REPORTAJE ESPECIAL

Política alimentaria, tortillas transgénicas para el pueblo

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Martín Morales Silva

Una investigación de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la composición bioquímica del producto tradicional mexicano, que validaron expertos de Alemania y que fue presentado el pasado 18 de septiembre corroboró la presencia de transgénicos y del herbicida glifosato en el maíz amarillo estadounidense, ambos desarrollados y usados en EE. UU. por la corporación Monsanto, salvo en el estado de California, cuyo gobierno incluyó al glifosato el siete de julio de 2017 en una lista de sustancias oncogenénicas peligrosas para la salud.

Antes, en marzo de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también había declarado esta sustancia como un agente cancerígeno.
“Se trata de un maíz amarillo transgénico que se destina a la producción industrial y al consumo animal.

Las Secretarías de Salud (SS) y de Agricultura (Sagarpa), han incumplido con su responsabilidad de asegurar que ese maíz se utilizara en México para esos fines y no se desviara al consumo humano; pero como han incumplido, una parte de ese maíz se mezcla con maíz nacional blanco, no transgénico, para elaborar harina de maíz y masa nixtamalizada, y con eso se producen tortillas en las que se han encontrado rastros de maíz transgénico.

Esto es una irresponsabilidad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la SS y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) de la Sagarpa”, afirmó a este semanario Víctor Suárez Carrera, ingeniero agrónomo, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC).

“Declarar que no hay problema por consumir una tortilla que contenga transgénicos y glifosato constituye una posición irresponsable.

La acumulación de la ingesta es la que puede causar daños, y es con el tiempo. Esto viola el derecho del consumidor a saber lo que contiene un producto para poder decidir. Se viola el derecho a una alimentación sana y a la salud, todo por proteger el negocio de las empresas semilleras y comercializadoras de maíz transgénico (la líder es Monsanto)”, denunció Víctor Suárez.

Sobre la controversia sostenida por especialistas que sostienen que los transgénicos no causan ningún daño a la salud y otros que afirman lo contario, Víctor Suárez dijo: “Hay científicos que tienen conflicto de interés , porque trabajan para las empresas; no tienen independencia, entonces tienen que decir que no pasa nada.

Si esperan evidencias de que uno coma una tortilla y se muera, pues no, el daño se produce por el consumo acumulativo. Ante esto lo que se debe aplicar es el principio precautorio. Pero se está incumpliendo para favorecer los negocios de Monsanto y del complejo agro-exportador estadounidense. Hay derecho del consumidor a saber qué está consumiendo. Que se etiqueten los productos señalando claramente su contenido, en este caso, que contiene maíz transgénico”.

El glifosato es cancerígeno
Los productos de Monsanto están bloqueados actualmente en países europeos. La Comisión Europea (CE) le ha suspendido su aval. Dictaminará en breve sobre las autorizaciones para su comercialización abierta en la región, aunque existen rechazos anticipados, entre ellos el de los franceses.

En el continente americano existe el riesgo para los mexicanos de que en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se cumpla el objetivo del presidente Donald Trump de pactar la homologación de nuevas legislaciones y permisos en México, EE. UU. y Canadá.

Esto reforzaría la autorización definitiva que busca Monsanto para la siembra de transgénicos aquí, entre ellos el del maíz con semillas tecnológicamente modificadas, programadas para sembrarse una sola vez, por lo cual encadenan al agricultor a seguirlas adquiriendo además de asumir los riesgos sanitarios.

Entre la información técnica analizada por la CE están las investigaciones científicas realizadas en 1983 a la fecha, cuyos resultados han sido corroborados en varias ocasiones, mismas que obligaron a la OMS –habitualmente renuente a trastocar los intereses comerciales de las agroalimentarias y farmacéuticas– a declarar cancerígeno en marzo de 2015 al glifosato, lo que desató la ira de la camarilla de financieros dueños de Monsanto, quienes en protección de su negocio mundial, valuado en unos 15 mil millones de dólares, soltaron una oleada de ataques mediáticos contra la OMS, entre los que se incluyeron tergiversaciones informativas y opiniones enfocadas a poner en duda y denostar las investigaciones científicas en las que se basó el organismo internacional para hacer esa declaratoria.

