PULSO LEGISLATIVO

Fuera el fuero

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Álvaro Ramírez Velasco

Con la suma de Coahuila, hace un par de semanas, ya son 15 de 32 las entidades del país que han retirado el fuero a los funcionarios públicos y en algunos casos a los gobernadores.

Ese cobijo constitucional que otorga inmunidad procesal se conserva también en diputados locales y, en el nivel federal, en el Presidente de la República, diputados federales y senadores, aunque está acotado desde 2011.

Es cuestión de unos meses más –sobre todo por lo redituable que la medida puede resultar entre los ciudadanos, de cara al proceso electoral de 2018– es posible prever el aval de esta reforma constitucional en casi todos o la totalidad de los 17 congresos locales que aún no la aprueban.

Los funcionarios públicos ya no tienen fuero en Baja California, Campeche, Ciudad de México (aunque entra en vigor en septiembre de 2018), Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos (aunque se conserva para el gobernador), Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz (con excepción del fiscal y magistrados) y Yucatán.

A pesar de ser impopular, pues efectivamente es un privilegio, considero que el fuero es necesario, pero exclusivamente para el ejercicio legislativo local y federal. Únicamente para éste.

Es precisamente esta protección la que permite –cuando se utiliza correctamente– que los legisladores locales, diputados federales y senadores puedan realizar un ejercicio franco de su representación popular para enfrentar a otros poderes, principalmente a gobernadores y al presidente de la República.

No solamente se trata de que el fuero garantice que los legisladores estén exentos de ser reconvenidos, procesados o juzgados por las opiniones que emitan durante su cargo, sino también de algunas de sus acciones, legítimas y honestas en la defensa y la representación de los ciudadanos.

En estos casos, el fuero resulta un blindaje ante posibles delitos que se les fabriquen, sobre todo si son opositores a un titular del Poder Ejecutivo (gobernadores o presidente), cuyo poder llegue a la manipulación de las instituciones de procuración y administración de justicia. ¡Vamos, esto ha ocurrido tantas veces!

Sí, los legisladores deben tener fuero para dar la cara por los ciudadanos de a pie y en los casos en que están desprotegidos ante abusos; para dar la batalla en tribunales, en manifestaciones y en los litigios donde puedan ejercer legítimamente su representación popular.

El fuero, por supuesto, no debe utilizarse para evitar la cárcel, en caso de la comisión de delitos, sobre todo graves.
De ahí que la reforma de diciembre de 2011, que acotó el fuero a nivel federal para el Presidente, diputados federales y senadores, entre otros, haya sido un gran acierto.

Con ese cambio constitucional quedó establecido que, en caso de delitos graves, el Presidente de la República, los legisladores, funcionarios, jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) e integrantes de organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), “podrán ser sujetos a proceso penal sin perder la libertad y el cargo”.

Esa modificación a la Carta Magna también especificó que “cuando termine el juicio y exista sentencia condenatoria, el juez podrá solicitar a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad”.

En ese sentido, la reforma de 2011, y las que se han realizado en 15 entidades, atienden a una demanda justa y popular de no convertir en jurídicamente intocables a los poderosos.

La excepción en esta reforma, que seguramente no durará mucho, la representan como una mancha, casi estigma en el tema de legislación, los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.