REPORTAJE INTERNACIONAL

Ciudadanos
contra el capitalismo del desastre

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Nydia Egremy 

El capitalismo corporativo, ante eventos catastróficos, impone a los gobiernos neoliberales su “doctrina de shock” y logra desmantelar el Estado de bienestar. Esta doctrina, que privilegia presupuestos político-económicos sobre el criterio humanista en situaciones de emergencia, se aplica en detrimento de la población damnificada por sismos, guerras, y otras catástrofes. Sin embargo, cuando las sociedades comprenden la esencia de ese fenómeno depredador, se acelera  la construcción de la conciencia ciudadana y se proponen nuevos contenidos políticos que desafían las obsoletas expresiones del poder.

Los desastres tienen efectos geopolíticos multidimensionales. Así como el terremoto de septiembre de 1985 provocó una crisis en el pacto entre sociedad y gobierno, que marcó la aparición de la sociedad civil como un ente emergente en la esfera pública, los efectos sociales de los sismos del siete y 19 de noviembre podrían contribuir a la reinvención del Estado mexicano.

El sismo de hace 32 años “se volvió metáfora de un temblor político y social que transformó para siempre a la Ciudad de México (CDMX), si no es que a todo el país”, según la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH), Alejandra Leal. Por tanto, la emergente ola social tras esta tragedia en México podría asestarle un golpe mortal al neoliberalismo y a sus cómplices.

Para el capitalismo corporativo toda tragedia da oportunidad de reducir el rol del Estado y obtener beneficios. Por ello se le conoce como “capitalismo del desastre”. Entre las valiosas y penosas lecciones que han dejado los sismos del siete y 19 de septiembre destacan la reacción del Estado mexicano, la del imperialismo depredador y la de los ciudadanos.

A la inoperancia –o inexistencia– de una estructura de gestión para desastres naturales en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla (entidades próximas a los epicentros), se sumó la casi total falta de infraestructura en telecomunicaciones, sanitaria y de transporte; así como la antiética cobertura de la prensa corporativa sobre la desgracia de millones de personas.

Financiarización del desastre
Así opera el capitalismo del desastre: aprovecha el trauma colectivo para promover reformas a su favor y desplazar al Estado. Ante la devastación, las empresas privadas gozan de total libertad de movimiento mientras se restringe la de los ciudadanos que sufren la caída del gasto social. A esa estrategia política se la denomina “doctrina del shock”.

Es decir, reorientar los procesos de reconstrucción tras un desastre hacia la apertura de grandes oportunidades de negocio a los agentes del capitalismo del desastre, incluidas las respuestas de tipo militar. Así lo revela la investigación de la periodista canadiense Naomi Klein, en 2007, que revolucionó el concepto de ayuda en siniestros.

En el caso mexicano, corporaciones multinacionales como Walmart, Pepsico y Coca Cola lograron ganancias millonarias por la venta de productos que la solidaria población llevaba a centros de atención a damnificados. Ni un peso redujeron en el precio de los cientos de miles de latas de alimentos, botellas de agua, medicamentos y ropa que vendieron en esa fase de la emergencia.

Mientras los monopolios televisivos silenciaban la tragedia humanitaria en los estados afectados, cuyas comunidades han sido condenadas a la pobreza y al subdesarrollo por el neoliberalismo, y motivados por el mercantil criterio del rating difundían falsas expectativas de salvamento de víctimas.

El Estado ha sido incapaz de frenar el abuso de las corporaciones extranjeras y tampoco ha retirado ninguna concesión de telecomunicaciones a esas emisoras. Eso habla de su vulnerabilidad.

En su lógica de lucro, la banca nacional abría cuentas para administrar los generosos donativos de la sociedad y la banca extranjera ofrecía al gobierno amplias líneas de crédito para paliar la emergencia.

Los cálculos y estimaciones del desastre quedan en manos de aseguradoras, instituciones financieras y entidades cuyos criterios muchas veces van en perjuicio de subsidios a familias pobres y pequeños productores.

Es lo que Mónica  Bruckmann llama “financiarización del desastre”, un modelo que convierte territorios y bienes naturales en commodities (bienes mercantiles). Esa financiarización se nutre de la destrucción que provoca daños irreversibles a procesos geofísicos y a la biósfera; ambos con un impacto social de gran envergadura.

