REPORTAJE ESPECIAL

Asfixia presupuestal en las universidades públicas

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Adamina Márquez/Trinidad González

Ciudad de México.- Desde mediados de octubre, cinco universidades del país se encuentran al borde de la quiebra. La reducción en sus presupuestos obligó a alzar la voz y solicitar al presidente Enrique Peña Nieto el incremento a los recursos a educación superior; sin embargo, este sector sufre desde 2010 un recorte presupuestal. Los rectores denuncian que la Secretaría de Educación Pública (SEP) por una parte exige elevar la calidad, pero por otra no se incrementa el presupuesto, mientras la matrícula crece cada ciclo escolar y no se refleja en la inversión en las universidades públicas .

Para hacer frente a la crisis, los rectores enviaron –vía desplegado– un mensaje al presidente en el que le solicitaron aumentar el presupuesto a cuatro mil millones de pesos, o de lo contrario no podrían pagar la nómina de 26 mil trabajadores universitarios.

Pasaron las semanas, la respuesta del Ejecutivo Federal se vio reflejada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, al incrementar de manera general el presupuesto a educación, ciencia y tecnología en más de seis mil 176 millones de pesos. La cifra es insuficiente, y como medida emergente, las instituciones  salieron al paso tomando recursos de otros fondos.

Pero el problema viene de atrás y sin duda hará crisis en los próximos años , sobre todo porque el Gobierno Federal –tanto del PAN, con Felipe Calderón, como del PRI, con Peña Nieto–, han recortado de manera progresiva en un cinco por ciento el presupuesto a educacion superior, según el reporte Panorama de la Educacion 2016, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economicos (OCDE).

De hecho, la disminución del presupuesto a la educación superior se reflejó desde el año 2000, cuando el organismo registró el recorte. “Entre 2000 y 2012, la participación promedio de financiamiento público de las instituciones universitarias decayó de 69 por ciento en 2000 a 64 por ciento en 2012”, refiere el estudio  en su edición 2015.

Recientemente, el presupuesto disminuyó aún más. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en su análisis del PEF 2017: en educación, concretamente en el nivel superior, disminuyó en términos reales con relación a 2016 en un 6.4 por ciento; en ese año se destinaron 118 mil 280 millones de pesos, mientras que para 2017 fue de 114 mil 322 millones de pesos.

Además, el Centro –que también evaluó el crecimiento de la matrícula en todos los niveles educativos–, afirmó que de 2010 a 2015 el número de estudiantes en educación superior se incrementó en un 4.83 por ciento, pero no así el presupuesto.

Consecuencias de la reducción presupuestal
El rubro destinado a equilibrar los desbalances y pensiones por los que ahora atraviesan al menos cinco instituciones públicas apenas alcanza los 700 millones de pesos, 100 millones más que el año pasado, pero mil 300 millones menos de lo necesario para sufragar sus gastos, según lo solicitado por los rectores de las universidades en quiebra.

Hasta hace unas semanas, dos universidades ya se habían declarado insolventes: la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Zacatecas; cinco se encontraban en lo que calificaron como “quiebra técnica”: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma del Estado de México.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dijo que una de las razones del problema en educación superior, tiene que ver con el insuficente presupuesto por parte del Estado.

 “Esta potencial quiebra financiera en algunas instituciones de educación superior tiene orígenes diversos que van desde el flujo tardío e insuficiente de recursos estatales o mala planeación financiera”, aseguró el rector de la UNAM.

La falta de solvencia económica fue denunciada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde 2002. En ese tiempo, la institución que actualmente aglutina a 191 universidades de todo el país, aseguró que el problema generado por la falta de presupuestos perjudica principalmente a los regímenes de pensiones y jubilaciones.

Asegura que fue este escenario el que llevó a las Universidades a gestionar ante el Gobierno Federal la creación del ahora conocido Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales, con miras a que los pasivos por pago de deuda no aumentaran y se sanearan las finanzas de cada institución.

Aunque resultaban un golpe al bolsillo y bienestar de los trabajadores jubilados, las universidades se comprometieron a realizar reformas y adecuaciones a sus regímenes de pensiones y jubilaciones con tal de recibir el recurso del Estado.

Entre las adecuaciones están la edad de jubilación, que se incrementó de 52 a 65 años; los años de servicio requeridos, que pasaron de 25 a 35; se eliminó la pensión dinámica; se crearon fondos de pensiones y se incrementaron, de manera gradual, las aportaciones mensuales de los trabajadores, además de que éstos solo recibirían los beneficios de la institución de seguridad social a la que estuvieran afiliados y no las previstas en los sistemas de pensiones previos.

Una vez implementados estos cambios, la SEP destinó, desde 2002 hasta 2017, 13 mil 820 millones de pesos a este fondo para la atención de problemas estructurales en las universidades públicas. La mayor asignación fue la de 2007, periodo en el que la SEP otorgó mil 300 millones de pesos.

Desde aquel entonces este fondo no ha recibido una asignación de tal magnitud, por el contrario, el monto ha ido disminuyendo considerablemente hasta llegar a su peor record en 10 años, al caer a 600 millones de pesos este 2017.