El nombre comercial del glifosato de Monsanto es Roundup, sirve para destruir maleza y arbustos en los cultivos, además de combatir ciertas bacterias. Fue desarrollado por el corporativo Monsanto en 1970. En 1993 la OMS declaró inocuo al glifosato y ratificó su dictamen del año 2000.

Pero ante el creciente activismo de organizaciones civiles internacionales, apoyadas por las redes sociales, y las investigaciones especializadas que señalaban los riesgos sanitarios por su uso en 2015, la OMS declaró al glifosato sustancia oncogénica y peligrosa para la salud humana.

De acuerdo con la organización civil Right to Know (usrtk.org), promotora de la transparencia informativa con respecto al sistema alimentario estadounidense, a partir de la declaratoria del glifosato como oncogénico, de 2015 a la fecha se han presentado más de 280 demandas en contra de Monsanto Corporation, cuyo dictamen está a cargo de una Corte de Distrito de San Francisco, California.

Los quejosos declararon haber sido expuestos al herbicida, lo cual les causó linfomas a ellos y/o a sus seres queridos (Non-Hodgkin’s lymphomam LNH)”. Las denuncias se desahogarán en 2018.

Ante los riesgos sanitarios de sus productos, científicamente probados, Monsanto ha respondido utilizando su poder económico, financiando agrupaciones de “científicos” que asumen la defensa de sus intereses mercantiles, pagando campañas publicitarias en medios de comunicación con cobertura local o mundial, según la estrategia y divulgando resultados pseudocientíficos a fin de tergiversar y desmentir la información científica genuina.

Las “operaciones especiales” de Monsanto no son nuevas. En la década de los años 90 la agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (USEPA) documentó estos casos de falsificación de resultados científicos: inspectores intervinieron a Industry Biotest Laboratories (IBL) por inconsistencias en una presunta investigación sobre el impacto sanitario del glifosato, cuyas conclusiones habían sido usadas por Monsanto para difundir publicaciones en medios de comunicación con el argumento de que su herbicida no provocaba tumores en el útero de mamíferos, como indicaban científicos críticos. Aquella investigación de IBL se había sustentado técnicamente en muestras uterinas tomadas a conejos (machos).

En 1991, el propietario de Craven Labs y tres empleados fueron sometidos a juicio acusados de 20 cargos. El dueño fue condenado a cinco años de prisión y a pagar una multa de 50 mil dólares , mienras que el laboratorio fue multado con 15.5 millones de dólares y 3.7 millones de dólares en restitución de daños. Esta empresa había manipulado datos para demostrar la presunta inocuidad de los plaguicidas fabricados por Monsanto.

En 1996, el corporativo fue acusado de fomentar publicidad engañosa, al difundir informaciones y presuntas investigaciones científicas falsificadas. En 2007 también fue sancionado al detectarse otro engaño al asegurar que el glifosato “era biodegradable” y no perjudicaba el medio ambiente, como afirmaban científicos y activistas ambientales.

Perturbaciones genéticas
En 1983 Monsanto se vio obligado a aceptar los resultados de una investigación en la que se evidenciaron perturbaciones genéticas en ratones expuestos a su herbicida, los cuales desarrollaron tumores; pero la corporación argumentó que en todo caso no había evidencias de un posible impacto, específicamente en seres humanos.

En 1984, el toxicólogo William Dykstra, experto de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. revisó el citado estudio de 1983 y confirmó al glifosato como agente oncogénico, capaz de producir tumores en los riñones humanos. Nuevamente Monsanto actuó para señalar que no había evidencias causa-efecto entre el glifosato y la generación de ese tipo de tumores, que podrían tener otras causas.

En 1985, un panel de toxicólogos independientes retomó las investigaciones de 1983 y 1984 y las validó. Fue en 2012 cuando hubo una nueva ratificación de la validez de los datos.

Se divulgaron los resultados del trabajo del especialista francés Gilles-Eric Séralini, quien repitió el experimento original de 1983 la misma forma y contexto: alimentó a nuevos ratones con maíz transgénico rociado con glifosato. Sus resultados fueron iguales a los obtenidos 29 años antes y congruentes con los obtenidos en 1984 y 1985.

Hace más de dos décadas, la periodista investigadora estadounidense Carey William, quien actualmente labora en el diario Observador de Texas ha documentado las operaciones de Monsanto enfocadas a derribar las frecuentes confirmaciones sobre la peligrosidad de sus productos, como recientemente lo está haciendo para denostar la declaratoria de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), adscrita a la OMS, reveló en un artículo publicado el pasado 19 de septiembre en el diario The Hufftington Post.

