REPORTAJE SAN LUIS POTOSÍ

Comerciantes ambulantes en la incertidumbre y el desamparo ante la amenaza de  reubicación

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Erika Herrera

El gobierno municipal de San Luis Potosí, que preside el perredista Ricardo Gallardo Juárez (2015-2018), intenta repetir  la misma “hazaña” que en 1993 realizó el panista Mario Leal Campos: desalojar del Centro Histórico a centenares de comerciantes ambulantes a fin de dar satisfacción al comercio establecido y evitar que aquéllos sigan “afeando y ensuciando” esta área de la capital potosina.

Al supuesto alcalde “izquierdista” no le importa que los ambulantes y sus familiares –todos de condición muy humilde- vayan al desempleo abierto y a la incertidumbre socioeconómica absoluta porque los “mercados” donde pretende reubicarlos son un área integrada con edificios en ruinas, con techos de lámina, pésimos servicios de electricidad y un sistema de drenaje colapsado que irradia fétidos olores en todo su entorno.

De hecho se trata de algunos de los mismos lugares donde hace casi un cuarto de siglo el ex alcalde panista y el entonces gobernador priista de San Luis Potosí, Horacio Sánchez Unzueta –hoy presidente del Consejo Consultivo del Centro Histórico– confinaron a los ambulantes de aquella época a perder sus escasos patrimonios y a endeudarse para adquirir áreas “formales” en los improvisados mercados Tomás Vargas, Pulga de Allende, Anáhuac y San Luis 400.

Pese a esta lamentable experiencia, y al hecho inocultable de que en la capital potosina el 59 por ciento de los trabajadores son autoempleados, Gallardo Juárez ha emprendido una feroz e inhumana campaña de hostigamiento policial cuyo único objetivo es quedar bien ante la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y los miembros de “Nuestro Centro”, una agrupación civil que se reivindica como heredera única del Centro Histórico potosino.

Investigadores de distintas disciplinas sociales consultados por buzos consideran que el combate despiadado a la informalidad en la capital potosina no solo contraviene flagrantemente el derecho al trabajo que consagra la Constitución de 1917, sino que además carece de lógica política y económica, como lo testimonian el fracaso de la reubicación de 1993 y la dinámica cansina de la economía actual de México, que solo hasta 2050 podría acotar el autoempleo en el supuesto que funcionen las reformas estructurales.

Desmemoria, amedrentamiento, injusticia…
Doña Socorro Zaragoza Galicia, quien se dedica al comercio ambulante desde hace más de 30 años, lamenta particularmente que tanto las autoridades municipales como las estatales de San Luis Potosí no se compadezcan de la situación de los comerciantes informales y, sobre todo, que hayan olvidado tan rápido lo que pasó con la fallida reubicación de 1993, que ahora debería servirles de enseñanza para no volver a repetir la historia.

En ese año –cuenta Doña Socorro– “nos reasentaron a cientos de vendedores en espacios no funcionales; en terrenos baldíos sin estructuras, con piso de grava, sin servicios básicos.

Las familias amedrentadas y sin otra opción ocuparon el lugar; invirtieron para construir un local con la esperanza de ver resultados favorables para su sustento. Sin embargo, solo fue un engaño más y los compromisos que hizo el exgobernador Horacio Sánchez Unzueta, quedaron en el olvido, pues no rehabilitó los espacios ni se realizaron los accesos al mercado Tomás Vargas, lo que provocó que los comerciantes se encontraran en una fuerte crisis económica, obligándonos a salir de los ‘mercados’ para instalarnos nuevamente en las calles”.

Por eso, añadió, después de dos décadas esos lugares quedaron abandonados, ya que además de no contar con la infraestructura adecuada para el comercio formal, no resultaron rentables porque no se hallan en un área urbana donde haya la suficiente circulación ciudadana. Esos supuestos mercados –enfatizó doña Socorro– representan un riesgo físico “para nosotros y la población, pues su techado es inestable y el drenaje inservible representa un importante foco de infección”.

La comerciante denunció que el alcalde perredista desató la persecución contra los ambulantes en noviembre de 2015, cuando más de 100 elementos de la policía municipal e inspectores de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento intentaron retirar, mediante la fuerza, las estructuras, tenderetes y carretones ubicados en el Eje Vial y las avenidas Reforma, Damián Carmona, Insurgentes y Pedro Montoya. Las agresiones de los uniformados fueron físicas y verbales, y todos los afectados lograron resistir.

