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La protección social, un sueño para millones de mexicanos

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Arnulfo Alberto

A finales del año pasado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer un reporte sobre protección social en todo el mundo, en el que mostró que únicamente el 45 por ciento de la población mundial contaba con al menos un beneficio de protección social y que más de cuatro mil millones de personas –el otro 55 por ciento– no tenían acceso a servicios de salud, prestaciones en el periodo de maternidad, seguro por desempleo y discapacidad, ni alguna pensión por vejez.

De acuerdo con la propia OIT, en nuestro país la mitad de la población, es decir 62 millones de personas, no tenían acceso a la seguridad social en 2017. Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre del año pasado había 32.5 millones de personas con empleo pero sin servicios de salud; 13.5 millones de trabajadores no contaban con prestaciones laborales; solo el 25.2 por ciento de los adultos mayores tenían alguna pensión; únicamente el 25.2 por ciento de los niños recibían protección social; el seguro de desempleo no existía y no había políticas públicas de Estado que atendieran este problema.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollados crearon el llamado Estado de bienestar con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y vida de sus poblaciones. En la mayoría de estas naciones, tales beneficios sociales se implementaron como un derecho, es decir, cualquier ciudadano podría acceder a ellos.

En México, a partir del proyecto de industrialización rápida y el modelo económico de sustitución de importaciones, surgieron las principales instituciones que brindan servicios médicos y de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creados en 1943 y 1959 respectivamente.

Este sistema de seguridad social, sin embargo, está catalogado como dual, porque su protección social beneficia al trabajo formal y deja a la deriva a los trabajadores informales. Es decir, atiende únicamente a los trabajadores del sector privado y los del Estado (maestros, médicos, obreros y empleados de Pemex, etc.).

Lo anterior ha tenido graves consecuencias para la desigualdad social en el país, ya que el sector de los trabajadores formales tienen garantizados sus derechos sociales y los informales, que en su mayoría provienen del campo, carecen de prestaciones sociales. A un sector de mexicanos se les ha garantizado una vida digna y a la gran mayoría se le ha condenado a la pobreza, cuyas consecuencias son intergeneracionales.

El estado actual de la protección social es resultado de ese sistema desigual y, sobre todo, del modelo económico de libre mercado, en el que lo único racional y óptimo es que todo se convierta en mercancía, incluidos los servicios de salud, educación, guarderías, pensiones, etc.

En otras palabras: si un individuo requiere servicios de seguridad social debe comprarlos. Esto es lo que prácticamente ha estado pasando en México. Por ejemplo, el gasto público en salud del gobierno federal en el periodo de 2000 a 2014 fue en promedio del 2.5 por ciento con respecto al producto interno bruto (PIB), nivel muy bajo si se le compara con el gasto promedio de los otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que fue del 6.6 por ciento. El nivel del gasto sanitario en México es  insuficiente y deja sin acceso a la salud a la mayoría de la población nacional.

Para mejorar el nivel de vida y el bienestar de la población –para así poder incrementar la productividad de los trabajadores y elevar el crecimiento económico– es urgente que se garantice la seguridad social a todos los mexicanos. Economistas distinguidos como Amartya Sen y J. Stiglitz afirman que en una economía de mercado la seguridad social es una responsabilidad que debe asumir el Estado, pues las fallas en el mercado dificultan el aseguramiento de la población contra los riesgos sociales.