Lucrativa reconstrucción
No es de extrañar que la clase empresarial y la política mexicana favorezcan la “doctrina del shock”. Ambas se han formado bajo el ideario neoliberal y neoconservador estadounidense (Escuela de Chicago) y sus estrategias de expansión en todo el mundo;  por tanto, respaldan planes que las benefician, no a las mayorías.

El 19 de septiembre el Servicio Geológico de Estados Unidos (EE. UU.) estimó el costo de los daños en 10 mil millones de dólares, casi el uno por ciento del producto interno bruto (PIB). Una semana después, el día 27, el Presidente de la República anunciaba que reconstruir las zonas afectadas costaría 38 mil 500 millones de pesos, previsión muy similar a la estadounidense.

Esos montos imponen una presión inédita sobre el ya exiguo presupuesto 2017 y la modificación sustantiva del proyecto para el año fiscal 2018. Como ejemplo, entre 2000 y 2012 las pérdidas por huracanes, sequías y sismos causaron pérdidas estimadas en 284 mil 351 millones de pesos que equivalían a más del presupuesto anual de las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública. Entonces el país pudo enfrentar esas emergencias con sus propios recursos,  hoy la situación es mucho más compleja.

 La fragilidad del Estado mexicano se evidencia en la obligada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que le impuso el veleidoso presidente de EE. UU.

Desde entonces ese diálogo es la prioridad en la agenda político-estratégica del gobierno. No obtener ventajas en ese tratado agravará los costos políticos, sociales y económicos de la catástrofe por los sismos, en el mediano y corto plazo. 

En el ámbito rural, la destrucción se agrava, pues las casas son de adobe, paja y piedra, con lo que el periodo de recuperación será largo y penoso. Para reducir al mínimo los efectos de los desastres telúricos en el futuro, el geógrafo y politólogo José Luis Cadena Montenegro propone la “planeación socioeconómica”, una estrategia de prevención efectiva que también contempla la rigidez en las normas de construcción y la zonificación por riesgo en estados y municipios.

El impacto social y económico es más agudo en países en desarrollo. La siniestralidad conlleva altísimos costos que redundan en un extendido empobrecimiento y limita las posibilidades de desarrollo, describe el experto peruano Nelson Morales. Por tanto, la prevención de desastres es y debe ser permanente, no preocupación ocasional de los gobiernos y de la sociedad. De ahí que mientras mejor se forme a la población y a los cuadros directivos, menor será el riesgo.

Hoy el reto es orientar el proceso de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, para incluir a todos los sectores en la cuantificación del desastre y la evaluación de riesgo de futuros eventos desastrosos.

Y lo positivo es que frente a ese capitalismo de desastre en ciudades y comunidades rurales emerja una población atenta y crítica, y que observe la respuesta gubernamental a este desastre. Fluyen, de las redes sociales a los medios, datos de donativos de gobiernos y organizaciones foráneas que favorecen el análisis e interacción social.

Presión ciudadana
Mientras se evidenciaban la incompetencia y las rivalidades políticas comenzaba a posicionarse la tendencia #PartidosDonenSuDinero entre damnificados, familiares de víctimas, voluntarios, trabajadores, estudiantes y catedráticos ¡Por primera vez en la historia de desastres en el país, los mexicanos lograban imponer su agenda a la clase política!

Tras lograr en solo unos días que partidos políticos y candidatos independientes admitieran que sus recursos son necesarios para reconstruir las zonas afectadas, hombres y mujeres ya debatían en plazas públicas qué destino darle a los seis mil 778 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) destinará en 2018 a esas instituciones políticas. Ése es el presupuesto más alto para unas elecciones presidenciales.

Quienes lograron ese triunfo fueron vendedores de tamales, estudiantes, diseñadores, antropólogos, psicólogos y miles más que en cuestión de horas también pusieron en operación servicios civiles de ayuda.

Esos voluntarios crearon la plataforma digital que confirmaba información sobre infraestructura colapsada, víctimas y atención médica. En otra zona, especialistas ofrecían el servicio Orejas Amigas para brindar consuelo y orientación emocional a los damnificados.

Mientras ciclistas y motociclistas llevaban medicinas, guantes de carnaza o botellas de agua a centros de acopio y universitarios asesoraban a trabajadores para presentar denuncias anónimas contra empleadores que los obligaban a laborar en edificios dañados.

Los jóvenes millennials salían de su mutismo y de la mano con otros sectores de la población se mostraban decididos a influir en la reconfiguración del Estado mexicano tras estos sismos.