REPORTAJE NACIONAL

El trabajo informal
consecuencia del neoliberalismo

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Martín Morales 

Aunque la administración federal vigente asegura que la informalidad laboral se ha reducido en un tres por ciento entre 2012 y 2017, lo cierto es que este problema continúa creciendo de manera sostenida en la mayor parte de la República porque es una pieza maestra de la estrategia del modelo económico neoliberal para reducir a su mínima expresión la rectoría del Estado sobre el mercado.  

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó en mayo de este año reveló que 16 de las 32 entidades del país registraron niveles de trabajo informal –es decir, labores que se realizan sin recibir ninguna prestación social, sanitaria y laboral– por encima de la media nacional del 57.2 por ciento.

 Entre las entidades con altos índices de trabajo informal destacaron precisamente los que tienen más pobres en el país: Oaxaca, que reportó una informalidad del 81.9 por ciento;  Chiapas con el 79.8; Guerrero, 77.6; Hidalgo, 74.5; Puebla, 73.3; Tlaxcala, 72; Michoacán, 69.1; Veracruz, 68.5; Morelos, 67.7; Tabasco, 64.9; Nayarit, 62.9; Campeche, 62.7; Yucatán, 62.6; Zacatecas, 62.1; Guanajuato, 57.7; y Estado de México, 57.6 por ciento. 

Los restantes 16 estados se encuentran debajo de la media, pero de cualquier manera presentan altos índices de trabajo informal, como es el caso de Nuevo León, donde 40 de cada 100 trabajadores laboran en la informalidad.

Los estados con trabajo informal dentro de la media nacional son: San Luis Potosí con el 56 por ciento; Colima, 52.4; Durango, 52.2; Jalisco, 50.9; Sinaloa, 50.3; Quintana Roo, 48.6; Ciudad de México (CDMX), 48.4; Tamaulipas, 46.4; Sonora, 45.9; Querétaro, 45.5; Aguascalientes, 44.1; Baja California Sur, 39.3; Baja California, 37.9; Coahuila, 37.9; Chihuahua, 35.7; y Nuevo León, 35.7 por ciento.

El doctor David Lozano Tovar, investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a buzos que el trabajo informal continúa creciendo en México y aseveró que el 57.2 por ciento divulgado por el Inegi no es exacto.

“El que nosotros tenemos en el CAM, calculado de 2012 a la fecha, es del 63 por ciento de informalidad laboral, al que llegamos utilizando la propia medición recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Medimos con base en las características y la durabilidad del empleo, y no por los que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR-las Afores). Eso no es una medición seria.

“A raíz de su programa de incorporación al IMSS al SAR (iniciado en 2013) dicen que la informalidad bajó al 57.2 por ciento; es decir, que hubo una reducción en casi tres millones de personas.

Pero en 2017 es mayor la población económicamente activa (PEA). En 2012 eran 50.7 millones y ahorita tenemos 53.6 millones; es decir, hay tres millones más en la PEA; nosotros, usando las características del empleo de la OIT, obtuvimos el 63 por ciento. El problema del trabajo en la informalidad está ahí, no se ha resuelto. Que hagan una labor en medios de comunicación es otra cosa. 

“Las condiciones para la existencia de este nivel de informalidad las ha fomentado el propio gobierno. No significa estar en la formalidad solo porque la persona pague impuestos, porque puede estar laborando por honorarios sin recibir prestaciones, es decir, paga impuestos, sin tener éstas; tampoco solamente porque se le registre en el IMSS. Una cosa es que tenga el derecho al servicio y otro que lo pueda ejercer.

Por los mismos problemas del servicio médico, insuficiencia, saturación, las personas tienen que buscar una opción pagando un servicio particular, porque si se espera a ser atendido en el IMSS o el ISSSTE, se muere”.

Por separado, la maestra Yolanda Daniel Chichil, especialista en el sistema de seguridad social, explicó que al ejecutarse las reformas a la seguridad social “se pensó que iban a abatir los niveles de informalidad, pero lejos de abatirla la han mantenido, si no es que la han incrementado. Y este gran número de personas que hoy subsiste en la informalidad no solo tiene necesidad de asegurar un ingreso en el futuro con una pensión, sino necesidades presentes, como son los servicios de salud.

