EDITORIAL

La agonía de las universidades públicas

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Buzos de la Noticia

Hace más de tres décadas que el modelo neoliberal avanza inexorablemente hacia la privatización de todos los aspectos de la vida social mexicana, cancelando las grandes conquistas de la Revolución de 1910.

La Reforma Agraria terminó hace dos sexenios y todas las llamadas “reformas estructurales” han puesto las leyes al servicio de los intereses de los poderosos; la reforma laboral dejó en la indefensión jurídica a los trabajadores mexicanos y numerosas iniciativas prosperaron hasta allanar el camino al capital privado en renglones estratégicos como la energía eléctrica, los recursos hídricos, los servicios de salud, la cultura y la educación.

Las universidades públicas, concebidas como instituciones autónomas destinadas a formar a los hijos de los trabajadores mexicanos como profesionistas, hace mucho que cerraron sus puertas a millones de jóvenes; los filtros fueron tan eficaces que desde entonces han dirigido el flujo de millones de estudiantes hacia la oferta de las universidades privadas, a las que solo puede acceder una minoría mediante el pago de elevadas colegiaturas.

Los efectos de un modelo económico centrado en el interés privado y la máxima ganancia se expresan en el irrisorio monto presupuestal que el Estado mexicano asigna anualmente a la educación superior, materializando su renuencia a hacerse cargo de educar profesionalmente al pueblo. Como resultado de esta política, las universidades públicas iniciaron una decadencia acelerada en términos de infraestructura y servicios educativos que durante años se ocultó a través del endeudamiento y de la operación con números rojos.

Las consecuencias de este déficit presupuestario están a la vista: la educación universitaria sufre una privatización de facto, pasando a formar parte de los jugosos negocios de inversionistas nacionales y extranjeros, mientras las máximas casas de estudios en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas o Estado de México, por mencionar solo algunas entidades, viven al borde de la “quiebra técnica” y se ven en aprietos para pagar a la planta docente y al personal jubilado mientras los organismos encargados de la gestión de recursos soslayan el problema o lo atribuyen a causas secundarias para no atacar el asunto de fondo.