REPORTAJE MICHOACÁN

Deficiencias en los servicios de salud en SLP

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Erika Herrera

El pasado dos de enero, Emanuel Herrera Martínez, de apenas11 años, fue trasladado del Centro de Salud del municipio de Villa de Reyes al Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, donde se le practicó una intervención quirúrgica de emergencia por apendicitis durante la que sufrió un paro cardiaco; tres semanas después despertó paralítico, seminconsciente, sin comer por propia cuenta y con una sonda que lo provee de oxígeno.

Los familiares de Emanuel, indignados por la situación médica de su paciente, solicitaron una explicación al jefe de pediatría del hospital y al no recibirla interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed), donde en principio les dijeron que el estado actual del menor pudo deberse a la aplicación equívoca de la anestesia o a un procedimiento médico del que posiblemente deriven sanciones una que vez concluyan las investigaciones.

Tres semanas después, el 27 de enero, ocurrió otra negligencia médica en el mismo nosocomio, cuando una mujer de 85 años, que presentaba un cuadro de insuficiencia hepática, murió cuando llevaba más de cinco horas esperando ser atendida en el área de urgencias. El doctor Emmanuel Dávalos Aguilar, subdirector del nosocomio, argumentó que ese día “la atención a los pacientes se extendió en forma atípica” porque el hospital tuvo una saturación del 300 por ciento.

“Se ha resguardado el expediente clínico de la paciente por cuestiones de seguridad, en tanto se revisa el caso, además se notificó a la Coesamed para que analice el hecho dentro del ámbito de su competencia, todo esto para esclarecer la muerte de la mujer y si hubo deficiencias u omisiones en la atención médica”, anunció la Secretaria de Salud (SS), que asimismo indicó que se revisará el caso y los protocolos de atención que se aplicaron con esa paciente.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación de oficio para verificar si el trágico incidente se debió a una negativa de atención médica o a una falta de atención oportuna propiciada por el alto volumen de pacientes adicionales que el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez está recibiendo del área de urgencias del Hospital Central Ignacio Morones Prieto (HCIMP), que se ha declarado en severa crisis financiera.

En efecto, este nosocomio está negando atención a pacientes afiliados al Seguro Popular (SP), a quienes está  enviando a otros centros hospitalarios, incluidos particulares, con el argumento de que esta institución federal no le paga sus servicios médicos. En fecha reciente, una mujer fue operada con urgencia por una apendicitis grave y el personal administrativo del HC Morones Prieto le rechazó su póliza del SP y le exigió el pago de nueve mil pesos por la cirugía.

Hace unas semanas se presentó una denuncia pública relevante sobre el pésimo servicio médico que brinda el Hospital General de Ciudad Valles, que opera como centro médico de zona de la Huasteca Potosina, región predominantemente indígena. En este nosocomio, además de la sobresaturación, resaltan la insuficiencia de personal médico y la carencia de medicinas e insumos, como en gran parte del sistema de salud pública de San Luis Potosí.

“Los ciudadanos de los 20 municipios de la zona huasteca necesitan recibir una atención médica con calidad y calidez, es responsabilidad del Gobierno del Estado, el brindar del personal y medicamentos para garantizar una correcta atención a los ciudadanos que así lo requieran”, dijo  Xitlalic Sánchez Servín, diputada Local por el XII Distrito, con sede en Ciudad Valles, quien exhortó a la Secretaría de Salud del Gobierno estatal a que tome cartas en el asunto.

El año pasado en este hospital perdieron la vida cuatro recién nacidos en menos de un mes; dos de los pequeños padecían problemas cardiorrespiratorios y los otros dos cardiovasculares. Existe la presunción de que el deceso de los neonatos está vinculado a la presencia de una bacteria mortal que se descontroló y propagó por falta de cuidados sanitarios elementales.