“Hay una tendencia a responsabilizar a las personas de su ingreso presente y futuro, y también se plantea que cada uno es responsable de mantener y recuperar su salud con sus propios recursos. ¿Entonces, cuál es la responsabilidad del Estado? El modelo económico responsabiliza al individuo, pero en el mundo se están dando claras muestras de que éste no es el camino. Las personas por sí solas no pueden con todo”, dijo a este semanario la investigadora de la unidad de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco.  

Repunta el empleo informal
El crecimiento de la informalidad laboral es un fenómeno cada vez más complejo y hoy recibe el nombre internacional de “subsistema laboral”, o “sector no estructurado”, mismo que es considerado por diversos investigadores como una contradicción, pues se trata de una consecuencia directa del mismo desarrollo del modelo económico neoliberal, cuyo instrumento central es la creación de mercados libres, a la par de una disminución radical del papel del Estado en los ámbitos económico y social.

Apenas 13 años después de la instalación del modelo económico neoliberal en 1982 la informalidad laboral en México se ubicaba en el “máximo histórico” de ocho millones 600 mil personas en 1995 y en 2003 llegó a 10 millones 800 mil.

En el análisis Economía Informal: Evolución reciente y perspectivas, elaborado por Sara Ochoa León, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, se dice: “(…) La ocupación en el sector no estructurado aumentó de 8.6 millones de personas en 1995 a 10.8 millones en el año 2003, el incremento total en el periodo ascendió a 2.1 millones, con lo que se incorporaron anualmente un promedio de 268 mil personas a dicha ocupación (…)”.

En 2011 el Inegi reportó una nueva “cifra histórica” de informalidad al señalar que 14 millones 21 mil 779 mexicanos trabajaban en ese subsector económico. El 11 de diciembre de 2012 el Inegi informó haber usado el formato de medición para este fenómeno recomendado por la OIT, antes rechazado por el gobierno mexicano. El resultado de esta aplicación fue que en realidad no había 14 millones 21 mil 779 trabajadores informales, sino más del doble: 29 millones 300 mil, y que estos casi 30 millones representaban el 60.1 por ciento del total de integrantes de la PEA, formada por 50.7 millones de personas en ese momento.

Este esquema de cálculo incluso se menciona en el reporte 204/2017, del 16 de mayo de 2017, sobre los resultados de la ENOE del primer trimestre de este año: “(…) El empleo informal, o medición ampliada de informalidad, añade a la definición de trabajo informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social. Así, la medición de la ocupación en el sector informal se considera el punto de partida y un componente del cálculo de una medida más amplia: el empleo informal (…)”.

Datos oficiales maquillados
Con dos tercios de los trabajadores laborando en la informalidad, la actual administración federal (2012-2018) lanzó en 2013 un plan de “formalización laboral”, promoviendo incentivos fiscales para que los patrones inscribieran a sus trabajadores al IMSS. Desde entonces, tanto el presidente Enrique Peña Nieto como su secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, han insistido en destacar que la informalidad laboral se está reduciendo y su dato más actual es que la disminución ha sido del tres por ciento en cuatro años, es decir entre 2013 y 2017.

En apoyo de esa versión, el Inegi informó en su reporte trimestral de la ENOE en mayo pasado que el índice de informalidad ha bajado del 60.1 por ciento en 2012 al 57.2 por ciento en 2017, lo cual representó, de cualquier forma, un aumento de 0.3 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2017 con respecto al último trimestre de 2016.

Un aspecto destacable es que si cambia la base medida, el índice del 57.2 del año 2012 no resulta el mismo 57.2 en el año 2017. Los cálculos de 2012 se hicieron con base en una PEA de 50.7 millones y una población general estimada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 116.9 millones de personas. En 2017 la PEA es de 53.6 millones de trabajadores y la población, según la proyección del Conapo, es de 123.5 millones de mexicanos en total. La población es dinámica, crece, no es estática.

Los indicadores de la PEA del Inegi en mayo de 2017 computaban a 53 millones 600 mil trabajadores activos. En su reporte de la ENOE correspondiente al primer trimestre de 2017 reportó un índice de informalidad del 57.2 por ciento. Si se aplica este porcentaje a los 53 millones 600 mil de la PEA el resultado es 30 millones 659 mil personas. Sin embargo, el Inegi solo habló de 29 millones 700 mil personas con trabajos informales. De cualquier manera, la cantidad de trabajadores informales no se ha reducido en el tres por ciento que se dice, porque en 2012 se reportaron 29 millones 300 mil trabajadores en la informalidad.

