PHILIAS

Las limitaciones de la salud pública en México

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Citlali Aguirre Salcedo

Las instituciones de salud pública son aquellas que se financian con contribuciones gubernamentales, de los empleadores y los empleados. Éste es el caso de los institutos Mexicano del Seguro social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y los sistemas de salud de Petróleos Mexicanos (Pemex) y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar).

Pese al número de estas instituciones, en el país hay un alto porcentaje de la población sin algún tipo de atención médica ni de seguridad social. Para ser más concretos, estas dependencias solo prestan servicio al 36.8 por ciento de la población, actualmente integrada con 132 millones de personas.  Otro 23.1 por ciento de la población nacional acude a instituciones de salud privadas. En conjunto atienden al 59.9 por ciento de los mexicanos, apenas un poco más de la mitad. Y ¿qué pasa con el otro 40 por ciento? ¿Quién cuida de la salud de los 43 millones de personas que no pueden recurrir a una institución de seguridad social ni a los hospitales privados?

Nuestro sistema de salud tiene 75 años de vida. Durante este lapso se han realizado tres grandes reformas al sistema de salud; las dos primeras marcaron cambios drásticos en el mismo. La inaugural implicó la creación, en 1943, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (ahora Secretaría de Salud), el IMSS y los otros servicios de trabajadores del Gobierno, iniciando un proceso de institucionalización de la atención médica y la reafirmación de la responsabilidad del Estado para asumir y conducir el cuidado de la salud, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda, en 1983, terminó con la inclusión en la Constitución del derecho a la protección de la salud en la nueva Ley General de Salud, involucrando a los servicios que atienden a toda la población que no es derechohabiente.

Sin embargo, a 25 años de estas reformas, el Sistema de Salud Mexicano no termina de consolidarse como un aparato que “brinde tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias”, como reza el lema del IMSS. Lejos de esto, a nuestros viejos problemas de salud se han sumado otros iguales o más graves, lo cual demuestra la ineficiencia del Estado en su responsabilidad de cuidar de la salud de los mexicanos. Hay dos ejemplos que prueban esto:

Somos el 2° lugar mundial en obesidad y lo más grave y también el primer lugar en obesidad infantil y juvenil; de la mano de este problema de salud viene el aumento en las muertes por enfermedades cardíacas (infartos, etc), enfermedades que afectan a la población económicamente activa (PEA) y que al país privan de trabajadores y a las familias de padres, en muchas ocasiones único sustento económico.

También ostentamos un vergonzoso primer lugar mundial en embarazo adolescente, alerta roja para la salud pública de México. Según un reporte del INPer, el 31 por ciento de los adolescentes entre los 15 y los 19 años han comenzado su vida sexual, la mayoría de las veces en forma irresponsable, puesto que el embarazo en jovencitas alcanza ya el 56 por ciento. Para mitigar las estadísticas se han promulgado reformas pro-aborto para que “las mujeres puedan tomar libremente una decisión” a pesar de lo cual, la tasa de natalidad a esas edades no deja de crecer.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México solo destina el tres por ciento de su PIB anual al Sistema de Salud; pero existe la duda de que estos recursos se traduzcan en beneficios tangibles para la salud.

Tan solo en el ámbito administrativo se gasta el 10 por ciento de este presupuesto, el más alto entre los 36 países que integran la OCDE. Otro indicador de las fallas de nuestro sistema de salud es que el gasto individual de los pacientes es el más alto en toda Sudamérica; son más de tres millones de familias mexicanas las que están expuestas a gastos catastróficos o empobrecedores por motivos de salud.

En conclusión, hace falta una nueva reforma a nuestro sistema de salud. Una reforma en la que el Estado haga valer el derecho constitucional de protección a la salud, que sin importar si es el gerente de una prestigiosa compañía o el campesino más humilde, todos puedan gozar de una estructura sanitaria de la más alta calidad.

Por supuesto que para ello se necesitaría ampliar el presupuesto destinado a este rubro, ya que resulta imposible atender la salud de 132 millones de personas con el número actual de instituciones que, a pesar de que cubren menos de la mitad de la población, están atiborradas de gente las 24 horas de cada uno de los 365 días del año. Solo de esta manera habrá en México una población más sana, que viva más y que sus años de vida sean lo más fructíferos posibles.