CLIONAUTAS

Los estudiantes y la guerra fría

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Victoria Herrera

Hace 50 años ocurrió el asesinato del revolucionario Ernesto Guevara, El Che, en Bolivia; en el mismo año tuvo lugar uno de los movimientos estudiantiles más importantes y olvidados de México: la huelga nacional de las escuelas de agricultura en apoyo a los estudiantes de Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, que pedían federalizar su institución.

Ambos acontecimientos revelan que hace medio siglo los estudiantes de nuestro país y del mundo, además de un buen número de profesionistas como El Che, estaban involucrados como nunca antes en los movimientos sociales. Por supuesto, esa actitud no era obra de la casualidad sino de una serie de circunstancias que marcaban la historia de la segunda mitad del siglo XX.

El fin de la Segunda Guerra Mundial representó el inicio de un enfrentamiento entre los países vencedores. Ahora el mundo se dividía en dos potencias hegemónicas y antagónicas: por una parte Estados Unidos (EE. UU.) y los países satélites concertaron una alianza de cooperación militar: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); y por la otra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y sus aliados suscribieron el Pacto de Varsovia. Los demás Estados del orbe se aliaron con uno u otro de los extremos de esta bipolaridad.

El programa de la OTAN tenía el propósito de frenar el avance del comunismo, en especial en las naciones de Europa. Sin embargo, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la política que adoptó su líder, Fidel Castro, en los años inmediatos, cambió la perspectiva de EE. UU.

A raíz de la fallida invasión a Bahía de Cochinos por parte de mil 500 hombres entrenados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de las constantes amenazas del gobierno de Kennedy, Castro proclamó en diciembre de 1961: “Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida”.

A los ojos del gobierno estadounidense la Revolución Cubana era una “cabeza de playa” de la URSS, una avanzada intolerable en su propia zona de seguridad. En consecuencia, despertó la histeria anticomunista en EE. UU., que derivó en una verdadera guerra ideológica que se esparció a América Latina y Europa. Los partidarios del comunismo fueron perseguidos y enjuiciados como “agentes o espías soviéticos”, traidores y propagandistas de una doctrina “exótica”.

La disputa capitalismo-comunismo tuvo lugar en la periferia del mundo, en los países desarrollados o del “Tercer Mundo” y no se expresó como un enfrentamiento directo entre las dos potencias. México, en su calidad de “patio trasero” de EE. UU., adoptó la política anticomunista de la OTAN.

Con el propósito de inhibir cualquier protesta o brote comunista, el gobierno de Miguel Alemán Valdés creó durante su gobierno sexenal (1946-1952) el artículo 145 bis del Código Penal Federal en clara respuesta al mandato anticomunista de Washington. En este texto se especificaba que toda acción en contra de la soberanía nacional en forma “hablada o escrita, por medio de símbolos o cualquier otra forma… difundiendo ideas, programas o norma de acción” sería castigado como un acto de disolución social.

De ahí en adelante el delito de “disolución social” funcionó para inhibir cualquier conato de organización y protesta. Así, el Estado mexicano reprimió movimientos laborales de petroleros, ferrocarrileros, campesinos y magisteriales en la década de los años 50 y los estudiantiles de los años 60. Por la misma razón, las diversas corrientes de tendencia izquierdista, encabezadas por el Partido Comunista Mexicano (PCM), comenzaron a actuar en la clandestinidad, pues sobre ellos se cernía la sombra del artículo 145 bis. En el ámbito legal y en los hechos cotidianos el comunismo estaba proscrito en México.

Al mismo tiempo –y paradójicamente– la economía mexicana creció a través del famoso modelo de sustitución de importaciones que se implementó a propósito de la Segunda Guerra Mundial. La calidad de vida mejoró en comparación con la del siglo XIX y las primeras cuatro décadas del XX.

No obstante, la riqueza nacional comenzó a concentrarse en unas cuantas manos y, por tanto, los sectores sociales se manifestaron en contra de la injusticia del modelo económico dominante.

A finales de los años 60, la disputa capitalismo-comunismo alcanzó su punto álgido. El temor de que el ejemplo de la Revolución Cubana cundiera en Latinoamérica provocó que EE. UU. implementara un programa caritativo, la Alianza para el Progreso (ALPRO), que consistía en brindar ayuda económica, política y social a los países de América Latina. Bajo la máscara de la filantropía y la solidaridad desinteresadas, este proyecto perseguía el objetivo de cooptar la base social de las guerrillas y los movimientos latinoamericanos de inspiración socialista.

En estas circunstancias se encontraba nuestro país hace 50 años. El autoritarismo del Estado mexicano, por un lado, y la crisis de la economía del bienestar social heredada de la posguerra por otro, desataron un periodo de rebeldía social generalizada protagonizado básicamente por la insurgencia sindical y estudiantil, la que había sido determinada en gran medida por la Guerra Fría.

En este escenario convulso ocurrió la huelga nacional de las escuelas superiores de agricultura y la participación de los estudiantes y profesionistas en los movimientos sociales de la década de los 60.