A pesar de los constantes llamados de atención que se han hecho, en especial a la titular de la Secretaría de Salud potosina, Mónica Liliana Rangel Martínez, el funcionamiento del Hospital General de Ciudad Valles continúa siendo insuficiente y deficiente debido a la falta de personal médico, paramédico, medicamentos e insumos.

El Sistema de Salud en México no funciona.
La lista de negligencias y quejas por los malos servicios de salud en San Luis Potosí va en aumento de manera constante y preocupante, pues entre los pacientes crece la desesperanza y aun la convicción de que el Estado carece de la voluntad política para cumplir con su obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud de la población, en específico, de las comunidades que no cuentan con los medios para acceder a este servicio. 

La señora María de Jesús Saldaña dijo a buzos: “He sido víctima de los malos servicios de salud que predominan en nuestra entidad; la atención es mala, no hay médicos, ni mucho menos especialistas como un anestesiólogo o cirujano; existe desabasto de medicamentos; las condiciones de higiene en los Centros de Salud son malas; el trato al paciente es déspota.

Estas deficiencias provocan que el enfermo, cuando  puede, acuda a doctores particulares, lo que implica un gasto importante para las familias. El costo de la consulta y los medicamentos anda entre los 800 y los mil 200 pesos. Es urgente que se mejore de inmediato el sistema de salud”, señaló.

La respuesta de la SS potosina a estas quejas es muy similar a la que hace una semanas dio con respecto a los problemas denunciados en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez: “Se dará seguimiento y supervisión puntual a los servicios de urgencias de los hospitales, la atención al paciente y las condiciones en las que se encuentran los nosocomios, en este caso de sobredemanda excesiva del Hospital de Soledad en las últimas semanas y se tomarán medidas a fin de que la cobertura sea la adecuada”.

Federico Ángel Badillo Anguiano, titular de la Coesamed en San Luis Potosí, informó que en 2016 las denuncias de negligencias médicas crecieron el 24 por ciento al pasar de 70 a 86 con relación a las de 2015; las más numerosas implicaron a clínicas particulares; el segundo lo ocupó Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el tercero la SS local y el cuatro el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El problema más recurrente es la espera prolongada en la prestación de los servicios, a causa de la falta de personal médico, especialistas, estudios de laboratorio, medicinas y trato burocrático inadecuado.

El licenciado Jalil Chalita Zarur, empresario potosino, dio su opinión al respecto: “Existe desabasto de medicamentos, doctores, enfermeras y camas para atender a la totalidad de la población. En contraparte, hay subdirectores y directores de los subsistemas de salud que tienen hasta dos choferes y seguro de gastos médicos para hospitales privados”.

Ante la crisis que los hospitales públicos de San Luis Potosí, entre ellos el Hospital Central, Dr. Ignacio Morones Prieto, comentó que este problema no solo es económico sino técnico administrativo, porque hay un manejo inadecuado de los recursos: “Una repartición desigual que deja en desventaja al paciente que en el mejor de los casos, debe esperar hasta tres horas para agendar una cita y, si tiene un poco de suerte, obtener una atención que no comprometa más su salud y no termine en una negligencia médica”.

Chalita Zarur resaltó que los problemas de saturación, falta de personal médico y desabasto de medicinas, causales de la mala de la calidad de los servicios médicos, son a su vez efecto de una causa mayor: la falta de interés de los gobiernos para cumplir con su obligación de garantizar la salud de los mexicanos: 

“Se olvidaron de resolver problemas de fondo como la mejora en las instalaciones médicas, abasto de medicinas, mayores insumos y subir las percepciones salariales para el personal de salud. Las pruebas saltan a la vista y cada día son numerosas las denuncias de atención deficiente en las unidades y hospitales del sector público”, finalizó.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2016 dice que la inversión pública en el Sistema de Salud de México aumentó del 2.4 por ciento al 3.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) entre 2003 y 2013. Sin embargo, el análisis de la propia OCDE pone en duda el destino final de estos recursos, ya que el 10 por ciento del presupuesto del sistema de salud mexicano es absorbido por los gastos administrativos, el monto más alto entre los países de esa organización internacional. 