Para 2018, el presupuesto del Apoyo para la Antención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales apenas aumentó el 16.6 por ciento, al programar un gasto de 700 millones de pesos, tres mil 300 millones menos de los exigido por los rectores al Presidente de la República.

La OCDE asegura que México destina recursos insuficientes a la educación, muy por debajo de los países integrantes de este organismo. Por ejemplo en 2013, México dedicó tres mil 400 dólares a la educación de cada estudiante, cantidad muy por debajo del promedio de los paises de la OCDE, que fue de 10 mil 500 dólares, e incluso inferior a países de América Latina como Brasil y Chile, quienes destinaron cuatro mil 300 y cinco mil 100 dólares, respectivamente.
Solución en el limbo

Para el nuevo rector de la Universidad de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, el problema no es precisamente el sistema de pensiones y jubilaciones, sino que el gobierno federal exige ampliar la cobertura universitaria, es decir, aumentar el número del estudiantado cada año, pero no destina recursos para cubrirla, o sea, el personal necesario para atender a ese número de estudiantes.

El secretario administrativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas hizo declaraciones en el sentido de una posible privatización de las universidades al declarar “va a llegar un momento en que tengamos que poner un tope dentro de la universidad. Si no lo ponemos nosotros, ni la universidad ni la SEP nos van a ayudar”.

Para finales de 2017, rectores, gobernadores y el Gobierno Federal negociaban el subsidio “por última vez” –según amenazaron los dos niveles de gobierno– a las instituciones públicas.

Así las cosas, resulta contradictorio que la Cámara de Diputados, a tráves de su Centro de Estudios de las Finanzas Públicas concluya que “reducir el gasto en educación compromete el cumplimiento de las metas nacionales señaladas. Pues la inversión de recursos en el sector educativo es una de las principales herramientas para reducir la desigualdad económica y propiciar los derechos sociales para la población del país”. Aunque en los hechos, la propia Cámara de Diputados redujo el presupuesto destinado a este rubro.

La crisis que se avecina
Ante tales acontecimientos, al menos 200 mil jóvenes se enfrentarán al problema de quedarse fuera de las aulas, 26 mil trabajadores –entre académicos y administrativos– corren el riesgo de no percibir salario en los primeros meses; mientras la SEP y el Gobierno Federal pretenden resolver a medias la problemática. La única posibilidad que ven las universidades autónomas de Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Estado de México y Tabasco es la de contraer más deudas, si es que no se les rescata.

Desde 2002, cuando se alertó que las universidades arrastraban un problema de déficit en sus finanzas; se sugirió por parte de la SEP la modificación a sus sistemas de pensiones, pues absorbían la mayoría de su presupuesto.

 Incluso, en 1998 la Secretaría de Educación Pública conoció la situación; su conclusión fue que a futuro, “30 universidades contraerían un pasivo contingente en su sistema de pensiones y jubilaciones que rebasaría en conjunto los 300 mil millones de pesos”, a pesar de esto, los datos de la OCDE demuestran que hubo una reducción presupuestal.

La falta de solvencia ha obligado a las instituciones a gastar de más; es decir, los recursos destinados para otros rubros fueron utilizados para cubrir gastos en pensiones, pago de salarios o aguinaldos. Uno de los fondos es el presupuesto general Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2017, que dispuso de un presupuesto de más de 54 mil 83 millones de pesos para 34 universidades estatales públicas, de éstas, hasta octubre, las que reportaron mayores problemas habían gastado más del 8 0 por ciento de sus recursos asignados.

 Los reportes trimestrales revelan, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Zacatecas dispuso este año de mil 400 millones 871 mil pesos; sin embargo, para octubre ya solo contaba con 400 millones de pesos; insuficientes, según reportó el propio rector Antonio Guzmán Fernández, para cubrir los gastos de noviembre y diciembre. De hecho, señaló que la institución tenía un déficit presupuestal 382 millones de pesos. 

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de México, reportó un déficit de más de 600 millones de pesos. Durante 2017 manejó mil 768 millones 50 mil pesos, de los que había gastado el 71 por ciento hasta octubre. El rector Alfredo Barrera Baca dijo a finales de año que solicitaría mil 280 millones de pesos más (casi lo mismo que debió gastar en el año) al Gobierno Estatal y Federal para poder cerrar el año 2017.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que este año contó con un presupuesto de más de mil 30 millones de pesos, se había gastado para octubre el 80 por ciento de su presupuesto, por lo que solicitó recursos adicionales por dos mil 200 millones de pesos. Su déficit alcanza los 220 millones de pesos, aunque el rector José Manuel Piña Gutiérrez no declaró en “quiebra técnica” a la institución debido a que todavía no tiene adeudos con proveedores ni bancos.

 De los recursos totales, las 34 universidades gastaron hasta octubre un promedio del 76 por ciento, sin embargo, los gastos de fin de año repercutieron en que algunas se quedaron sin fondos para solventar sus gastos ordinarios y cerrar el año con éxito.