CLIONAUTAS

Las normales rurales y el Estado

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Aquiles Celis

En estos días la sociedad mexicana sigue conmocionada por la herida, aún abierta, que causó la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El caso, que aún hoy arroja muchas dudas sobre lo que aconteció aquel 26 de septiembre de 2014, continúa sin esclarecerse ni da indicios de que se hará justicia a los padres de los normalistas y a los estudiantes de las normales rurales.

Con tantos ríos de tinta vertidos sobre esos hechos, lo único cierto es que algunos de sus autores materiales e intelectuales campean a sus anchas y las principales preguntas en torno a su origen no han sido respondidas. No pretendemos con este artículo responder a ninguna de ellas, pero sí aspiramos a contribuir, en una proporción microscópica, a la comprensión de las tensiones que existen entre las autoridades del Estado, los grupos de poder locales y las instituciones rurales.

Con base en los estudios históricos más abarcadores sobre el tema, como es el caso de La escuela como opción de vida, de Alicia Civero; Identidad y Acción Colectiva, de Denisse Cejudo, o la obra de Sonia Reynaga, haremos una breve descripción que, con suerte, explique la génesis y el desarrollo de las instituciones de educación agropecuaria que abrevaron en las demandas y respuestas generadas por la Revolución Mexicana. Esto con el fin de hacer visible el proceso de adhesión, distanciamiento y hostilidad entre estos espacios, el Estado y los grupos locales de poder.

La “estabilidad” conseguida o impuesta en 1917, a partir de la tregua a los conflictos armados entre las diferentes facciones político-militares, propició una coyuntura necesaria para la elaboración de una constitución que pudiera solicionar las demandas más sentidas de la población mexicana.

A pesar de la participación de representantes de distintos estamentos sociales, la situación del campo mexicano fue una de las que con singular fuerza irrumpió en ese proyecto.

La Reforma Agraria, nacida de la Constituyente del 17, planteó en primera instancia su reconocimiento como objetivo prioritario en el estudio de la situación del campo mexicano;  enseguida demandó la recuperación de la tierra en poder de los grandes latifundistas y, en última instancia, exigió su reparto a favor de los campesinos más pobres. La Secretaría de Fomento y Agricultura (SAF) fue la institución encargada de hacer extender la reforma agraria al ámbito de la vida social.

La SAF impulsó, al mismo tiempo, la formación de ingenieros agrónomos en esa época a través de instituciones que existían antes de la Revolución pero que se desarrollaron con la vena social de ésta en los años 20. De las diversas instituciones formadoras del agricultor científico mexicano, y del embrión de la transformación social de la propiedad de la tierra, destacaron las Escuelas Centrales Agrícolas.

Estos complejos educativos (que fueron ocho en total y se diseminaron en toda la República Mexicana) nacieron con las ideas pedagógicas de educadores egregios como Moisés Navarro y Gonzalo Robles, influidos por las escuelas de agricultura de Europa Oriental y de las prácticas pedagógicas de John Dewey y Lunacharsky.

Además de funcionar como escuelas, las Escuelas Centrales Agrícolas debían ser ejes transformadores de la comunidad donde fueron construidas y la forma práctica de hacerlo fue mediante la creación de cooperativas que organizaron la producción al tiempo que dependían del Banco de Crédito Agrícola. De esa manera, las centrales funcionaban como un trinomio escuela-cooperativa-banco.

Paralelamente, la Secretaría de Educación Pública, bajo la égida de José Vasconcelos, se ocupó profundamente de la expansión de la enseñanza básica, media y superior hacia otros ámbitos y en ese periodo, hasta por lo menos los años 40, uno de los objetivos capitales fue la enseñanza rural. En este marco la SEP impulsó también otra institución, particularmente atractiva: las misiones culturales, integradas como organismos itinerantes que sirvieron como una extensión del Estado en lugares del país a los que era incapaz de llegar. Su principal objetivo fue la alfabetización y la mejora de vida de las comunidades agrarias.