Además, la PEA de 2012 era de 50.7 millones y el porcentaje de informalidad era del 60.1 por ciento. Si se hace el mismo cálculo, resulta que no había 29 millones 300 mil trabajadores, sino 30 millones 470 mil. Lo cual significa, en todo caso, que proclamar una reducción en un porcentaje del tres por ciento, como el mencionado, serviría para mantener constante la cifra de 30 millones de trabajadores informales, como si la población general y la PEA no hubieran crecido de 2012 a la fecha. 

Población sin seguridad social
Otros indicadores muestran a su vez que no parece estar aumentando significativamente la afiliación de trabajadores al IMSS a través de la formalización del empleo. El 13 de junio de 2016, al participar en el seminario Retiro y Salud 2016, organizado por la Asociación Mexicana de Actuarios y Consultores A.C., Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que el 75 por ciento de la población carece de seguridad social. “Solo una tercera parte de la población mexicana cuenta con una cobertura social contributiva, el ahorro en México es insuficiente. Estamos a tiempo de cambiar el escenario, de lo contrario, se incrementarán los índices de pobreza e informalidad”.

Dos años antes, en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, el Consejo Nacional Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indicaba que el 61.2 por ciento de la población carecía de seguridad social.

El 17 de febrero de 2017, el Inegi publicó un reporte a propósito del Día Internacional de la Justicia Social en el cual indicó que dos de cada tres trabajadores carecen de seguridad social. Específicamente reveló que 32.5 millones de integrantes de población ocupada, equivalentes al 62.5 por ciento de la PEA, carece de esta prestación social y solamente 19.2 millones (del total de 53.6 millones de personas económicamente activas) eran derechohabientes de alguna institución como el IMSS. Además, que la mitad de la PEA obtenía dos salarios mínimos equivalentes a 160 pesos diarios. 

Amplio y complejo problema
El trabajo independiente, los oficios artesanales y el comercio en las calles no representan específicamente la informalidad laboral, ya que ésta se configura con base en un problema de mayor complejidad ocasionado por la introducción del modelo económico neoliberal en el país, de acuerdo con diversos especialistas de la OIT que han investigado este problema en países subdesarrollados como México, al cual ahora denominan “empleo no estructurado” o trabajo en el “sector no estructurado”. 

El análisis Economía Informal: Evolución reciente y perspectivas, elaborado por Sara Ochoa León, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, señala en las páginas 5 y 12: “(…) generalmente la economía informal se asocia al ambulantaje y a sus efectos negativos para el comercio establecido, la recaudación fiscal y el comercio interno.

Sin embargo, es un fenómeno mucho más complejo con incidencia en actividades económicas muy diversas como la industria manufacturera, el comercio y los servicios y con una gran heterogeneidad de los agentes involucrados; por ejemplo, en las formas que adquieren las actividades que ejercen y en sus niveles de ingreso (…) el empleo informal puede incluir los trabajadores por su cuenta, en empresas informales, trabajadores casuales sin empleo fijo, trabajadores domésticos remunerados, trabajadores a tiempo parcial, no registrados y empleadores de empresas informales (…)”.

Opción de sobrevivencia
Actualmente dos tercios de la PEA mexicana trabajan en la informalidad y aunque es un fenómeno nacional, los mayores índices se ubican en la mitad centro sur del país, donde se localizan los estados más pobres como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esta última entidad es, por cierto, la número uno en informalidad con el 82 por ciento de sus trabajadores laborando en esas condiciones.

En la página 5 del documento Economía Informal: Evolución reciente y perspectivas, se afirma que la “(…) economía informal genera también ciertos efectos positivos; uno de ellos está relacionado con la posibilidad de obtener ingresos para los sectores más pobres de la población (…) sin embargo, dada su permanencia en la pobreza, la economía informal es más una opción de sobrevivencia que de superación de la pobreza (…)”.

En la página 6 se dice asimismo que la “(…) economía informal se considera como una alternativa para obtener ingresos, sobre todo para la población más pobre y con menores posibilidades de integrarse al sector formal de la economía. Según el Inegi, el subsector informal de México ha sido una alternativa de generación de un mayor ingreso familiar y/o una forma de compensar un estatus de desempleo, entre otros fines (…)”.

