ARGOS

La distribución funcional del ingreso
y el crecimiento económico

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Gladis Eunice Mejía Solís

La distribución funcional del ingreso, llamada también primaria, es la manera como los factores productivos, que son el trabajo y el capital, se apropian de la riqueza que se genera en los países.

Representa la primera distribución del ingreso que se da a partir de terminado el proceso productivo, entre salarios, rentas y beneficios o, más específicamente,  entre los ingresos laborales y  las ganancias del capital.

Los economistas clásicos le habían dado la merecida importancia y David Ricardo incluso afirmó: “El problema principal de la economía política consiste en descubrir las leyes que determinan la distribución” del producto nacional entre clases. Sin embargo, con el nacimiento de la teoría marginalista y su conversión en la teoría dominante, la distribución funcional de la renta pasó a segundo plano.

De acuerdo con esta teoría, el crecimiento económico solo se logra a través de la eficiencia del mercado,  donde cada agente económico (individuos atomizados, no clases sociales) busca su propio interés y las inversiones de las empresas son las que llanamente hacen crecer a la economía.

Siguiendo fielmente estos principios, el modelo económico mexicano ha privilegiado la inversión privada como el único medio para obtener crecimiento, sin tomar en cuenta el efecto que tienen los salarios como estimulantes de la demanda agregada nacional.

Desde la implementación del modelo neoliberal, la participación de los salarios en el producto interno bruto (PIB) ha disminuido considerablemente.

De cerca del 37 por ciento del PIB que alcanzaron en 1978 –su año de nivel máximo– en 1988 redujeron su participación al 30 por ciento del PIB y en 2015 cayeron a solo el 27 por ciento. Estamos hablando de una caída de 10 puntos porcentuales  durante la era neoliberal, periodo en el que además la población económicamente activa (PEA) creció y el país ahora cuenta con muchos más trabajadores que hace 30 años. Pese a ello, el salario global de todos éstos ha disminuido.

Estas cifras de México contrastan no únicamente con las de los países desarrollados, donde los salarios aportan más del 50 por ciento del PIB, sino también con las de otras naciones de América Latina que hasta hace poco tiempo habían seguido una política económica distinta.

En Argentina, por ejemplo, los salarios representan el 40 por ciento del PIB; en Brasil cerca del 45 por ciento y en Ecuador el 35 por ciento.

El socavón en el ingreso de los trabajadores mexicanos, que tiene niveles de hambre, se logró mediante la connivencia de los empresarios y el Gobierno Federal, cuyos dirigentes se sometieron a una serie de “recetas” dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), cuyas principales directrices estuvieron abocadas a desregular la economía con respecto al Estado, a privatizar bienes públicos, a atacar frontalmente cualquier forma de organización popular, a exentar de impuestos a las grandes empresas y a promover altos niveles de desempleo.

¿A dónde va el otro 73 por ciento del ingreso nacional que se genera en México? No hay otra respuesta más que la siguiente: a las ganancias de los empresarios quienes, sin embargo, no se han preocupado por reinvertir sus rendimientos en la creación de más empresas ni empleos para impulsar el crecimiento de la economía nacional.

Por el contrario, desde la implementación del modelo neoliberal, desde 1980 el PIB ha crecido a una tasa inferior promedio del 2.5 por ciento anual y el producto per cápita ni siquiera ha crecido al uno por ciento anual. Por ello, un aumento sustancial en los salarios estaría plenamente justificado, pues estimularía la productividad de los trabajadores y ayudaría a sanar –en parte, puesto que no es condición suficiente– la histórica debilidad estructural de México: el mercado interno.

No obstante, nada de esto es posible sin un gobierno realmente comprometido con las clases más pobres del país y con las organizaciones populares que verdaderamente están dispuestas a defender los derechos laborales y sociales del pueblo mexicano.