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El salario mínimo mexicano: incongruente en lo absoluto

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Níobe Enciso Zamudio

El 21 de este mes, el portal de Forbespublicó una nota titulada “salario mínimo subirá a 88.36 pesos en diciembre”, con un sumario que decía: “El salario mínimo aún no cubre el monto necesario para alcanzar la línea de bienestar, advirtió el sector patronal”.

Su monto actual es de 80.04 pesos, por lo que el aumento que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó fue de 8.32 pesos, desde su último incremento el 1º de enero de este año. Aunque ésta y otras noticias sobre el tema pueden resultar tranquilizantes para quienes no siguen de cerca este problema, o que no les afecta, hace falta analizarlo con mayor detalle para informar a los 100 millones de mexicanos que padecen algún tipo de pobreza.

La política salarial mexicana es de contención y está dirigida casi en absoluto por los objetivos de control inflacionario del Banco de México.

En términos llanos, lo anterior quiere decir que el nivel del salario mínimo se determina con base en el argumento, abanderado por los empresarios y los economistas institucionales, de que todo incremento salarial por arriba del de la productividad es inflacionario, ya que ahuyenta la inversión, frena el crecimiento económico y genera crisis. A este supuesto se añade que uno de los mayores problemas de la economía nacional es precisamente la baja productividad de los  trabajadores.

En contradicción con la tendencia que los había regido desde siempre, en junio pasado los dueños de los medios de producción en el país, retractándose de sus argumentos históricos, “exigieron al gobierno” un incremento sustancial en el salario.

Para salir adelante de este embrollo, hay que recordar que en el marco de la renegociación del Tratado de Libre de Comercio de Norteamérica (TLCAN), el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump y el líder sindical canadiense Jerry Dias denunciaron en septiembre pasado los salarios de hambre que aquí se pagan y con base en ello acusaron a México de hacer una competencia desleal a sus respectivas naciones en los ámbitos laboral y comercial. Con estas denuncias, ciertamente hechas en interés de los empresarios y trabajadores de EE. UU. y Canadá, cuestionaron la cultura salarial mexicana.

Ahora que recientemente se anunció el alza al mini-salario, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que ha estado jugando el papel de “benefactora” de los obreros mexicanos, en un comunicado manejó cifras que para otros indicadores resultarían alentadoras, pero no para el sector laboral: que en su nuevo nivel el salario mínimo cubrirá el 92.76 por ciento del monto necesario para alcanzar la línea de bienestar y que el incremento recién aprobado representa un 10.39 por ciento con respecto a su cuota anterior.

Por nuestra parte sabemos que la línea de bienestar seguirá igual de lejana y que el incremento absoluto y relativo son ínfimos si se les relaciona con la inflación (que se aceleró en la primera quincena de este mes) y con los demás niveles de ingreso.

Sabemos que, según los últimos datos oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los trabajadores mexicanos son los que más horas trabajan al año; que México ocupa los primeros lugares en la producción y exportación de productos alimenticios (según datos del blog de la Presidencia de la República); que aunque el crecimiento porcentual es bajo, el país posee la décimoquinta economía del mundo; que en América Latina tiene el primer lugar en riqueza; que en el ranking mundial de países con más multimillonarios ocupa el número 20 y que es el segundo país con mayor desigualdad de ingresos dentro de la OCDE.  

De lo anterior podemos deducir que mientras las cifras oficiales falazmente hablan de una disminución de la pobreza, la política salarial sigue abonando a favor del enriquecimiento abusivo de los empresarios; que el trabajador mexicano, aún con su hambre y las condiciones deplorables en que labora, continúa subsidiando la producción nacional, elevando la competitividad pese a la ineficiencia empresarial, ganando mercados externos, aumentando las ventas, haciendo funcionar la economía e incrementando la riqueza de unos pocos.

Debemos explicar la inesperada “generosidad” de la iniciativa privada como un intento de engaño, pues sus adelantadas propuestas de aumento salarial tenían como finalidad que éste no fuera del nivel que la situación socioeconómica del trabajador exige.

En este sistema los empresarios nunca serán abogados del trabajador. Por  ello se requiere una lucha por un sindicalismo realmente representativo de sus intereses gremiales y que el Estado mexicano asuma en serio el reto de redistribuir la riqueza  que los trabajadores generan.