La organización estadounidense Rigth to Know (RK), enfocada a transparentar información sobre el sector alimentario de EE.UU., divulgó en mayo de 2016 documentos cuyo conjunto se conoce como los Monsanto Papers; en ellos se muestra cómo la corporación financia incluso agrupaciones de científicos, quienes se convierten en defensores de sus falacias.

Por ejemplo la RK mostró evidencias documentales de una “donación” por 528 mil 500 dólares entregados al International Life Science Institute (ILSI), triangulada por medio de la firma CroopLife International, que realiza este tipo de operaciones financieras para Monsanto y otras agroalimentarias mundiales como Syngenta.

La investigación mexicana
Los expertos del Instituto de Ecología (IE) y el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM reportaron el 18 de septiembre que el 90.4 por ciento de las tortillas y el 82 por ciento de las tostadas, harinas, cereales y botanas analizadas contenían secuencias de transgénicos y evidencias de glifosato.

Esto vino a confirmar las acusaciones de activistas sociales y especialistas, quienes desde 1999 han denunciado el irresponsable uso del maíz amarillo transgénico procedente de EE. UU. en la elaboración de alimentos humanos en México.

Los especialistas de la UNAM hallaron con mayor frecuencia evidencias de NK603, un tipo de maíz transgénico tolerante al glifosato comercializado por Monsanto. En proporción, se encontró en el 60.8 por ciento del total de las muestras estudiadas de diversos productos y en el 68.9 por ciento de tortillas.

Este mismo tipo de maíz fue usado por el científico francés Gilles-Eric Séralini en 2012 cuando alimentó ratas de laboratorio que posteriormente desarrollaron tumores cancerosos, incluidas las que consumieron maíz transgénico sin glifosato. 

Los resultados del trabajo Presencia masiva de transgenes y del herbicida glifosato en alimentos derivados de maíz en México fueron publicados inicialmente en la revista Agroecology and Sustainable Food Systems y divulgados el 18 de septiembre por la UNAM en México.

La investigación fue coordinada por la doctora en biotecnología Elena Álvarez Buylla Roce y participaron además los especialistas Emmanuel González Ortega, Alma Piñeyro Nelson, Elsa Gómez Hernández, Eduardo Monterrubio Vázquez, Marlenne Arleo, José Dávila Velderrain y Claudio Martínez.

Estos científicos utilizaron muestras de tortillas y otros productos elaborados industrialmente con maíz –entre ellas algunas botanas– y las compararon con muestras de maíz nativo y tortillas artesanalmente elaboradas en zonas rurales.

Las hechas en zonas campesinas estaban libres de sustancias químicas. En el caso de las comercializadas en mercados se hallaron rastros en la quinta parte de las muestras. La razón de la presencia de transgénicos en este caso –indican los investigadores– es que en ciertas temporadas los productores combinan el maíz natural mexicano con harina de maíz industrialmente elaborada, en la cual se incluye el material transgenético del maíz amarillo procedente de EE. UU.

“Más del 85 por ciento del maíz transgénico que se produce en EE. UU. es tolerante al glifosato, que es rociado sobre los maíces transgénicos que lo toleran, penetra en las plantas y llega a los granos, pero no pensábamos encontrarlo en nuestras tortillas y otros alimentos hechos con maíz”, dijo la doctora Elena Álvarez Buylla Roce.

“No esperábamos estos datos tan impactantes, porque el maíz transgénico no está permitido en México a campo abierto, pues está en proceso una demanda colectiva que lo impide desde 2013, año en que se aplicó una medida precautoria que prohibía su siembra mientras duraba el proceso legal”, agregó.

La misma investigadora explicó que México adquiere un promedio de 10 millones de toneladas de maíz amarillo de EE. UU., maíz que es utilizado para la fabricación de alimentos para humanos en lugar de ser destinado al ganado o como insumo industrial. Esto ocurre a pesar de que puede producirse suficiente maíz para consumo humano, nativo e hibrido, no transgénico.

