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Primero de mayo, nada qué festejar

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Samira Sánchez Trujillo


A lo largo de la historia del capitalismo, la clase obrera ha sido el motor de los cambios en los derechos laborales. Su primera participación política, aunque no independiente, fue en 1789, en la Revolución Francesa. El proletariado actuó de manera relevante en ésta y logró ganar algunos derechos, entre ellos aumentos salariales, mejores condiciones de higiene y seguridad en los centros de trabajo.

Debido al dominio de la ideología liberal, derivada precisamente de la libertad económica enarbolada por el capital, un diputado de apellido Le Chapelier propuso una legislación que abolía el derecho a formar agrupaciones de todo tipo, incluidas las laborales, con el argumento de que los contratos de trabajo eran “entre iguales”, y si alguien llegaba a violar dicha norma era castigado incluso con pena de muerte. Esta ley estuvo vigente por tiempo considerable y fue abolida hasta 1864.

Años después, el primero de mayo de 1886, los obreros de Chicago realizaron una manifestación que aglutinó a 25 mil personas para protestar contra una serie de despidos injustificados; la marcha fue reprimida violentamente por la policía y varios trabajadores resultaron heridos. Para recordar esta lucha heroica, la Segunda Internacional, a cuya cabeza estaba Federico Engels, convocó en 1890 a los proletarios del mundo a protestar contra las largas y embrutecedoras jornadas laborales. La Internacional demandó, en concreto, que las jornadas de trabajo fueran solo de ocho horas, conquista que hoy es una realidad en gran parte del mundo. 

Hace unos días, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su discurso alusivo al Primero de Mayo, presumió la cantidad de empleos creados a lo largo de su sexenio; sin embargo, un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) precisó que el empleo en México se distingue por su gran precariedad, pues el 57 por ciento de los 54 millones de trabajadores ocupados (poco más de 30 millones) laboran en la informalidad, es decir, sin salarios, horarios fijos o prestaciones. 

Según el mismo informe, solo el uno por ciento de la población ocupada, 531 mil personas, gana el equivalente a 10 salarios mínimos mensuales; en contraste, hay 3.4 millones de trabajadores mexicanos (el 13 por ciento de la población ocupada), que pese a que realizan actividades económicas no perciben ningún ingreso.

Otros datos relevantes de ese estudio reportan que solo el 3.4 por ciento de la población ocupada tiene ingresos que rebasan la línea de bienestar definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval); en tanto que otro 20.6 por ciento de la clase trabajadora vive en condiciones precarias porque no percibe salarios o gana el salario mínimo general de 88.6 pesos diarios. Además de todo esto, el número de personas que perciben más de cinco salarios mínimos disminuyó de 4.5 millones en 2005 a 2.4 millones en 2017.

Este corte de caja, hecho a propósito del Primero de Mayo, revela que las oportunidades de empleo para los mexicanos son cada vez peores; que aumenta el número de personas que ganan el salario mínimo general; que el programa de formalización del empleo es insuficiente y que la mayoría de los trabajadores tendrán que permanecer por mucho tiempo en la informalidad.

Para mejorar esta situación es necesario que los obreros mexicano repitan la hazaña de los proletarios de Francia, Estados Unidos y de la Segunda Internacional, se unan, participen y hagan valer su voz en sus empresas y en las calles, porque no existe ese mesías –llámese Presidente de la República o dirigente de la Coparmex– que cambie su suerte.