EDITORIAL

Ejército y seguridad interior

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Buzos de la Noticia

Uno de tantos males que nos heredaron los sexenios panistas, quién sabe si el peor, fue haber sacado al Ejército a las calles con el objetivo de combatir a la delincuencia, para lo que eran ya insuficientes los cuerpos policiacos y demás recursos de las autoridades correspondientes, que demostraron su incapacidad para guardar el orden y brindar seguridad a la población. La torpeza e improvisación del Gobierno de Felipe Calderón derramaron ríos de sangre por todo el país y dejaron a la soldadesca desatada, sentando las bases para que en los siguientes sexenios se diera continuidad a esta política. Las que parecían ligerezas de un Presidente, en realidad disimulaban la obediencia a lineamientos de un poder económico por encima del Estado mexicano; se trataba de proteger de todo riesgo los intereses del capital, poniéndolo a salvo, especialmente, del descontento popular, de la inconformidad de las mayorías.

Sacar al  Ejército a las calles constituyó entonces una medida ilegal, independientemente de la urgencia de controlar o reducir la delincuencia desbordada, el crimen infiltrado en todas las esferas, incluidos altos niveles de gobierno; pero la necesidad de otorgar un respaldo legal a esta militarización muy pronto se hizo necesaria para sus promotores, ya no solo para continuar usando al Ejército contra los criminales, sino para proteger a las empresas privadas, nacionales o extranjeras; sobre todo porque, desde entonces, los encargados de la política económica y los ideólogos a sueldo del empresariado estaban plenamente convencidos de que la inversión extranjera es la salvación, la medicina para los fuertes problemas por los que atraviesa el país.

El Ejército en las calles no erradicó ni disminuyó la delincuencia; el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, los asaltos y robos aumentaron a pesar de la presencia militar en las calles, que nunca tuvo como prioridad la protección a los ciudadanos.

A pesar de que esta medida, ilegal y violatoria de la Constitución, resultó inútil, el Estado al servicio de los empresarios impulsó una ley de seguridad para otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de movilizar al Ejército Mexicano cuando lo considere necesario, sin tener la obligación de consultar a los otros poderes ni informar a la sociedad acerca de las acciones realizadas por los cuerpos militares, acciones que ahora tendrán la categoría de secreto de Estado.

La Ley de Seguridad Interior tuvo como base las iniciativas de dos prominentes partidos de los nueve que sirven al empresariado y ya fue promulgada por el Ejecutivo, como regalo navideño al pueblo mexicano, a pesar de que viola el espíritu de la Carta Magna y pone en riesgo los derechos humanos, que pueden ser atropellados, premeditadamente o por error.

Contra esta ley irracional ya se han presentado impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se han manifestado intelectuales, organizaciones y especialistas en Derecho, algunas de cuyas certeras opiniones recoge nuestro reporte especial esta semana.