En 2016 –puntualizó– se produjeron 25.7 millones de toneladas de ese maíz, de las cuales 12.3 millones se vendieron para consumo humano, 4.2 millones para autoconsumo, 4.4 millones para el sector pecuario y 1.5 millones para exportación.

Manifestó que si el gobierno apoyara el desarrollo de la agricultura mexicana habría un campo fuerte y se continuaría produciendo y comercializando maíz de alta calidad a precios justos, y sobre todo, los mexicanos tendrían mayores expectativas de salud. “Es importante recuperar la soberanía alimentaria. Los mexicanos nos estamos quedando sin opciones en términos de productos de maíz libre de transgénicos”.

El argumento oficial de los gobiernos mexicanos ha sido que resulta más barato comprar maíz en EE. UU., líder mundial en producción y exportación de maíz amarillo, que cultivarlo en el país. En 2016 se adquirieron 14 millones de toneladas de maíz con un costo de dos mil 613 millones de dólares.

De ese total, 12 millones 500 mil fueron de maíz amarillo y un millón 500 mil de blanco. Hasta mayo de 2017, el valor de las importaciones de maíz estadounidense estaba calculado en mil 713 millones de dólares.

De esta forma, México se ha consolidado como el segundo destino de las exportaciones agroalimentarias de EE. UU. y el maíz amarillo transgénico representa el segundo producto con mayor impacto en las relaciones comerciales, solamente detrás de la industria manufactura.

La importancia para los intereses corporativos estadounidenses en el caso mexicano se ha hecho evidente. Hace unas semanas, los representantes de 133 empresas agroalimentarias demandaron al presidente Donald Trump mantener a EE. UU. en el TLCAN.

La magnitud del peligro
En diciembre de 2014, el entonces presidente de la Comisión Especial de Alimentación de la Cámara de Diputados, Ricardo Cantú Garza, citó el riesgo de usar maíz transgénico en la elaboración de las tortillas, el comestible de mayor consumo y tradición en la gastronomía de los mexicanos.

Citó el estudio realizado en 2012 por el científico francés Gilles-Eric Séralini, con el uso de maíz transgénico rociado con glifosato, el cual causó tumores en las glándulas mamarias de los ratones hembras y en los riñones de los machos.

Cantú Garza exigió al gobierno atender el exhorto hecho a México en esos días por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar el uso de maíz transgénico en la fabricación de alimentos, porque todavía no existen garantías plenas de que no causa daños a la salud.

El legislador explicó que México no necesita tomar estos riesgos sanitarios porque cuenta con 59 especies de maíz. El país –resaltó Cantú– ocupó en 2012 el cuarto lugar entre los principales productores del grano.

Actualmente la producción de maíz transgénico no está prohibida en el país, sino suspendida precautoriamente desde el 17 de septiembre de 2013. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada ese día a un juicio colectivo en demanda de garantizar la protección a la salud de la población y los derechos culturales asociados al maíz.

En tanto resuelve de fondo, declaró una suspensión preventiva de la siembra de este tipo de granos. Como lo ha hecho en otros sitios del mundo, en este caso, la corporación estadounidense Monsanto presiona insistentemente para derribar esa demanda colectiva.

RECUADRO
“En México se produce sobre todo maíz blanco de alta calidad para consumo humano. El maíz que se importa de EE. UU. es maíz amarillo destinado a la alimentación  del ganado. A raíz de su fallido plan de producción de etanol para reducir el costo de los combustibles, EE. UU. aceleró la siembra de maíz transgénico.

Hoy es el primer productor del mundo (tiene una sobreproducción) de este tipo de grano y es el que se trae de allá a nuestro país”, dijo a este semanario Alejandro Cruz, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

“Lo que hace el estudio presentado por la UNAM es confirmar algo que todos sabíamos que estaba pasando: se está usando maíz amarillo transgénico para elaborar alimentos. Esto se denunció en el amparo que interpusieron organizaciones de la sociedad civil, que hasta ahora han podido detener la siembra de maíz transgénico en nuestro país (suspendida en 2013), pero que no han podido evitar la contaminación precisamente porque se trae maíz amarillo de EE. UU., el principal impulsor del maíz transgénico.

A las corporaciones de las semillas, a la agroindustria, a las de fabricación de harinas, tortillas y productos derivados, lo que les interesa es el negocio, no la alimentación de los mexicanos, lo cual es algo que hemos estado denunciando”, indicó Cruz.