Neoliberalismo: desempleo e informalidad
Investigaciones académicas sobre el tema coinciden en que la informalidad laboral es una creación del modelo económico neoliberal –implantado en México a partir de 1982 por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a raíz de la crisis financiero de ese mismo año– y por tanto una de sus contradicciones, aseveran por un lado John Saxe Fernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en su trabajo La Subordinación en la Etapa Neoliberal, cuarta parte, referente al gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), y por otro Eduardo Margain en su libro El Tratado de Libre Comercio y la Crisis del Neoliberalismo Mexicano, editado en 1995 por el Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM.

Javier García Aguilar, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirma que el desempleo y su fenómeno asociado, la informalidad laboral, fueron las primeras consecuencias sociales de la puesta en marcha de este modelo en el primer sexenio neoliberal encabezado De la Madrid Hurtado (1982-1988).

En la ponencia Las políticas de empleo y población informal en México durante la modernización económica, presentada por García Aguilar durante el Cuarto Congreso Nacional de Estudios del Trabajo en 2003, señala.  “(…) en la década de los ochenta, buena parte de los países y gobiernos iniciaron una reestructuración o modernización económica,

El grueso de los gobiernos abandonó el esquema de la economía cerrada o protegida, y han dado pasos acelerados para tener economías abiertas y orientadas a la producción para el mercado mundial.

El cambio de modelo o de la política económica ha tenido costos sociales amplios y profundos (…) la política económica propuesta y denominada liberal no ha encontrado fórmulas para el crecimiento económico. La población ha crecido de manera natural.

Por su parte, la población asalariada, con empleo fijo y prestaciones sociales viene descendiendo. Enseguida, la población informal crece de manera acelerada y se convierte en un problema sin resolver (…)”.

García dice que en el gobierno de De la Madrid se evidenciaron las contradicciones de este modelo económico enfocado a la acumulación de riqueza particular por encima de toda consecuencia social. “(…) En el periodo 1982-1988 el crecimiento del PIB fue cero.

El desempleo se multiplicó, tanto por los despidos como por la falta de nuevas empresas o industrias; también se incrementó por el crecimiento natural, explosivo, de la población que llegaba a los 18 años, la edad legal y plena para contratarse libremente en el mercado de trabajo. A partir de este sexenio, el desempleo se convirtió en un problema gigante. Las cifras sobre el desempleo total y la economía informal crecieron rápidamente (…) En 1988 (…) el desempleo llegaba a seis millones de mexicanos (…)”.

En Subordinación en la Etapa Neoliberal Saxe Fernández dice: “(…) Al neoliberalismo hay que entenderlo como lo que es, una política económica de índole capitalista tardía, programada para consolidar el dominio transnacional propio del capital monopolista; así, capitalismo imperialista que incide en las Naciones del Sur sometiéndolas de manera progresiva a la implementación de medidas contraccionistas, favoreciendo al gran capital nacional y transnacional en detrimento de la economía popular, empleando la crisis, el shock causado, para emplear medidas que ahondan más el deterioro social en beneficio de la recuperación de la ganancia capitalista (…).

“(…) Fieles al dogma neoliberal-monetarista de que los salarios y el gasto público son inflacionarios; la crisis se combate deprimiendo la economía (la auténtica). Sin que la inflación fuese contenida, puesto que las empresas monopolistas incrementan sus precios para mantener sus ganancias a flote, tal y como lo suelen realizar cuando están en dificultades, trasladando a los precios de sus productos los costos y algo más, por aquello de la plusvalía y las ganancias netas (…)”.

En abono a lo expuesto por Javier García, en la actualidad existen dos millones de desempleados, aproximadamente 700 mil menos que hace cuatro años, según datos del Inegi, es decir, la tasa de más del cuatro por ciento se ha reducido al 3.6 por ciento del total de trabajadores (de la PEA), mientras que el 57.2 por ciento labora en la informalidad.

Con estos números resulta evidente que el empleo informal matiza el desempleo. En el mercado libre, las personas buscan una forma de obtener recursos para sobrevivir y/o incrementar sus ingresos familiares, ya sea de manera independiente y/o aceptando labores sin prestaciones sociales, bajos salarios y condiciones laborales precarias.