La deficiente atención médica del sector público y los altos costos de la medicina privada, dice también la OCDE, han contribuido a que la brecha en la esperanza de vida de México y la de las otras naciones de esta misma organización se haya ampliado de cuatro a seis años en la última década. El citado estudio concluye con una serie de recomendaciones para mejorar la estructura y la organización del sistema de salud mexicano a fin de hacerlo más sólido, justo y sostenible. 

Su reto fundamental, dice, está en que la atención de la salud se proporciona a través de un conglomerado de subsistemas desarticulados entre sí. Cada subsistema ofrece diferentes niveles de atención, a precios distintos y con diferentes resultados. El acceso a cada subsistema está determinado por la condición laboral. Los individuos asalariados en el sector privado (y sus familias) están afiliados a un paquete de beneficios y a un conjunto de prestadores que pertenecen al IMSS.

Sin embargo, si éstos pierden su empleo, entonces probablemente tendrán que afiliarse al Seguro Popular, con un paquete diferente y un grupo de prestadores distinto. Si después hallan trabajo en el gobierno federal, entonces serían afiliados al ISSSTE que tiene un paquete y prestaciones diferentes. El tránsito por estos subsistemas, cada uno con múltiples requerimientos burocráticos, impiden la continuidad y la eficiencia sanitaria del Sistema de Salud mexicano.

Datos preocupantes.
México cuenta con 2.2 médicos practicantes y 2.6 enfermeras practicantes por cada mil habitantes, mucho menos que el promedio de la OCDE, el cual es de 3.3 y 9.1 respectivamente. La densidad de camas también es muy baja, pues en 2013 apenas contaba con 1.6 camas por cada mil habitantes, tres veces menos con las 4.8 camas por cada mil habitantes del promedio internacional de los países que integran la OCDE.

Además, el financiamiento efectivo no es equitativo entre los subsistemas de salud. A pesar de que el gasto per capita total es ahora muy similar para personas con y sin seguridad social (tres mil 429 pesos per capita para aquellos sin seguridad social en 2013, comparado con  mil 505 para los afiliados del IMSS y tres mil 945 para los afiliados del ISSSTE), las diferencias en los derechos persisten, lo que implica algunas enfermedades comunes y devastadoras.

Por ejemplo, el Seguro Popular no cubre los infartos cardiacos en los mayores de 60 años, los accidentes cerebrovasculares, la diálisis después de la insuficiencia renal, la esclerosis múltiple y el cáncer de pulmón. También son evidentes algunas diferencias en el acceso; por ejemplo, el número de consultas ambulatorias especializadas es de 319 por cada mil afiliados en el Seguro Popular, comparado con los 338 y las 620 por cada mil afiliados en el IMSS y en el ISSSTE, respectivamente.

Si bien algunas de estas diferencias pueden reflejar una necesidad desigual, otras no pueden justificarse de esta manera. El número de recetas médicas prescritas que no se surtieron por completo debido a la falta de inventario se ubicó en el 33 por ciento en el Seguro Popular, comparado con el 14 por ciento del IMSS de acuerdo con datos de encuestas (aunque las cifras propias de las instituciones de seguridad social sugieren tasas más altas de recetas surtidas). 

En comparación con el gasto público de otros países de la OCDE, el de México es bajo, pues apenas representa el 3.2 por ciento del PIB, el cual es muy inferior al de cualquiera de los otros países de la OCDE. Los niveles actuales de financiamiento público son claramente inadecuados – como evidencian las tasas inigualables de gasto de bolsillo que realizan los mexicanos para cubrir sus necesidades de atención médica.

Se debe buscar un financiamiento público más generoso para el sistema de salud a fin de prestar servicios de salud modernos y accesibles a los ciudadanos que lo demanden. Para asegurar que el incremento de los recursos no se desperdicie y se traduzca en mejores resultados, debe priorizarse al mismo tiempo una mayor eficiencia en el sistema de salud.