas sobrevivientes de violencia doméstica. Además, procesa por la vía criminal a indocumentados, aunque las leyes y protocolos vigentes impiden imputar de un crimen a menores.

El epicentro de esa política perversa está en Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Ahí la Patrulla Fronteriza (PF) ha detenido a más de la mitad de todas las familias y niños inmigrantes indocumentados, desde mediados de mayo. Mientras tanto, la gobernadora republicana de Nuevo México, Susana Martínez, afirma que no debe permitirse que las personas violen la ley “solo porque tienen niños”.

Es inaceptable arrebatar a niños de brazos de sus padres para así influir en la inmigración, protesta el senador demócrata por Oregon Jeff Merkley, quien añade que “ésa no es una política de Cero Tolerancia, sino de Cero Humanidad”. A su vez, el juez Dana Sabraw, de California, ha ordenado detenerla por “brutal, ofensiva y contraria a la justicia y decencia tradicionales” y para 15 jueces pro-inmigración, la medida es una “afrenta contra la ley”.

Comunidades de inmigrantes, activistas de Ciudades-Refugio y organizaciones defensoras de derechos humanos la califican de “cruel e inhumana”. A principios de junio, más de mil profesionales en salud mental condenaban esa práctica en una misiva, mientras la profesora de la Universidad de Texas Selma Yznaga explicaba que EE. UU. “somete a los niños a una traumática experiencia para enviar un mensaje a las personas que huyen de sus países, no por decisión propia, sino por supervivencia, y eso raya en la tortura”.

Separación y muerte
Los niños centroamericanos y mexicanos que viajan solos hacia EE. UU. saben, en general, cómo será su viaje. En contraste, los niños y sus familias que hoy son aprehendidos bajo la política de Cero Tolerancia ignoran qué les espera. El objetivo es dispersarlos, forzándolos a dejar a sus familias. Madres y padres no tienen tiempo ni de despedirse, los niños no saben a dónde van, mientras los adultos sospechan lo que les espera y temen que no vuelvan a reunirse.

Cada mañana, las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza (PF) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) van a la Corte para ser procesadas por ingreso ilegal al país. Se les criminaliza bajo el estatuto federal 8 de la Sección 1325, lo que revela la deliberada separación de las familias. “¿Cómo es que esos hombres y mujeres se involucraron en un asunto criminal?” preguntaba el director del Programa de Justicia Económica y el Proyecto Racial de Derechos Civiles de Texas.

Solo entre el 25 y 28 de mayo hubo 130 acusados. En las Cortes ya no hay espacio. Son transportados por firmas de seguridad privada y uno de esos guardias comentaba muy discretamente: “ustedes no comprenden qué traumático es escuchar el grito de una madre y su hijo al ser separados”. Empleados de la Corte de McAllen refieren que a los menores “se les trata de forma muy dura, hasta los jueces lo hacen cuando les leen los cargos de forma cruda, agresiva”.

Niños de solo dos años y adolescentes de 17 son separados de sus familias. Si son muy pequeños, el juez busca un tutor y si ya tienen 14 años el juez les lee sus derechos y les pide que se presenten en la Corte, describe la exfiscal de inmigración Rosemary González, de ProBAR; sin embargo, en Cortes de todo el país persisten juicios masivos de hasta 40 familias separadas.

Mientras esperan juicio, los niños van a centros de detención de inmigrantes como el de Otay Mesa, en San Diego, donde esta semana cientos de personas protestaban afuera contra la política de Cero Tolerancia. Les gritaban “¡No están solos!”; exigían detener la separación de familias inmigrantes y que se les otorgue trato digno. Édgar, también retenido, declaraba por teléfono: “Exigimos justicia y que se nos trate como personas, no como criminales”. Y en una carta, 37 centroamericanos denunciaban prácticas de discriminación, maltrato y falta de atención médica.

Otra constante de la política anti-inmigrante es la muerte de los detenidos. Más de la mitad de inmigrantes bajo custodia han muerto en meses pasados por falta de atención médica, según el informe de Human Rights Watch (HRW), de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Red de Observación de Detenciones y del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, difundido el 20 de junio.