A consecuencia de este ataque, días después, más de 45 organizaciones de comerciantes ambulantes (entre ellos el grupo de Abastos, U.C.O.F.Y.S., Ruta 4, Comerciantes Antorchistas, Tianguis El Rebote A.C., Federación Estatal de Tianguistas y Comerciantes, Ruta 1, CMAP, Unión de Globeros, MRP, FECOPE, Unión de Tianguistas Ruta 9, Asociación Potosina de Tianguistas AC, Organización Única de Comerciantes de las Vías, ULCEM A.C., Eventos Especiales, Puestos Semifijos, Comerciantes Tianguistas del Santuario, Tianguistas del PRI, Unión de Tianguistas Ruta 13) se organizaron en diferentes puntos de la ciudad para dirigirse al Palacio municipal, con el objetivo de exigir al gobierno de Gallardo Juárez que detuviera el hostigamiento y la violación a sus derechos laborales.

La orden de desalojo fue ejecutada por Dolores Eliza García Román, titular de Comercio Municipal, quien de la mano con otros integrantes del Ayuntamiento potosino prepara un nuevo intento de reubicación contra los comerciantes ambulantes de otras calles del propio Centro Histórico y otras áreas de la ciudad, entre ellas la Alameda Juan Sarabia  y el baldío denominado Tepeché, ubicado en una de las zonas más peligrosas del estado, ya que en enero de este año reportó un alza del 195 por ciento en su índice delictivo, según el Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado.

Las organizaciones de comerciantes informales, sin embargo, consideran que difícilmente este nuevo plan de desalojo violento vaya a darse, porque todos los trabajadores en esta misma situación están ahora unificados y rechazan terminantemente su reubicación, toda vez que los edificios en los quieren confinarlos son los mismos “elefantes blancos” que en el pasado inmediato fracasaron como mercados porque la concurrencia de clientes es nula y las instalaciones son absolutamente inadecuadas. Por ello y “para no morirse de hambre, los comerciantes de antes regresaron a sus puestos en las calles”. 

Pese a la resistencia de estos trabajadores, las autoridades continúan ejerciendo presión permanente, de toda índole, mediante la aplicación de altas cuotas de multas, ataques verbales de inspectores de la Dirección de Comercio, intimidaciones de policías armados, confiscaciones de mercancías y herramientas e incluso con advertencias específicas como la que recientemente se hizo a los comerciantes adheridos a la organización social Antorcha Campesina, en el sentido de que ellos no están contemplados para ser instalados en ninguno de los espacios citados, porque sólo tendrán cabida en los inhabitables “mercados” Tomas Vargas y Allende, “lo cual es una clara muestra de represión y discriminación”, denunció su dirigente.

Todas estas acciones represivas anticonstitucionales se han realizado a través de empleados municipales menores, policías, inspectores, etc., sin que las autoridades de mayor jerarquía den la cara. “Hasta ahora nadie ha dialogado con los comerciantes y no estamos de acuerdo con esta norma que se nos quiere imponer”, dijo Eduardo Martínez Garfias, vocero de la Coalición de Organizaciones en Defensa del Comercio (Codeco), quien denunció que los funcionarios municipales han actuado contra ellos ejerciendo todo tipo de mecanismos de  represión.

“Lo único que los comerciantes pedimos es respeto a nuestro espacio de trabajo. El comercio informal le dio vida al Mercado Hidalgo, al Mercado República, y a otros tantos mercados de la ciudad, incluso a los centros comerciales; pero fue por una mera necesidad económica de sacar a las familias adelante; del comercio viven muchas familias, se educan muchos jóvenes, muchos se curan, muchos comen.

Actualmente en San Luis Potosí existen más de 16 mil familias que dependen de manera directa del comercio ambulante y 40 mil de manera indirecta. Los empleos en el estado son mal pagados y el salario que ofrecen no alcanza para solventar los gastos en alimentos, vivienda, transporte, salud y educación”, dijo.

“Sin mediar diálogo ni propuesta alguna para los comerciantes, el gobierno municipal de Ricardo Gallardo ha intentado desalojar a los vendedores ambulantes, con el apoyo de los establecidos, culpándonos de la falta de aseo e higiene, de afear el Centro Histórico y otros adjetivos que nos denigran como trabajadores”, finalizó el dirigente.

Juan Antonio Rodríguez Chessani, presidente de la Unión de Comerciantes del Tianguis del Rebote, declaró por su parte que “a este gobierno no le importa nuestro derecho al trabajo, ni que paguemos impuestos, ni mucho menos el desamparo en que podrían quedar nuestras familias; se está violando el derecho al trabajo y a la libre organización, garantías establecidas en la Ley Fundamental, y para debilitar la capacidad de protesta de las agrupaciones de comerciantes. No queremos otra reubicación ni más injusticias para los comerciantes ambulantes.