Por otra parte, recuperó las normales rurales, instituciones que habían funcionado irregularmente (con otros nombres y bajo otros parámetros) desde la segunda mitad del siglo XIX. Las normales rurales trabajaban con el mismo objetivo de las escuelas normales urbanas, pues en el campo eran las instituciones formadoras de los profesores por antonomasia.

Estas instituciones dieron en esa época un inusitado impulso estatal a lo educativo y lo político, pues por una parte alfabetizaron y, por la otra, fueron el eje conductor de las políticas del Estado en el interior del país. Durante la Guerra Cristera, ante la inconformidad clerical con la propuesta gubernamental, las normales rurales y las centrales agrícolas fueron objeto de ataque de parte de la disidencia. El ejército mexicano tuvo que proteger a los estudiantes y a los maestros rurales de los ataques de las facciones cristeras.

Durante la época cardenista, y aún antes, se comenzó a preparar el terreno para reformar la educación impulsada en gran medida por Narciso Bassols, egregio comunista y secretario de la SEP. La innovación al artículo tercero constitucional pugnaba por una enseñanza “materialista” del devenir humano que eliminara los conceptos religiosos de los planes de estudio.

En materia de enseñanza agrícola y rural, las tres instituciones antes mencionadas se fusionaron en un complejo que concentraba las principales funciones de cada una de ellas y que acercara el vínculo a las comunidades, teniendo como objetivo la creación de profesores y agrónomos. Así se conformaron las nuevas Escuelas Regionales Campesinas (ERC), que se afiliaron a una subsecretaría de reciente creación: el Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal Rural, dependiente exclusivamente de la SEP.

Las Escuelas Regionales Campesinas fueron el proyecto estrella del gobierno revolucionario de Lázaro Cárdenas en cuanto a la inserción del Estado en las comunidades más alejadas del centro.

Como anotan los especialistas en el tema, fueron la extensión y el medio más idóneo para concientizar a los campesinos en la propuesta de que el asunto central de la Reforma Agraria era el reparto de la tierra, además de que el magisterio de estos centros docentes fue el gran propulsor de la enseñanza socialista.

En las ERC las novedades pedagógicas fueron una realidad social y política cotidiana, como ocurrió en los internados mixtos, donde los alumnos crearon consejos de representantes y progresivamente evolucionaron hacia el autogobierno. También se promovieron las libres asociaciones de los alumnos que pronto vertieron en la creación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. 

Al final del periodo cardenista, la enseñanza rural sufrió un revés del que nunca se recuperó. Con la llegada de Octavio Vejar Vázquez, radical anticomunista, se disolvieron las ERC, que en su momento llegaron a superar la treintena en todo el territorio nacional. Antes de esta estocada final, las ERC habían sido ahorcadas económicamente por el propio Estado mexicano. 

Las ERC fueron divididas en Escuelas Prácticas Agrícolas y en Normales Rurales. Ante la inanición a que fueron sometidas, las tradiciones del autogobierno y la libre coalición impulsó el estallido de huelgas generales en las normales rurales.

La situación escaló tan alto en este cuadro de conflictos que el ejército tuvo que entrar a las instituciones y arrestar a los estudiantes, esto llevó a que los estudiantes concluyeran que habían sido desamparados, que el Estado que antes los había protegido de los cristeros ahora traicionaba a la Revolución (Civero, 2013).

En la coyuntura actual, en que parece que ni la formación de profesores ni la productividad agrícola importan en la construcción de un proyecto de nación, el Estado mexicano muestra una profunda aversión hacia la enseñanza rural. Ha cercenado de tajo, a través de sus políticas, el vínculo entre la educación y el pueblo.

Prueba de esto es que desde hace rato se le ha dado la espalda al estudiantado rural, o peor aún, cuando éste reclama espacios de manifestación, las balas pueden ser la respuesta. Tal vez es la única respuesta certera que tenemos a tres años de la tragedia de Ayotzinapa.