Ahí se indica que el ICE no detalló la causa de 15 de 16 muertes de detenidos, sucedidas de diciembre 2015 a abril de 2017. La investigación destaca que ocho de esos 15 fallecimientos fueron por mala atención médica. Para HRW, esa agencia “es incapaz o no está dispuesta a proveer atención médica a los detenidos”.

Hoy, ICE tiene bajo custodia un promedio de 40 mil 500 detenidos diarios, cifra que el Gobierno de Trump pretende ampliar a 52 mil. Esa agencia es la que tiene más fallecidos entre sus detenidos: 74 desde 2010; pero solo ha ofrecido detalles de 52. Y en 2017 registró 12 muertos, más que ninguna otra agencia.

José Azurdia murió en diciembre de 2015 en California, tras esperar dos horas su traslado al hospital debido a síntomas de infarto. Moisés Tino sufrió dos ataques epilépticos en nueve días; no recibió atención hasta que quedó inconsciente; murió en Nebraska. De ahí que el informe denuncie que “Los centros de detención de inmigrantes son sitios donde la vida peligra y las personas mueren”.

Obama y Trump, iguales
Al iniciar 2014 se reveló un nuevo fenómeno migratorio en la frontera sur de EE. UU.: cientos de inmigrantes centroamericanos llegaban con sus hijos menores. Para definir qué hacer, Barack Obama organizó un equipo multi-agencias. “Se plantearon y analizaron muchas ideas, incluida la de separar a padres e hijos. Pregunté ¿No vamos a hacer esto, verdad? Concluimos que era mala idea, pues era clara la poca moralidad y no éramos capaces” recordaba la máxima asesora en política interna de Obama, Cecilia Muñoz.

Sin embargo, lo hicieron. Obama aumentó la deportación de familias inmigrantes y abrió en la frontera nuevos centros para retener a mujeres y jóvenes menores en espera de juicio. En un intento de “salvar la cara” del mandatario, el entonces secretario del DHS, Jeh C. Johnson, difundió en medios hispanos una carta que alertaba con deportar a hijos de padres que ingresaran ilegalmente a EE. UU.

Así se pensaba evitar la imagen, temida por asesores presidenciales, de cientos de niños llorando desesperados y retenidos en improvisadas instalaciones. A fines de 2014, grupos de ayuda a inmigrantes reclamaban a Obama haber dado la espalda a los más vulnerables.

“Tuvo una desconsideración asombrosa del debido proceso”, acusa Ben Johnson, director de la Asociación de Abogados de Inmigración de EE. UU. En 2015, un juez federal en Washington ordenó parar la detención de madres centroamericanas con hijos. Había ganado la presión social.

Donald Trump volvió a sopesar esa política. A pesar de que los niveles de inmigración ilegal habían caído en más de una década, influyeron sobre el magnate ‘halcones’, como su asesor político senior, Stephen Miller, y el entonces secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, que en marzo de 2017 declaraba su intención de aplicar esa agresiva fórmula para detener a los delincuentes, recuerdan Julie Hirschfeld y Michael D. Shear en The New York Times.

En mayo pasado repuntaron los cruces de indocumentados en la frontera y Trump ordenó acciones para perseguir a los inmigrantes. El enfoque era criminalizarlos, aunque habría excepciones para padres que viajaban con sus hijos menores.
Para muchos funcionarios, la política de Cero Tolerancia es una herramienta poderosa en el muy limitado arsenal de estrategias para detener a los inmigrantes. Con ella terminaría la práctica denominada “atrapa y libera” (catch and release) de aprehender a inmigrantes indocumentados en la frontera y liberarlos en EE. UU. mientras esperan su juicio.

Y así hoy, EE. UU. tiene a miles de niños detenidos en refugios y Trump enfrenta acusaciones tan fuertes como la de que su Gobierno actúa como los Nazis. Incluso simpatizantes evangélicos como Franklin Graham llaman “desgraciada” a su política.