“No somos partidarios de la confrontación violenta, pues nuestro estado merece paz y tranquilidad; nosotros, los representantes de miles de familias potosinas del comercio ambulante, tenemos seres queridos a los que amamos y protegemos; por lo tanto hacemos un fraterno llamado a todas las organizaciones y al pueblo a unirse en defensa del comercio ambulante, a solidarizarse por la defensa de los espacios que hemos trabajado durante años y años de ejercicio legal de nuestra actividad lícita y que consiste en el derecho que tenemos todos los mexicanos, sin distinción alguna, a ganarnos el pan para nuestros hijos”, resaltó.

El representante de los trabajadores informales recordó que el Artículo 123 de la Constitución establece claramente que toda persona en México tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y que para tal efecto las autoridades deberán promover la creación de empleos y la organización social para el trabajo.

Juan Acosta Gallegos, quien se dedica al comercio informal desde 1982, comentó a buzos: “Esta reubicación nos afectaría demasiado, de por sí las ventas han bajado. Las instalaciones se encuentran en pésimas condiciones, nos arruinarían, nosotros aseamos nuestro espacio de trabajo; no tenemos por qué irnos, ya son muchos años que estamos en esta zona (Centro Histórico). Las autoridades no quieren diálogo, han tomado decisiones omitiendo la opinión de los comerciantes”.

“¿Cuánto están pagando en la zona industrial? No hay empleos con salarios dignos, por eso les decimos: ¿Quieren ordenar la ciudad? ¿Quieren ordenar el comercio ambulante? Ordenen primero el caos que tienen en nuestro país, las desigualdades, la corrupción, la pobreza”.

Acosta Gallegos, quien antes de emplearse como trabajador informal fue estudiante de preparatoria,  denunció que el salario mínimo general de 80 pesos es insuficiente para satisfacer la canasta básica; que San Luis Potosí se ubica en el quinto peor sitio laboral con apenas el 53.5 por ciento de su población económica activa (PEA) en empleo y que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), situó a México como el único país con el salario mínimo inferior al umbral de la pobreza, ya que 14 por ciento de los empleados reciben un ingreso menor a esta cuota.

La reubicación no es la solución.
Juan Carlos Méndez Ferrer, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), dijo que “el problema del ambulantaje en México, y por ende en la capital potosina, es un hecho histórico que detonó exponencialmente a partir de los años 80 del siglo pasado y su posible solución podría hallarse hasta el año 2050, cuando las reformas estructurales se concreten”.

El especialista dijo que la informalidad en México repuntó en las calles de las grandes ciudades del país porque la economía nacional no es sana, no está equilibrada ni cuenta con la capacidad necesaria para generar espacios laborales suficientes y salarios adecuados.

“Mantener una política de reubicación de ambulantes no es la solución; las autoridades han mostrado ineficiencia en el caso, pues los empleos no son bien remunerados y las personas deben buscar otra forma de ingresos.

Las oportunidades laborales del sector productivo no alcanzan para quienes se insertan en la economía formal. Cuando discutimos el comercio ambulante tenemos que ver el problema mucho más amplio; es decir, la economía mexicana es deficiente porque no está generando la suficiente inversión, las suficientes oportunidades de empleo para toda aquella gente que se incorpora al campo laboral”, resaltó.

El exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí, profesor con 36 años de labor académica y doctor en historia y antropología, Joaquín Muñoz Mendoza, comentó al respecto: “El ambulantaje es un problema económico, político y social; los ambulantes no están por su gusto en las calles ofreciendo sus productos; desgraciadamente, las autoridades crean conflictos casi sistemáticamente para atacarlos y ordenar las reubicaciones.

“Creo que el problema real del ambulantaje es que no existen espacios dignos para que la gente se dedique a vender; se necesita un espacio eficiente de comercio que coadyuve también a darle un toque folclórico al Centro Histórico: normar elementos de diseño, equipamiento urbano, para que los comerciantes trabajen de una forma digna. Es urgente que el gobierno atienda esta situación, pues cada cambio de administración es lo mismo: atacan a las familias que se dedican al comercio ambulante sin darles opciones.

“No toman en cuenta que en esta actividad miles de familias potosinas encuentran una oportunidad para salir adelante, ya que genera empleos. Querer acabar con el comercio ambulante sería un golpe doblemente duro a las familias que dependen de esta actividad. Se necesitan soluciones que generen empleos bien pagados y den espacios dignos y factibles a los comerciantes ambulantes”, finalizó.